Hay una suerte de perversidad en el "estatismo de cuarentena": es extremadamente ineficiente, más de lo que ya era nuestro Estado en tiempos normales, así que solo puede administrar medidas brutales. Nada que se parezca a un aislamiento selectivo. Por lo que para cuidar a las personas asfixia su actividad productiva. Y a la larga, sólo permitiría que sobrevivan económicamente los que ya dependían de él, o los que empiecen a hacerlo.

La sociedad lo percibe: 39 % de los empleados públicos se sienten entre poco y nada afectados económicamente por la cuarentena. Mientras que entre los empleados privados se sienten así solo 28 de cada 100, y entre los independientes apenas 8. La gente que vive del presupuesto público cree que aunque todo lo demás se derrumbe seguirá cobrando su sueldo completo, y a término. Mucha menos gente confía en eso en el sector privado y aún menos en las actividades independientes. No parece ser una percepción errada.

Las encuestas de todos modos no ilustran muy bien que digamos lo que la gente piensa realmente en estos días, ni explican en consecuencia cómo actúa. Una enorme mayoría apoya la extensión de la cuarentena, según todos los sondeos. Dice preferir que ella siga aunque las dificultades económicas crezcan. Sin embargo, asomándonos a la calle advertimos que el porcentaje de acatamiento efectivo cae día tras día, y las crónicas sobre el conurbano permiten ver que en algunas zonas pobres ese porcentaje es ya bajísimo.

Que el impacto económico de la cuarentena puede ser más fuerte en las áreas más desarrolladas y abiertas de nuestra sociedad que en las más cerradas e improductivas se advierte también en la disímil situación que enfrentan las provincias: las que se asemejan a sultanatos o feudos no sólo tienen en general menos contagios. Tienen también menos problemas para pagar los sueldos públicos, y la caída de la recaudación propia no las afecta tanto, pues la compensan con mayores aportes de Nación. Lo sucedido en los últimos días con Córdoba ilustra el punto.

Fruto del parate económico ese distrito vio impotente cómo se derrumbaba su recaudación, que cubre una parte importante de sus gastos. La industria y los servicios dejaron de pagar ingresos brutos, y apenas si le va un poco mejor al sector agropecuario. Así que el gobernador Juan Schiaretti se comunicó hace unos días con el presidente: si no mandaba ayuda pronto se vería forzado a emitir cuasimonedas.

Alberto Fernández respondió con la lógica tradicional del federalismo fiscal argentino: le envió ayuda a todos los distritos según su participación proporcional en la coparticipación, que siempre ha favorecido a los distritos más chicos y atrasados. En contra de los más grandes y desarrollados, por la simple razón de que aquellos tienen el mismo número de senadores que estos, y es más barato financiarlos y mantenerlos bien dispuestos hacia el gobierno nacional. Ahí fueron, entonces, $120.000 millones, entre ATNs y bonos, para las provincias.

Consecuencia: Formosa, La Rioja, Catamarca y varias otras que dependen en gran medida de los recursos nacionales, siempre recaudan muy poco y cuyas economías dependen a su vez fuertemente del gasto público, respiraron aliviadas. Allí la caída de la recaudación propia es importante, pero no es importante lo que ella aporta a las cuentas generales.

Así que esa ayuda nacional por ahora alcanza. Córdoba, en cambio, emitió una "cuasi cuasimoneda": un bono para pagarle a los proveedores del Estado que ellos podrán usar para pagar otros compromisos, por ejemplo impuestos. No se llamó cuasimoneda por la misma razón que el default que dispuso días atrás Martín Guzmán con la deuda bajo legislación local no se denominó default, porque la emergencia justifica una torsión inédita del lenguaje.

¿Qué implica que reaparezcan las cuasimonedas en las provincias? Que ellas reasumen su derecho original a emitir, rompen la unidad monetaria que precariamente ordenaba nuestra economía, violan los pactos federales y las cuentas públicas se desorganizan totalmente. En consecuencia, la confianza de los actores económicos en el peso se deteriorará aún más, la inflación escalará y la capacidad del Estado de regular los intercambios, sostener el crédito y en general la actividad económica se diluirá. No es, por tanto, para nada irrelevante. Merecía algo más de atención de lo que recibió en general en la prensa.

La merecía aún más por lo sintomático que fue que ello sucediera no en los márgenes del sistema, en los "eslabones más débiles" del Estado y la economía: ambos se están descomponiendo en sus áreas más desarrolladas. ¿Tiene realmente algún sentido seguir sosteniendo entonces que la atención de la emergencia "reivindica a nuestro aparato estatal", nuestro peculiar "estatismo", o que "la sociedad entiende y acompaña la prioridad que se ha decidido darle al cuidado de la salud sobre la economía"?

Sí lo tiene, porque que Formosa pueda sobrevivir mejor que Córdoba, o Santa Fe (que también está a punto de emitir una cuasimoneda), es la demostración palpable del éxito del feudalismo que deriva de la resiliencia de nuestro modelo estatal. Un modelo para el cual no conviene haberse desarrollado en lo más mínimo.

Si para sobrevivir de la mano de Fernández tenemos que aceptar que en adelante el país entero se parezca más a Formosa que a Córdoba o Santa Fe, tendremos un futuro bastante negro. ¿No nos convendría administrar una cuarentena más selectiva, que identifique con mayor precisión las cadenas de contagio testeando a todas las personas que haga falta, y permita entonces volver a trabajar a las miles de empresas que corren riesgo de desaparecer?

El Gobierno ha dado su respuesta, y es no, hay que seguir como venimos. No lo admite, pero no es solo una cuestión de preferencias. Tal vez para algunos funcionarios no lo sea en lo más mínimo, pero no están realmente en condiciones de administrar la selectividad que requiere una política mejor.

Advierten además que el acatamiento a la cuarentena general está ya en retroceso desde hace tiempo. Al menos desde el fatídico viernes en que se abrieron los bancos para los jubilados, así que si la relajaran el resultado sería un total desmadre. No la sostienen y prolongan porque esté funcionando de maravillas, como dijo el Presidente, sino porque funciona a medias y hay riesgo de que deje del todo de funcionar.

El Gobierno rinde así honores al aparato estatal ineficiente con que trabaja: lo ensalza y se obliga a disimular sus fallos, con lo cual termina agravándolos en vez de corregirlos. Atando su destino, y el nuestro, a un perverso estatismo de cuarentena. Aunque hizo también algo más: abrió la puerta a la posibilidad de que las provincias practiquen el relajamiento, usen un verbo que él se abstendrá de conjugar (fue casi gracioso el Presidente cuando en un momento de la conferencia de prensa lo hizo sin darse cuenta, y enseguida se corrigió).

Lamentablemente no quedó nada claro cómo funcionaría esta descentralización de la "cuarentena administrada". Igual que en el caso del running, Fernández fue confuso a la hora de explicarlo. ¿Las provincias deberán consultar a la Jefatura de Gabinete, solo la informarán, tendrá efectivamente el gobierno nacional capacidad de sanción o prevención, para evitar que cada distrito haga a partir de ahora lo que le venga en gana?

Es difícil saberlo, pero lo que sí se puede advertir desde el vamos es que el presidente abrió nuevas vías a través de las cuales su autoridad correrá el riesgo de resquebrajarse, por presión de las fuerzas que trata de exorcizar cada vez que repite como un mantra que la salud le importa más que la economía. Y que el Estado nos está cuidando, lo hace de maravillas y debemos confiar en él.

Marcos Novaro