Este era uno de los principales reclamos ciudadanos tras una de las tragedias viales más conmocionantes de Mendoza

En once expedientes se embargaron u$s 7000 millones a empresarios y políticos. El 15% de lo que habrá que pagarle al FMI podría financiarse con la extinción de dominio. Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, Angelo Calcaterra, Hotesur, Cuadernos

Desde que el Gobierno decidió esquivar la discusión en el Congreso y firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia dando inicio a la Extinción de Dominio Civil, todos los despachos por donde transitan causas en las que se podría aplicar este sistema comenzaron a hacer números.

Ayer, el Jefe de Gabinete Marcos Peña publicó una carta en donde asegura que "actualmente hay casi $ 20.000 millones en proceso de ser recuperados, en causas penales que ya están en proceso. Pero el monto de dinero ilícito que se podría recuperar gracias a la aprobación de este mecanismo es varias veces superior".

Según un trabajo que circula en despachos oficiales al que accedió El Cronista, en las once causas por corrupción en las que tiene participación la Oficina Anticorrupción, durante el 2017 y el 2018 se realizaron embargos por 269.619.648.122 pesos lo que al cambio de ayer de $ 38 por dólar significa unos u$s 7095 millones o lo que es más o menos lo mismo, un poco menos de dos puntos del PBI de la Argentina.

Las comparaciones con escuelas y rutas sería un poco difícil entendiendo que el costo de la construcción aún sigue en alza y que el asfalto acumuló solo en 2018 un alza de 130 por ciento. Pero una equivalencia más simple es compararlo con los pagos pendientes al Fondo Monetario Internacional para devolver el stand-by u$s 57.100 millones. Aunque en 2019 y 2020 ya está asegurado el pago, no es así para los u$s 45.000 millones que habrá que cubrir en 2022 y 2023. Si el DNU pasa por el Congreso y se aprueba, los fondos de las causas de corrupción que podrían entrar en Extinción de Dominio podrían ser el 15% de ese pago.

Las cifras corresponden a los embargos de los sujetos y las sociedades implicados en las causas de la denominada Ruta del Dinero K, Río Turbio, Enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner, el caso Skanska, Los Sauces, Odebrecht-Gasoductos y Odebrecht-Aysa, Hotesur y la causa de los Cuadernos K en donde figuran desde personalidades mediáticas como Federico Elaskar y Leonardo Fariña hasta los más encumbrados empresarios de la Argentina.

En ese contexto la ex presidente Cristina Kirchner suma embargos por $ 1.780.000.000. Sus hijos, la cineasta Florencia Kirchner y el diputado Máximo Kirchner, también tienen trabados embargos por $ 250 millones y $ 300 millones, respectivamente.

El ex ministro de Planificación hoy detenido en la cárcel de Marcos Paz, Julio De Vido, también tiene bienes confiscados por la Justicia. En su caso la cifra alcanza a los $ 1500 millones.

La lista es extensa, figuran hombres fuertes de la política como el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina con su ex secretario Hugo Larraburu -ambos tiene confiscado $ 4000 millones- al igual que el CEO de Tenaris, Paolo Rocca; Alberto Padoán y Rubén Aranda; todos con los montos más altos en los Cuadernos K.

El hombre de negocios que más fondos trabados tiene es Lázaro Báez ($ 10.780 millones), quien supera los 50.000 millones si se le suman las cauciones sobre sus hijos Martín, Melina, Leandro y Luciano Báez.

El primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, también tiene un embargo por $ 400 millones en la causa de los Cuadernos K, al igual que otros empresarios de la obra pública (Aldo Roggio, Carlos Wagner, Juan Chediack, Néstor Otero, Juan Lascurain, Alberto Taselli, Alejandro Ivanissevich, Gabriel Romero, Ernesto Clarens, Enrique Pescarmona).

Pero como la incautación no es sólo a los sujetos sino también a las sociedades, también tienen retenido fondos de, entre otras, Austral Construcciones, Helvetic, Hotesur, Kank y Costilla, Odebrecht Argentina, Benito Roggio e Hijos, Supercemento, Jose Cartellone y Esuco.

Buena parte de estos fondos podrían ingresar en el modelo de extinción de dominio. Los embargos pueden tener diferentes fines: cubrir las costas del proceso, asegurar el pago de honorarios de abogados, asegurar la indemnización de las víctimas (en casos de corrupción en principio, no hay víctimas salvo el Estado). "A los efectos de extinción solo importan los montos embargados a fin de que "no se consolide el provecho del delito" (art. 23° del código penal). El problema es que los jueces embargan sin diferenciar el fin", explicó una fuente oficial.

La maniobra que encabezó Daniel Muñoz involucró 70 millones de dólares. Empresas fantasmas, compraventa de inmuebles y cuentas en el exterior.

En clave electoral, y con el foco puesto en el futuro, los mandatarios remarcaron la importancia del trabajo en "equipo". Una vez más, se hizo alusión a la corrupción previa.