Sábado, 08 Agosto 2020 21:00

La violencia que ocultan los K - Por Eduardo van der Kooy

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El kirchnerismo ordenó revisar la muerte de Santiago Maldonado. Pero se desentiende, en silencio, de la desaparición de Astudillo Castro. Con la cuarentena como escudo.

 

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, hizo la semana pasada una declaración reveladora. “Es posible que hubiera habido un escándalo si lo de Facundo pasaba en el gobierno de Macri (Mauricio)”, afirmó. Fue durante una entrevista en diario Perfil. Facundo Astudillo Castro es el joven que está desaparecido hace más de cien días en Buenos Aires. Con pistas que indicarían algún tipo de intromisión de la Policía provincial.

La admisión de Frederic ocurrió al mismo tiempo que el Ministerio de Seguridad denunció al ex jefe de gabinete de esa cartera durante la gestión de Patricia Bullrich, por la actuación de la Gendarmería durante el episodio que concluyó con la muerte por ahogo en el río Chubut del artesano Santiago Maldonado.

Tal correlato no parece casual. El kirchnerismo sigue empeñado en tratar de adjudicar aquella tragedia a la responsabilidad macrista. En ese camino va enlazando otros objetivos. Por caso, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, contó que el procurador general, Eduardo Casal, fue quien lo desplazó de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), cuando estaba realizando en Esquel un informe sobre los sucesos. Para el actual funcionario la Justicia se habría expedido de apuro sobre la tragedia de Maldonado.

La visión de la administración macrista agrega pormenores. Crous, que colaboraba con la fiscalía y el juzgado, habría sido el encargado de elaborar los testimonios de los mapuches que describieron como, supuestamente, Maldonado había sido detenido y cargado en un vehículo de Gendarmería. Todo falso.

La aparición de Casal en medio de aquel conflicto reabierto responde a una maniobra. El Gobierno pretende su renuncia a la Procuración como parte de la ofensiva que lanzó con la reforma judicial y la posibilidad de modificar la estructura y el número de miembros de la Corte Suprema. Para lograr el objetivo se han hecho 17 presentaciones con pedidos de juicio político al jefe de los fiscales. La mayoría, vaya coincidencia, alude a su supuesta protección de Carlos Stornelli. El fiscal que intervino junto a Carlos Rívolo en la causa de los Cuadernos de las coimas.

La fiscal Gabriela Boquín, que lleva la causa del Correo contra Macri, formuló duras críticas contra el procurador que le instruyó un sumario por abuso de autoridad. Ocurrió en la Comisión Bicameral del Ministerio Público. Más allá de sus acusaciones habría algo improcedente en su conducta. Aquel sumario transitó los carriles burocráticos de la Procuración y fue avalado unánimemente por la comisión de cinco fiscales, dos de los cuales pertenecen a Justicia Legítima.

La presión sobre Casal, que ejerce de forma interina, ocurre desde varios lados. Alberto Fernández pretende designar al juez Daniel Rafecas pero los dos tercios del Senado, con la presente radicalización política, asoman remotos. La renuncia de Casal podría permitir el ascenso de Víctor Abramovich, ligado al CELS y preferido por Cristina Fernández. Antes de eso debiera renunciar la sucesora natural, Laura Monti. Los K dicen que ese paso lo tienen garantizado.

El contraste entre el silencio del Gobierno y de sus múltiples organizaciones afines –las de derechos humanos- sobre Astudillo Castro y el espoleo del caso Maldonado desnudan la utilización política que el kirchnerismo hace con las víctimas, según sea su pertenencia y el momento en que ocurran.

Con el joven artesano que falleció ahogado en Chubut se pretendió rotular la causa “desaparición forzada del Estado”. No hubo comprobación. Se trata de la meta que persigue la reapertura de la investigación. Así figura caratulada, en cambio, la causa de Astudillo Castro. Por las evidencias que involucrarían a agentes de la Policía Bonaerense. Total silencio kirchnerista. Sólo existió una inquietud directa del Presidente, que recibió en reserva a la madre del joven desaparecido. Y una declaración de Estela Carlotto. Dijo que es “una desaparición en democracia”. Como si dijera que hoy es domingo.

La violencia ejercida contra Astudillo Castro tampoco constituye una excepción. La pandemia y la cuarentena permiten ocultar asuntos de todo tipo. El miedo paraliza y la angustia crece por la subsistencia y el dramático horizonte económico-social. Una lista, con seguridad incompleta, incluye una muerte en Tucumán (un hombre de 31 años) previa desaparición por una semana luego de haber sido detenido por la Policía. Otro par de casos en San Luis e igual número en Buenos Aires, al margen del enigma de Astudillo Castro. Existe infinidad de denuncias por malos tratos policiales, en privado y la vía pública, con motivo de supuestos incumplimientos de la cuarentena. El último decreto presidencial, que prohibió las reuniones sociales en todo el país, se prestaría para los abusos.

Esa realidad se potencia con otros problemas. Por un lado, el rebrote de la inseguridad violenta, a medida que la cuarentena se empezó a flexibilizar. Sólo en junio, en todo el país, se cometieron 226 homicidios, según estimaciones del Sistema Nacional de Inteligencia Criminal. Un salto del 30% respecto del mes anterior. La Federación Económica de Buenos Aires calculó que durante los primeros cinco días de la reapertura comercial ocurrieron 1.600 robos. Tentativamente, 320 por día. El complemento inconveniente para ese panorama son las desavenencias operativas entre Frederic y Sergio Berni, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof.

La mujer no parece poseer apetencias políticas. El médico-militar, en cambio, ni las disimula. Tiene dos grandes ventajas: el apoyo de Cristina y la comodidad del gobernador, que quizá se horrorizaría si debiera involucrarse en el combate contra el delito. Su concepción del papel del Estado se circunscribe a la injerencia en la economía. Nunca, a la obligada concentración de fuerzas para reprimir y garantizar el orden y la seguridad.

Berni descree, por ejemplo, de Raúl Zaffaroni, el numen K. Dijo, a contramano de esa legión, que los delincuentes no son víctimas de la sociedad; que la sociedad es víctima de los delincuentes. Aseguró que el lugar de aquellos es sólo la cárcel. Frederic es más moderada, aunque también tomó distancia del ex juez.

La doble vara sobre la violencia tiene siempre a Cristina como estandarte. No ha dicho nada, como en tantas otras cosas sensibles, sobre la desaparición de Astudillo Castro. Con Maldonado supo hacer campaña y hasta asistió a una misa. Condena la violencia sólo cuando vislumbra la posibilidad de un rédito o una confrontación política. Días pasados, por medio de las redes sociales, fustigó a la Policía de la Ciudad por dispersar a un grupo que marchó para reclamar por Astudillo Castro y Maldonado. Ese grupo utilizó bombas incendiarias y armas caseras para atacar a los agentes. Provocó destrozos en el Centro de la Capital.

La mira de la vicepresidenta es, sin dudas, Horacio Rodríguez Larreta. Sumó a su coro a un hombre que suele poseer buen diálogo con la oposición: Eduardo De Pedro, el ministro del Interior. Tampoco pudo faltar el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. El mismo que pidió arresto domiciliario para el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Y alentó la liberación de presos por el coronavirus.

Por otro andarivel, emergió el Presidente con lógica idéntica. En el momento crítico de la pandemia acusó al Gobierno de la Ciudad de no tener capacidad para atender a las personas mayores afectadas. Jugó con los enfermos. Con información de veracidad dudosa. Lo hizo al dejar inaugurado el Hospital del Bicentenario, en Ituzaingó. Ya lo había hecho Cristina en 2015 para promocionar la campaña de Daniel Scioli.

Similar situación sucedió con otros cuatro hospitales bonaerenses inaugurados y luego cerrados. Vaya un detalle: todos se llaman del Bicentenario. Estuvieron previstos y presupuestados para el 2010. En el caso del de Ituzaingó, los fondos fueron derivados a una inversión financiera. Luego devueltos para un bautismo con cinco años de retraso.

Las críticas contra Rodríguez Larreta llaman la atención, sobre todo, por su inoportunidad. Más allá de las razones políticas, evidencian de nuevo los límites del Presidente para maniobrar con autonomía. Lo tiene al jefe porteño de socio para administrar la enfermedad en el AMBA. Hasta le hizo consultas sobre la reforma judicial. Para Cristina, facilitar el margen de maniobra a Rodríguez Larreta sería favorecer a la oposición y al propio Macri. Contra el ingeniero disparó gruesa munición: dijo que es el argentino más impune. ¿Y por casa cómo andamos?

Rodríguez Larreta evitará cualquier réplica personal. Siempre envía a portavoces. El problema del Gobierno es mayor que ese. El Frente de Todos está inundado de intrigas. Atentan contra cualquier insinuación de Alberto sobre un consenso. Cristina cuestionó aquel encuentro en Olivos con el Grupo de los Seis y sindicalistas. Máximo Kirchner atacó a Héctor Daer, secretario general de la CGT, por haberse reunido con la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

La inconsulta reforma y la pretensión de modificar la Corte despuntan un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Dos Cámaras, la Civil y Comercial y la Nacional del Crimen, declararon la inconstitucionalidad del proyecto. Este proyecto abroquela a Cambiemos en una vereda lejana. El Presidente acaba de coronar su primer éxito político con el acuerdo con los bonistas por la deuda. Queda por delante un recorrido traumático para intentar reconstruir la economía y paliar el drama social. ¿Es el momento para dinamitar cada atisbo de consenso?

La Argentina es un muestrario amarillento de oportunidades perdidas.

Eduardo van der Kooy

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