Domingo, 20 Junio 2021 06:40

Carta de Cristina al Presidente - Por Eduardo van der Kooy

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La vice largó la campaña en Buenos Aires y marcó los temas de la agenda. Entre ellos, la reformulación del sistema de salud.

El sistema político argentino empezó a virar en la década de los 90 del bipartidismo clásico a las coaliciones. Un episodio casi fundacional fue el nacimiento de la Alianza entre radicales y el Frepaso, que puso fin al menemismo. Néstor Kirchner, por su debilidad de origen, insinuó la maqueta de la transversalidad. Fue un intento para cooptar, antes que una integración. Cambiemos, con el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica, entronizó a Mauricio Macri un mandato completo. Para lograr vencerlo el kirchnerismo recurrió a un rejunte y Cristina Fernández designó candidato a Alberto Fernández. Entonces con perfil de dirigente serio y moderado.

Las últimas dos experiencias (Cambiemos y el Frente de Todos) arrojan una conclusión. Las coaliciones fueron valiosas como herramientas electorales. Se vencieron mutuamente. Pero mostraron dificultades gigantescas a la hora de gobernar. El balance para el actual oficialismo abarca solo el primer año y medio, marcado por la trágica excepcionalidad de la pandemia.

Existe un síntoma que desnuda la debilidad de ambos bandos. Mantienen la unidad únicamente por el espanto que despierta el adversario. Alberto Fernández lo blanqueó en una de sus dicharacheras intervenciones públicas: “Cuando discuto con Cristina y no veo coincidencia pienso en Macri. Allí se acaban las diferencias”, confesó. Nadie dijo todavía semejante cosa en la oposición. Pero las riñas que atraviesan a Juntos por el Cambio, acicateadas por la campaña, hallan un dique de contención sólo cuando asoma como amenaza la figura de la vicepresidenta.

Cristina advierte aquel desafío como un riesgo. El riesgo son las elecciones legislativas y la posibilidad de una derrota. No vale la pena reparar en las encuestas coincidentes sobre la existencia de un profundo malestar social. Sirve reparar en varios fragmentos de la semana pasada. El Presidente debió suspender su presencia en Pergamino por una protesta de productores. Escuchó en Salta un cacerolazo durante un acto de homenaje a Martín de Güemes. Que derivó en una crisis del gobierno local. Axel Kicillof tuvo que acortar su mensaje en Junín por un reclamo de pobladores, a raíz de la falta de clases presenciales. Los piqueteros asolaron la Ciudad el viernes último.

La reaparición de Cristina en La Plata, en modo campaña, tuvo dos objetivos. Intentar que no se disperse el núcleo duro del kirchnerismo, golpeado por la crisis económico-social. Ordenar, a la vez, la desordenada gestión del Gobierno con líneas directrices ideologizadas y, por ahora, inoportunas. Hubo un párrafo que pasó de largo. Fue como una carta para el Presidente: “Tenemos que tener la valentía –arengó—de poder anticiparnos a lo que va a venir. Y vamos a tener que discutir muchas cosas”. Clarito. El poder de decisión forma parte de su patrimonio.

La vicepresidenta repuso un tema de su agenda que había sacado a la luz con anterioridad: la reformulación del sistema de salud. La propuesta levantó polvareda en dos sectores clave. Las obras sociales sindicales, retrasadas en la recepción de los fondos del Estado, y la medicina prepaga, desfinanciada en la pandemia por los aumentos que fija la ley y el Gobierno niega.

Esa ofensiva, validada por Alberto, se frenó con el paso de los días por la intervención de dos dirigentes. El diputado Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Persuadieron a Cristina sobre la inconveniencia de una batalla de semejante envergadura en medio de la tragedia por el coronavirus y el despuntar de la campaña. Es un problema de oportunidad. Nunca sobre el fondo del planteo.

Convendría aguardar el resultado de la votación. Dejar aquella reforma, según los cautos K, para el 2022. Nada indica que el resultado de las legislativas pueda servir para disuadir a la vicepresidenta. Por el motivo simple de su lógica política. Una victoria allanaría el camino para el proyecto. ¿Una derrota lo detendría? Difícil. En ese caso, la conclusión podría ser la que siempre jalonó la historia oficialista. Interpretaría que el traspié habría obedecido a la “falta de profundización del modelo”.

Con el objeto de apaciguar cualquier posibilidad de conflicto, el Gobierno aclaró que no existe todavía ningún proyecto sobre el tema. Es cierto que no lo tiene la Casa Rosada. Circula con una docena de páginas en el Instituto Patria. Se denomina Sistema Nacional Integrado de Salud Argentina (SNISA). Recurre a un lenguaje inconfundible para describir los objetivos. Habla de mecanismos regulatorios “ágiles y transparentes para el sub- sector privado con un Ministerio de Salud a nivel nacional que ejerza rectoría y construya soberanía sanitaria”.

Propone un sistema de recupero del Estado de prestaciones de los servicios privados y las obras sociales. Huele a engrosamiento de la caja. Sugiere una nueva modalidad para la libre elección de los afiliados de las obras sociales. La incongruencia mayor asoma por otro lado. Resalta “el poder de compra del Estado” como ventaja para el control de precios abusivos de insumos y medicamentos. Insta a la centralización. Parece que todo lo ocurrido en torno a la pandemia hubiera sido ficción.

El papel administrador del Estado fue malo para la compra de las vacunas y la campaña de inmunización. Su porosidad facilitó los escándalos de los Vacunatorios VIP. Centralizó las operaciones y debió rendirse cuando la tragedia se hizo realidad. Son ahora varias las provincias que intentan acceder a vacunas por su cuenta. Tampoco están claras las razones que llevaron a privilegiar la adquisición de algunas vacunas sobre otras. El desbarajuste no concluye allí: hubo compras estatales directas de insumos medicinales cuyos valores abonados están bajo investigación. Quizá la propuesta prevea el funcionamiento de este nuevo régimen para la salud con los parámetros, por caso, de un Estado escandinavo. Pero no lo dice.

El proyecto está apuntalado por la Fundación Soberanía Sanitaria que conduce el infectólogo León Tesler. En ese foro participan Daniel Gollán y Alejandro Kreplak, los responsables de la cartera de Salud en Buenos Aires. Hay muletillas que el kirchnerismo repite en su relato. Despiertan suspicacias. Ahora es la supuesta soberanía sanitaria. Los fue en 2012 la soberanía energética, preámbulo de la estatización de YPF. Hubo una invocación a la soberanía alimentaria cuando se pretendió expropiar, sin suerte, la empresa agro-industrial Vicentin. Ocurre lo mismo con la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuyo llamado a licitación se continúa prorrogando. Casualidades.

Existe otro fraude conceptual del cual el kirchnerismo también abusa. Refiere a la palabra democratización. Lo inauguró Cristina en su último mandato al pretender colonizar al Poder Judicial. Se reitera ahora con idéntico propósito. No tiene que ver con las causas de corrupción de la vicepresidenta que se desmadejan de manera progresiva. Enfila al cambio del sistema organizativo que, en aquel campo, rige en la Argentina.

La obsesión radica en este momento en la Procuración General, que ejerce interinamente desde los tiempos macristas Eduardo Casal. El funcionario fue acusado los últimos días de la caída del sistema informático del organismo por el supuesto trabajo de los fiscales via on line, desde el exterior. Hubo un solo caso que fue verificado, el de Marcelo Retes. Tiene un sumario abierto.

La denuncia resultó motorizada por la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público. Cuenta entre sus miembros al diputado ultra K Rodolfo Tailhade. Su mujer es la secretaria de la fiscal federal porteña Mónica Cuñarro, leal a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. De lazos políticos con el ex ministro y actual interventor en Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), Aníbal Fernández.

Aquella Comisión Bicameral posee una particular metodología para indagar en el pasado e incomodar a los fiscales que tienen vida propia: repasan las audiencias con registro oficial. De esa manera saltó una reunión de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el titular de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo. La averiguación terminó en fiasco. El encuentro --en el que además participó el diputado Christian Ritondo-- se realizó a raíz de un pedido de garantías de los fiscales después de un incidente que sufrió Gabriela Boquín. Se trata de la fiscal que objetó el acuerdo de SOCMA (la empresa del Grupo Macri) con el Estado por la deuda del Correo. Lo consideró “ruinoso”.

La Procuración dejó en blanco sobre negro el enfrentamiento que persiste entre Cristina y el kirchnerismo con Alberto. Juntos por el Cambio ofreció los votos para que Daniel Rafecas sea elegido nuevo titular con la legislación vigente. Se trata del candidato del Presidente. Tailhade rechazó el ofrecimiento para hundir al juez e imponer nuevas reglas de juego que prevé la ley trabada en Diputados. Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, afirmó que, pese a todo, Rafecas sigue siendo el candidato de la Casa Rosada.

Tantas dificultades dejaron en el ojo de la tormenta a Martín Soria. El nuevo ministro de Justicia que reemplazó a Marcela Losardo. El funcionario asumió con ínfulas. Parece que va perdiendo combustible. No logra tumbar a Casal. Ni siquiera ha pedido la audiencia a la Corte Suprema que, anticipó, era para “solicitarle explicaciones”. Tampoco se ocupó aún de gestionar la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, vacante desde el 2009.

Puede que para Cristina se haya actualizado una máxima que disparó el año pasado: sigue habiendo funcionarios que no funcionan.

Eduardo van der Kooy

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