Miércoles, 24 Noviembre 2021 10:49

El ataque a Clarín: un clima de intemperancia que incita los actos violentos - Por Eduardo van der Kooy

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El repudio sin fisuras no permite enmascarar la realidad inquietante de la intolerancia. El constante desafío a periodistas como caldo de cultivo para grupos marginales. Y el contexto de la violencia en la Patagonia y los ataques narcos en Rosario. 

El ataque con bombas molotov contra el edificio del diario Clarín dejó un rasgo novedoso y otro trillado de la política argentina. Hubo un repudio sin fisuras de parte del oficialismo y de la oposición. Incluyó a Cristina Fernández, la vicepresidenta, y su organización estratégica, La Cámpora. La reacción saludable, sin embargo, no podría enmascarar otra realidad inquietante: la intolerancia y los ramalazos de violencia atraviesan, por diferentes circunstancias, a toda la Argentina. 

La agresión a un medio de comunicación tiene siempre una particularidad. Conlleva el peligro de la búsqueda de un posible amedrentamiento, de un impacto colectivo. Coloca en estado de alerta a la libertad de expresión. Suceden otras cosas muy graves, desde hace tiempo, que se desarrollan frente a la indolencia o la mala praxis de las autoridades.

La violencia y las muertes no cesan en la Patagonia. Inspiradas en una turbia disputa por el patrimonio de tierras. En Rosario, en los últimos días, los grupos narcos escalaron su ofensiva. Fue desbordada la cruenta pelea entre ellos mismos. Empezaron primero las balaceras contra estaciones de servicio. Siguieron el fin de semana largo contra dos restaurantes llenos de público. En pleno centro. Se pretende instalar el pánico social ante un Estado, nacional y provincial, que no ofrece respuestas para neutralizarlo.

En ese contexto, ¿por qué algún grupo marginal -o no tanto, quizá- se privaría de cometer un atropello contra un medio periodístico? Es en este punto donde las autoridades deberían reparar acerca del discurso que muchas veces utilizan desde una tribuna o a través de las redes para desafiar a periodistas. O colocar a las empresas de comunicación como un factor de poder institucional (el llamado cuarto poder) que no son. Como competidores políticos a los cuales habría que doblegar.

No hay que retroceder demasiado en la historia para hallar el combustible capaz de encender instintos perversos y desquiciantes. El Gobierno se encargó de arrojarlo durante la campaña electoral. Sobre todo, después de la derrota de septiembre en las PASO que lo colocó en situación de shock. En un acto en José C. Paz, su intendente, el barón Mario Ishii, advirtió que “algún día el pueblo se va a levantar contra los medios” porque no tendrían, a su entender, “piedad” con ese pueblo. Nadie podría sorprenderse por la actitud bravucona de un dirigente que comprende la política únicamente como un negocio clientelar. La gravedad mayor estuvo dada por el festejo que de sus palabras hicieron entonces Alberto Fernández, el Presidente, y Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires. Si en semejante podio se incita, ¿por qué un grupo de vándalos no podría traducir en una acción brutal aquel lenguaje provocativo?

Tampoco puede omitirse el comportamiento público de Aníbal Fernández contra el humorista Nick, de La Nación. Hablamos del ministro de Seguridad de la Nación. Un día amaneció enojado por las críticas que con su trabajo el dibujante dispensaba al “plan platita”, urdido desde el poder para lograr un repunte electoral luego de las PASO. Deslizó amenazas menos que veladas contra los hijos de Nick. En esa ocasión Alberto no aplaudió. Simplemente estuvo ausente.

La última pieza –entre tantas que no se pueden detallar- correspondió al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Un dirigente amable cuando le tocó ser ministro de Eduardo Duhalde, en el periodo de emergencia después de la crisis del 2001. Viró hacia un fanatismo K llamativo ni bien se convirtió en funcionario de Cristina.

Luego de la derrota en las legislativas, que el Gobierno celebró como éxito, Capitanich retomó la prédica sobre la necesidad de regular los medios de comunicación. En especial, aquellos que ostentarían un carácter hegemónico. ¿Habrá pensado también en aquellos que divulgan sin dobleces el catecismo kirchnerista?

Reclamó, incluso, la perentoriedad de hacer más inflexible la Ley de Medios que Néstor y Cristina Kirchner impulsaron a partir del 2010. Derogada cuando terminó el segundo mandato de la dama. Capitanich dejó traslucir, además, la raíz de su estructura de pensamiento sobre la soberanía popular. El “vox populi, vox Dei” habría caducado. “Las personas piensan aquello que los periodistas proponen”, sintetizó. Nadie en el kirchnerismo se había atrevido hasta ahora a tanto.

Los episodios descriptos generaron críticas y reacciones. Pero parecieron incorporarse como un trazo más de la realidad anómala que desde hace rato envuelve a la Argentina. La firmeza de la oposición e, incluso, los repudios desde ciertos estamentos oficiales no produjeron ninguna recomposición. El periodismo sigue permaneciendo como blanco de las trifulcas políticas.

El clima general es de intemperancia. Encorsetada. Puede convenirse que aún dentro de esa delicadísima situación dos cosas perduran: la libertad de expresión, constantemente desafiada, y un sistema político, mutado del bipartidismo clásico a coaliciones heterogéneas, capaz todavía de regenerar expectativas populares sin caer en traumáticas rupturas.

La miserabilidad de la política

El problema radica en que la clase dirigente suponga que ese estado de cosas puede sobrevivir sin la necesidad de urgentes correcciones. No atañe solo a la libertad de expresión. Refiere a otros asuntos que colocan a los ciudadanos zigzagueando cada día entre la vida y la muerte. Está el delito común que cobra víctimas. El caso, por ejemplo, del adolescente Lucas González, asesinado la semana pasada en Barracas durante una redada de la Policía de la Ciudad.

La miserabilidad de la política metió la cola. Gregorio Dalbón, abogado de Cristina y de Alberto, fue designado defensor de la familia de la víctima. ¿Una casualidad? Difícil. Dalbón, pese a tantas suspicacias, entendió la gravedad del episodio. Tuvo acceso a la información que le proporcionó el Secretario de Seguridad porteño, Mauricio D’Alessandro. Participó en las investigaciones. Recibió su castigo.

El kirchnerismo boicoteó la marcha de repudio en Florencio Varela, de donde era oriundo el adolescente asesinado. Las organizaciones de derechos humanos, que se entusiasmaron con su intervención, dejaron de hablarle cuando descubrieron que no parecía dispuesto a minar el campo opositor. La posta fue tomada por el diputado electo por Capital, Leandro Santoro. Presentó una denuncia sobre supuestos vínculos entre funcionarios del gobierno de la Ciudad y grupos clandestinos de la Policía. Dalbón lo acusó de oportunista.

Esa pelea se multiplica en otros terrenos. Aníbal embiste contra la gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras. La responsabiliza por los incidentes irrefrenables en tierra patagónica. El ministro de Seguridad observa el problema como si fuera ajeno. Algo similar ocurre con el recrudecimiento de las balaceras en Rosario. Aníbal se ataja: asegura que envió 575 gendarmes para reforzar la seguridad y combatir los grupos narco. Parece una cifra vacía. Es lo que piensa el gobernador Omar Perotti. Inútil para ayudar a frenar un clima intemperante en la Argentina, donde la agresión a “Clarín” fue una nota más.

Eduardo van der Kooy

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