Lunes, 21 Septiembre 2020 11:10

Intrigas en la Corte, la nueva servilleta K y consenso por los jubilados - Por Ignacio Zuleta

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Expectativa por las decisiones del Máximo Tribunal. El Frente de Todos busca imponer jueces. ¿Hay acuerdo sobre cambios previsionales?

Hay más consensos de lo que parece sobre jueces en tránsito

La oferta explicativa tiende a concentrar las miradas en la Suprema Corte. El tribunal pasa por la misma crisis de los otros poderes y tiene las mismas dificultades que el Congreso en cumplir con el primer mandato técnico: construir consensos. Al Senado lo afecta la imposibilidad del oficialismo de lograr 2/3 de los votos para aprobar audacias institucionales. A Diputados, la estrecha diferencia con la oposición, que le complica el quórum propio y las votaciones de temas odiosos. A la Corte, la disidencia interna entre Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que impiden unificar el poder del tribunal, como ocurrió con el gobierno de Cristina.

En aquellos tiempos, el tribunal llegó a amenazar con la renuncia masiva si el Ejecutivo le sacaba el manejo de su presupuesto para dárselo al Consejo de la Magistratura, como indica la Constitución. Fue en abril de 2013, y aquel gobierno reculó ante una amenaza insoportable en cualquier democracia. Esta vez la tormenta les reclama la solución a conflictos propios del cambio de contexto político. El silencio sobre sus posiciones no ayuda nada. Nadie puede afirmar hoy que, por ejemplo, la Corte vaya a revisar las dos acordadas que autorizaron los traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Nadie puede esperar tampoco que se aboque al tema por el per saltum, que pidieron los magistrados.

En los últimos 20 años, la única vez que actuó ante un pedido por esa vía fue contra el proyecto de Cristina de "Justicia Democrática", que en otras cosas quería la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura por el voto popular. Fue por pedido del Consejo de Abogados (carátula Rizzo). No lo va a hacer ahora con una disputa política por el escritorio de esos magistrados, a quienes no se les afecta la estabilidad ni el sueldo. Son traslados, no destituciones, y sobre esto ya hay mayoría en la Corte, como la hay para sostener aquellas dos acordadas que autorizaron los traslados. Han decidido que se abocarán por la vía del recurso extraordinario, porque es un tema, hoy, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El plazo que se dan es de una semana.

La debilidad colectiva contamina salidas cómodas

Es difícil que los jueces se desdigan de las autorizaciones anteriores, sobre esa base argumental de que es un asunto de traslados, no de pérdida de derechos laborales -sueldo, estabilidad-. La naturaleza de la crisis de debilidad de los poderes hace que el público le pida a la Corte alguna solución de un tema que debería resolver la política, y que técnicamente es más sencillo. Quien haga especulaciones, debe tener en cuenta estos consensos, que parecen firmes en una Corte que ya ha dado señales de que no acompaña al cristinismo, como lo hizo antes de 2015, y menos cuando amenaza a la corporación judicial.

Tan frágiles son los otros poderes, que muchos esperan que la Justicia arregle lo que se desarregla en Olivos y en el Congreso, e ignoran que la debilidad es una pandemia colectiva que alcanza a todos. A diferencia del Ejecutivo y el Congreso, la Justicia se mueve con inmunidad de manada desde hace 30 años ante las amenazas de pulverización por parte de los políticos. Le rinde la estrategia de capturar rehenes. La crisis de jefatura en la Corte complica ese rol, pero tampoco es esperable que, si ratifica los traslados, aunque estén fuera de los tiempos políticos, entre en un conflicto de poderes.

El ex diputado por Corrientes Rodolfo Martínez Llano, que fue también convencional constituyente, desenterró en las últimas horas una sentencia de la Corte firmada por Benjamín Villegas Basavilbaso, Julio Oyhanarte y Alfredo Orgaz en diciembre de 1959, que ordenó al Congreso a restituir un campo reclamado en la causa "Llano de Martínez Luisa Amelia vs. Iglesia e Institución de los Padres Salesianos" en una querella sucesoria. Y se cumplió sin conflictos de poder. Era, claro, una causa sin connotaciones políticas.

El contexto resignifica el nuevo ciclo político

Las turbulencias del momento son las clásicas de una crisis: los actores son los mismos, los problemas también. Pero las conductas las configura el contexto político que los rodea, y reformula su sentido. La pelea por el traslado de los jueces es el ejemplo más claro. Cuando dominaba el contexto político del gobierno de Cambiemos, el cuestionamiento a esos traslados quedó adormecido. Con la llegada de un nuevo gobierno, el plexo de creencias que rodea a los protagonistas desapareció, y reavivó el cuestionamiento a esos traslados. ¿Qué motivo podía tener Graciela Camaño, cuyo voto en el Consejo de la Magistratura volcó el rumbo de la puja, para defender las vigencias de un gobierno que ella no integró, y que tampoco existe ya? Era impensable que su voto, que beneficia al nuevo gobierno, respondiese a un contexto ahora inexistente. Es también improbable que ella actuase con la intención de beneficiar al cristinismo, pero hubiera sido inexplicable que no votase por la revisión de algo que sólo justificaba un mundo que ya pasó.

Esa sujeción a los nuevos contextos explica que el Senado voltease los pliegos, que el Ejecutivo se apurase a la promulgación en tiempo relámpago y que la Cámara de Casación lo aceptase. El nuevo contexto enfila las conductas. La docilidad de estas instancias desnuda el sentido de la anulación de los traslados: subjetivamente puede decirse que es una represalia de Cristina de Kirchner. Objetivamente es un mensaje a toda la justicia, para debilitar sus defensas ante un poder político que lleva medio siglo amenazándola con purgas. En este round, el peronismo puede ganar cuatro vacantes en la justicia federal y poner candidatos de una nueva servilleta, que les de alguna tranquilidad mientras tengan poder. Cuando cambie el contexto -porque va a cambiar- ya se verá.

Intimidades de la convivencia en el cuarto piso

La Corte funciona bajo protocolos de emergencia por la peste, pero hay dos jueces que van todos los días al cuarto piso de los Tribunales, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Lo hacen en horarios distintos, con lo cual mitigan las aglomeraciones. Los dos tienen una burbuja sana de letrados y empleados que trabajan con ellos. Los otros miembros están en sus casas, Lorenzetti en Rafaela, Horacio Rosatti en Santa Fe y Elena Highton en la Capital. Ese formato les permite medir las cortesías necesarias para evitar las discusiones de temas tóxicos, como los que pueden impedirles avanzar en la resolución de otras causas. Cruzan mensajes por mail, whatsapp y conversan por zoom.

Todos los martes despachan expedientes, y cierran cerca de 300 por semana, aunque un bloqueo informativo -poco comprensible en una institución sometida a tantas presiones de la opinión y los medios- impide conocer estas decisiones. Los miércoles parte un auto hacia Santa Fe con expedientes en papel, que se reparten entre Rafaela y la capital provincial. A la casa de Highton basta con una mensajería local. Los jueves vuelven al zoom y cierran esos debates mansos con firmas en tinta y digitales.

Blindaje doble para arrinconar a la oposición

El Gobierno dedicará la semana a blindar, por dos flancos, un frente para achicarle el aire a la oposición. En el Senado buscará dictamen para el proyecto de segundo recorte de fondos a la CABA, santuario principal de la oposición de Cambiemos. El proyecto de ajuste a los fondos de la administración Larreta, da a entender en los considerandos que el nuevo punto de coparticipación de esa quita se va a repartir entre las provincias. Es una forma de asegurarse el voto a la iniciativa en las dos cámaras, aunque en la letra del articulado no agrega ninguna precisión.

En un plenario de comisiones de Diputados, apurarán el impuesto a los recontra ricos, que rechazará la oposición con un dictamen de minoría. La intención del oficialismo es darle dictamen y llevarlo el miércoles a una sesión especial de la Cámara. El propósito es dejar a la oposición pegada a la defensa de los ricos. Nadie cree que ese tributo recaude mucho, o que tenga buena suerte en la Justicia, que pude frenarlo ante reproches de inconstitucionalidad, doble imposición, retroactividad, etc. Pero a menos de un año de las elecciones es una bandera muy útil para aferrar voluntades. ¿Quién quiere defender a los ricos, quién no quiere recaudar para los pobres? Elemental, como tampoco nadie, en un foro federal como es el Congreso, querrá defender las rentas del gobierno de la CABA, también a un año de las elecciones.

Ensayo de acuerdo para salvar plan previsional y a las provincias

Esa sesión de Diputados tiene atractivo para quienes ven la necesidad de algún acercamiento. Lo hubo en las últimas horas entre el oficialismo y la oposición para aprobar un virtual salvataje al sistema de la Reparación Histórica de las jubilaciones que vienen como herencia del gobierno anterior. La iniciativa amplía el financiamiento de la reparación a la totalidad de los recursos del sistema previsional. Es para remediar el agotamiento del financiamiento original -principalmente lo recaudado por el blanqueo macrista, que se termina en octubre próximo-. También permite recomponer las deudas que tienen las provincias con el sistema previsional que contrajeron durante la transición del sistema. Eso alivia a los gobernadores y por eso habrá manos alzadas para todos.

El dictamen que se votará el miércoles- si se confirma la sesión- responde a un pedido del Gobierno, pero cita explícitamente otro proyecto presentado por los diputados radicales, una señal amistosa poco usual en este tiempo de revanchas. El acuerdo para la defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino -así se llama el proyecto- repone un fondo "para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo argentino" que se integrará con la transferencia de los honorarios que perciban los funcionarios públicos designados como Directores o Directoras en las sociedades, Fideicomisos o Fondos Comunes de Inversión donde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenga participación accionaria (art. 24°). Existió con el gobierno de Cristina, pero lo derogó el de Macri.

Hasta 2015 los directores por el Estado en nombre del Estado debían poner esos honorarios a disposición del Gobierno. Se les extendió, para protegerlos de tribulaciones judiciales o administrativas, una carta de inmunidad. Cualquier responsabilidad que les crease ese desempeño la pagaría el Estado. Cuando vino la administración Macri, se anuló ese fondo y los directores pasaron a cobrar los honorarios, con una quita que debían entregarle al Estado. Debieron asumir la responsabilidad de sus decisiones porque podían llevarse sueldos van de los $ 250 mil a los $ 650 mil, según la empresa. Ahora vuelve el fondo estatal, los directores no cobrarán, pero tampoco serán responsables de lo que decidan porque cumplirán las indicaciones de quien los designa. Formas distintas de valorar el mérito, la capacidad de los designados y de controlar, o no, lo que hacen en esas funciones.

Contabilidad creativa: explica Guzmán

En el medio, promete el ministro Martín Guzmán explicar el nuevo presupuesto, pero el Gobierno mide el estado de clima en el Congreso, que mezcla acuerdos con disidencias odiosas. La fecha es este martes, pero falta saber si habrá asistencia de los diputados o será una visita de cortesía a Sergio Massa, que trata de mejorar las relaciones con la oposición para reabrir la casa después de la aprobación del nuevo protocolo para sesiones mixtas. Ese acuerdo incluye un menú a la carta. Los proyectos polémicos deben ser en un escenario de mayoría presencial -están buscando un mini estadio sanitizado y sanitizable-.

La oposición de Cambiemos dedicó el fin de semana a juntar observaciones sobre el nuevo proyecto de presupuesto para verificar que no sea un nuevo intento de contabilidad creativa, como suele ocurrir todos los años. Se conocen sus lineamientos generales, pero se echa en falta alguna precisión sobre los efectos de la nueva política cambiaria y sus restricciones, por qué el cálculo no estima el pago de las IFE y las ATP -ayudas a pobres y a empresas- para saber si seguirán o no. También, si la actualización de salarios jubilaciones y AUH no quedan, como parece, por debajo de la inflación.

La cautela opositora obedece a su interés en que haya atención a las provincias que gobierna Juntos por el Cambio. El ataque a la CABA, la suspensión de la visita a Mendoza y a Jujuy son señales negativas. Preocupa más que el nuevo presupuesto no tenga sustentabilidad política ni en el oficialismo y se perpetúen las prórrogas de emergencia. Para los técnicos que discutieron estos temas el fin de semana, la Argentina tiene un superávit comercial de más del USD 1.000 millones al mes, y viene de acordar con los acreedores externos. Si tiene un problema, es político.

Juego de disfraces entre Sergio y Máximo

El Gobierno decía no tener plan y que el plan iba a ser el presupuesto. Pero lo que se conoce hasta este fin de semana.

1) No dice nada sobre el método de ajuste de las jubilaciones, que se llevan la mitad del gasto del Estado.

2) Reconoce que el nivel de subsidios a los servicios públicos se mantendrá. Es una manera de admitir que habrá aumento de tarifas -¿serán por inflación, por ajuste cambiario?- .Otro enigma.

3) No ofrece ninguna proyección plurianual, cuando los recursos están condicionados al programa de renegociación de la deuda.

Alguno recordó la frase del legendario Julio Olivera cuando dijo que la incertidumbre es peor que los errores de política financiera. Oscurece el clima de discordia que plantea esa irregularidad de que Massa es el presidente de la cámara, pero a quien devalúa la competencia que le hace en ese rol Máximo Kirchner, que preside el bloque. En esa puja, el hijo de la vicepresidente impone los temas y la forma de tratar a la oposición, pero deja la negociación con otros bloques a Massa, cuando debería hacerlo él. Si el Gobierno tuviera los votos, se mandaría directamente de cabeza con la Reforma Judicial, aprobada ya en el Senado. Pero no los tiene. En ese tema están frente a la oposición, 129 a 128, o viceversa, que viene a ser casi lo mismo. Al oficialismo no le sobra nada. Se enardece porque queda al desnudo esa fragilidad, y hunde en sus peleas por el control del conjunto a los socios de la coalición. Nada funciona para sacar al oficialismo de ese bache, porque cada cual tira hacia sus propios intereses.

La gobernabilidad vs. la gestión

Este blindaje opositor les prueba que pese a haber ganado las elecciones con un margen más que holgado, no pueden hacer arrancar la maquinaria legislativa. Si los socios de la trifecta presidencial se dejan estar entre sí, se aleja la posibilidad de que puedan acercarse al compromiso electoral de 2021 con chances competitivas. Se les plantea un dilema clásico de la política: si defiendo la gobernabilidad, puedo resentir la gestión; si me concentro en la gestión puedo perder apoyos, y hago peligrar mi gobernabilidad.

El final del gobierno de Macri probó este dilema, que pone a examen el formato de construcción de coaliciones en la Argentina. Macri se ajustó a la ortodoxia -recetas monetaristas, política de tarifas- y el público le dio la espalda. Cuando reaccionó ya era tarde, porque su coalición había llevado al límite la posibilidad de mantenerse unida. Había perdido la eficacia del método aplicado antes para gobernar la Ciudad: ponerse por encima de las contradicciones en un nuevo plano: que lo que sea bueno para uno, sea bueno para todos, y viceversa. Es lo único que puede hacer funcionar un proyecto colectivo. Hace falta prestigio, liquidez, liderazgo y estrategia. No es algo que se compre por "Ahora 12".

Ignacio Zuleta

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