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Sábado, 28 Marzo 2020 21:00

La República en cuarentena - Por Sergio Berensztein

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El andamiaje institucional de la Argentina luce totalmente limitado. Es fundamental mantener los equilibrios sobre todo porque estamos en una situación de emergencia.

 

El pasado martes, a punto de finalizar el fin de semana largo por el 24 de marzo, el gobierno -a través de la ministra de Seguridad Sabina Frederic- anunció que cada persona debía cumplir la cuarentena en el domicilio donde se encontraba cuando comenzó a tener vigencia el decreto que impuso el aislamiento y que, por lo tanto, los que se habían ido de viaje por distintos motivos no podrían volver a sus casas.

Está clara y es muy valorable la intención del gobierno por contener la expansión de la pandemia. Sin embargo, esta medida tan extrema plantea un conjunto de interrogantes. Por ejemplo, ¿qué sucede con aquellos que debían volver para realizar las actividades que el mismo decreto define como esenciales? ¿Pudieron regresar a tiempo una enfermera o el almacenero del barrio que fueron a visitar a su familia del interior? ¿Qué sucede con aquellos que no poseen un oficio “esencial” pero deben volver para cumplir con responsabilidades que de todos modos son impostergables para ellos y sus estructuras familiares? La ministra Frederic habló de “un motivo muy justificado” para poder regresar, que, dado el particular escenario, ha quedado a total discreción de las fuerzas de seguridad que controlaban las rutas. ¿Fuimos todos los ciudadanos iguales ante la ley o prevaleció una situación de discrecionalidad, incertidumbre y angustia?

Las características puntuales de las cuarentenas han variado enormemente según el país y a veces incluso la región o ciudad que se analice. En Alemania, donde sorprende la baja cantidad de víctimas fatales, es posible hacer ejercicios físicos y hasta disfrutar del aire libre en un paseo por el parque en la medida que se mantenga la distancia social. En Japón casi no se han implementado restricciones y también muestra hasta ahora guarismos por debajo de la media. Los epidemiólogos son sumamente convincentes cuando argumentan a favor de criterios inflexibles, sobre todo en entornos como el nuestro donde la infraestructura sanitaria es tan limitada.

El principal predictor del eventual número de víctimas es la cantidad de respiradores y de camas disponibles. Por eso, se busca “achatar la curva”, es decir, acompasar todo lo posible la tasa de contagio para evitar cuellos de botella. Y mientras, contra reloj, se improvisan hospitales de campaña en containers, depósitos vacíos y hasta gimnasios escolares. Se comprende, entonces, la frustración de las autoridades frente a la renuncia de muchos ciudadanos a cumplir con la normativa que en la emergencia luce más que justificada frente al avance de la pandemia.

El propósito de esta columna no es discutir la norma que impone el aislamiento obligatorio, sin duda la mejor herramienta que poseemos para contener el avance del virus, sino dejar en evidencia las contradicciones que genera este cambio en nuestro modo de vida y algunos sin sentidos que trae aparejado.

El artículo 14 de la Constitución Nacional, el basamento de nuestra República establece que todos los habitantes de la Nación tienen derecho a “a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”. Es cierto que la justicia ha ratificado la constitucionalidad del decreto que dispuso el aislamiento colectivo (decisión seguramente acertada en miras de mantener el orden social). Sin embargo, preocupa los precedentes que estamos generando en medio de esta crisis. La Constitución es muy taxativa en establecer tal derecho y, al mismo tiempo, todo hace suponer que es apropiado limitarlo dada la gravedad de esta pandemia.

¿Dónde comienzan y acaban los excesos por parte del Estado?

En las últimas horas, se conoció que el ministerio de Salud intervino la venta de respiradores fabricados en el país. La prohibición a la libre comercialización de estos equipos críticos no sólo trae aparejadas discusiones con sanatorios privados sino, también, al interior del sector público, con provincias como Mendoza.

En ambos casos, el anticipo por el pago de los respiradores ya se había realizado pero la entrega no dependerá ya del fabricante sino de la decisión que tome la cartera conducida por Ginés González García. ¿Podrá todo esto servir de antecedente para que, en el futuro, con motivos diferentes, sean implementadas medidas similares? Una de las buenas nuevas de este desastre es ver finalmente a las fuerzas armadas cooperando en tareas humanitarias. En el mismo sentido, se aprecia una revalorización de las fuerzas de seguridad.

Pero ya se han visto imágenes sumamente perturbadoras: policías armados recorriendo las callejuelas desiertas en villas. El gobierno no ha declarado el estado de sitio, pero en términos prácticos algunas libertades constitucionales han comenzado a restringirse, sin embargo, la discrecionalidad está a la orden del día: en Pilar, el intendente autorizó a pileteros y jardineros a realizar sus tareas cotidianas en los countries.

Es cierto que imperan entre nosotros comportamientos anómicos: la ley no nos inspira el mismo respeto que genera en muchas sociedades asiáticas o anglosajonas. Como decía el gran Carlos Fayt, las leyes, en la Argentina de hoy, se han transformado en un listado de sugerencias. Por lo tanto, es esperable que los funcionarios del gobierno nacional consideren que sólo exagerando las limitaciones -bajo amenaza de detención, secuestro del automóvil o una dolorosa multa- cumpliremos con lo establecido.

¿Somos “hijos del rigor”? ¿Puede que esta vez sea diferente?

Un estudio reciente realizado por D’Alessio IROL – Berensztein muestra que el 97% de la población considera que la cuarentena obligatoria es una medida adecuada y sólo el 2% la ve como exagerada. Más allá de los casos aislados de infractores testarudos que otorgan respuestas absurdas, por primera vez la gran mayoría de los argentinos dice estar a favor (¿sorprendentemente?) de cumplir con una norma sin dudas extrema.

Los casos de incumplimiento ganan una repercusión exagerada, maximizando su exposición por la indignación social que genera en la opinión pública, pero no hace más que reconfirmar aquello que muestra nuestro sondeo: indignan a una población que considera que la norma es adecuada y debe obedecerse. Aunque se cometan injusticias: Federico Llamas, el famoso “surfer”, puso en el formulario que llenó en Paso de los Libres, cuando traspasó la frontera, su dirección en Ostende. ¿Por qué tanta indignación contra él?

En situaciones extremas como la que estamos viviendo, el límite entre lo superfluo y lo esencial puede ser bastante difuso. El Congreso y la Justicia no están funcionando: de los tres poderes del Estado, solo está activo, y como no puede ser de otro modo, el Ejecutivo. En otros países, con cuarentenas incluso más rígidas que la nuestra, las instituciones de la democracia no fueron alcanzadas por las restricciones.

Por suerte, los medios de comunicación tienen plenas facultades para funcionar: la libertad de prensa está garantizada, como viene ocurriendo sin solución de continuidad desde el 10 de diciembre de 1983. De todas formas, el andamiaje institucional de la República luce totalmente limitado, con los riesgos que esto implica. ¿Pueden alterarse contratos entre privados mediante decretos de necesidad y urgencia? Las acciones de hoy servirán de antecedentes de aquí en adelante. Resulta fundamental mantener los equilibrios sobre todo porque estamos en una situación de emergencia.

Sergio Berensztein
Foto: Juan Mabromata / AFP

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