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Martes, 21 Julio 2020 21:00

Los atajos de impunidad que busca el kirchnerismo - Por Joaquín Morales Solá

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En el proceso de ampliación del poder cristinista en el Estado, la jefatura de los fiscales es una colina por la que valen todas las batallas


Un principio de consenso entre jueces, fiscales y abogados estableció cuáles son las causas por supuesta corrupción de imposible salvación para Cristina Kirchner. Concluyeron que son la causa de los cuadernos (la exacta corroboración que hicieron el periodismo y la Justicia de las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre el pago y el cobro de sobornos); las de Hotesur y Los Sauces (propiedades de los Kirchner donde lavaban dinero en complicidad con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López), y la de la obra pública en Santa Cruz, que hurga en el direccionamiento de las concesiones también en beneficio de Báez. Si se miran con detenimiento los recientes movimientos del kirchnerismo en la Justicia, se llega a la conclusión de que todos están vinculados, de una u otra forma, a esos casos. El intento de derogar los traslados de jueces claves para esas investigaciones y la presión sobre el procurador general, Eduardo Casal (jefe de los fiscales), tienen relación directa con la revancha o con el plan de impunidad.

Solo una de las decisiones más iridiscentes de los últimos días guarda una vinculación menos notoria, aunque también importante, en esas investigaciones. Es la decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral, ya en la decadencia de sus últimos días, de procesar al exdirector de Vialidad Javier Iguacel y al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. Iguacel y Saravia Frías ocuparon esos cargos durante el gobierno de Mauricio Macri. Canicoba Corral citó a declaración indagatoria también a los exministros Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich. Es probable que estos terminen igualmente procesados. El polémico juez (que zafó con favores de unos y otros de juicios por corrupción en el Consejo de la Magistratura) investiga una denuncia de Rodolfo Tailhade sobre las concesiones de dos autopistas en la administración Macri. Canicoba Corral abandonará definitivamente su despacho el próximo miércoles 29, justo el día que cumplirá los 75 años constitucionales. Dujovne, el último de los citados, deberá presentarse ante el juez el lunes 27. En síntesis, les dedicará sus últimas horas como juez a hacerles favores al kirchnerismo y a vengarse de Macri.

El exfuncionario significativo entre los procesados (o eventualmente procesados) por Canicoba Corral es Iguacel. Aunque luego fue ministro de Energía, y terminó dándole un portazo a Dujovne, Iguacel fue el principal colaborador de la Justicia, cuando era director de Vialidad, en el caso de la obra pública que benefició a Lázaro Báez. Sin la información suministrada por Iguacel a la Justicia, a esta le habría sido difícil profundizar en el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz para enriquecer al viejo amigo (¿y socio?) de Néstor Kirchner. Canicoba Corral se pasó los últimos días denunciando que los rumores sobre su corrupción proliferaron en tiempos de Macri. Se equivoca. Las versiones sobre sus prácticas deshonestas y su inexplicable riqueza venían de mucho antes. De hecho, el político que las hizo pública fue el actual presidente, Alberto Fernández, cuando era un punzante crítico del gobierno de Macri.

Con todo, las declaraciones públicas de Canicoba Corral sobre la supuesta persecución macrista debieron ir acompañadas de una decisión de excusarse para seguir resolviendo sobre cuestiones vinculadas al gobierno de Macri. Se ha colocado, de todos modos, en una situación muy frágil porque seguramente será recusado. Corre el riesgo de abandonar los tribunales como un juez recusado por imparcial. Ha hecho cosas peores.

Veamos el caso de los traslados de jueces. El representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, pidió que se revean los traslados de muchos jueces. Debió incluir a todos los que, según su lógica, fueron mal trasladados. No puede hacer otra cosa. Pero hay que detenerse solo en cuatro. Son los que importan. Dos de ellos, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, son jueces de la Cámara Federal de la Capital. Esos jueces resolvieron muchas apelaciones de Cristina Kirchner y de sus exfuncionarios en contra de ellos. Bruglia y Bertuzzi confirmaron muchas de las decisiones de jueces de primera instancia que procesaron y enviaron a juicio oral a la expresidenta y a exfuncionarios kirchneristas por actos corruptos. Entre esas causas, están las de los cuadernos, las de Hotesur y Los Sauces y la de la obra pública.

Pero más importante que esos dos jueces, si se mira el futuro, son otros dos magistrados que integran tribunales de juicios orales y públicos. El juez Germán Castelli integra el tribunal del juicio oral sobre el caso de los cuadernos que juzga a Cristina Kirchner, a varios exfuncionarios y a empresarios por asociación ilícita y por administración fraudulenta. El juez Andrés Basso integra el tribunal que está juzgando el direccionamiento de la obra pública en beneficio de Báez, en la que también se acusa a Cristina, a exfuncionarios y al propio Báez por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. La maniobra cristinista en el Consejo de la Magistratura puede terminar por eliminar al juez natural, un principio elemental del juicio justo, para tratar de moldear tribunales más favorables al propósito de la impunidad.

         

El problema del cristinismo es que esos traslados se resolvieron por un decreto de Macri. Se argumentó en su momento que las vacantes eran muchas y que no había tiempo para cubrirlas mediante el sistema de exámenes, ternas y acuerdos del Senado. Luego, la Corte Suprema indicó que esos jueces, sobre todo los que vienen de jurisdicciones distintas, deberían tener el acuerdo del Senado. Esto significa que ese tema no es del Consejo de la Magistratura. Deberán buscar otra puerta: o Alberto Fernández deroga el decreto de Macri o envía los pliegos de algunos jueces al Senado. Es el Presidente el que debe tomar la decisión sobre esos jueces y lo debería hacer con algunos principios jurídicos en la cabeza. Uno de ellos es el del juez natural, porque varios de los jueces cuestionados ya actuaron o se preparan para actuar en causas muy largas, que incluyen investigaciones, pericias e innumerables apelaciones. Otro principio es el del respeto a la división de poderes. Guste o no, esos jueces ya están y solo han sido acusados por el contenido de sus sentencias, no por deshonestidad intelectual o personal.

El procurador Casal, la máxima autoridad entre los fiscales, está pagando el precio de no haberse sumado a la operación para desestabilizar al fiscal Carlos Stornelli. Casal no lo protegió a Stornelli. Le abrió un sumario por el caso de Dolores, que para el cristinismo y sus medios afines sigue siendo un caso clave, y lo sancionó con un apercibimiento. La caída de Stornelli es crucial para la expresidenta y sus seguidores. Es el fiscal que investigó (junto con su colega Carlos Rívolo) el caso de los cuadernos. Stornelli fue involucrado en Dolores en una operación hecha por el falso abogado Marcelo D'Alessio e instrumentada por un grupo de políticos y exfuncionarios kirchneristas.

Casal asumió como procurador general cuando renunció Alejandra Gils Carbó, pero no lo nombró Macri. A Casal lo nombró la ley, porque era el que seguía en el orden jerárquico a la exprocuradora. Casal tiene cerca de 50 años de carrera judicial. El año pasado estuvo cuatro horas exponiendo ante la comisión bicameral de seguimiento del Ministerio Público. Diputados que no la integran, como Leopoldo Moreau y Tailhade, se presentaron a la reunión para tratar de acorralarlo con el caso Stornelli. "Casal los abrumó y los aburrió durante cuatro horas porque no dejó ninguna pregunta sin contestar", recuerda un conocido fiscal. Casal es un hombre moderado que jamás aplicó sanciones graves a fiscales críticos o amigos del kirchnerismo. La prudencia y el respeto a la independencia de los fiscales son dos de los ejes de su gestión.

Buscan la cabeza de Casal mediante la presión a su persona. El cristinismo no puede hacerle un juicio político, porque carece de los dos tercios de los votos de las dos cámaras del Congreso. Casal debe pagar porque Stornelli sigue siendo fiscal (aquella operación estuvo destinada a desbaratar todo su trabajo en el caso de los cuadernos), y su decisivo lugar debe ser ocupado por un kirchnerista o un filokirchnerista. En el proceso de ampliación del poder cristinista en el Estado, la jefatura de los fiscales es una colina por la que valen todas las batallas.

Joaquín Morales Solá

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