Domingo, 02 Enero 2022 06:23

Guía de la política mugrienta - Por Eduardo van der Kooy

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Pese a la tremenda crisis socio-económica y otro feroz brote en la pandemia, el Gobierno y la oposición parecen ocupados con otras cosas. Acusaciones de espionaje o artilugios para vulnerar una ley que impedía más de dos mandatos a intendentes bonaerenses. 

Las elecciones de medio término, que ofrecieron una foto cabal del humor de la sociedad, parecen resultar por el momento menos gravitantes de lo esperado en el paisaje político de la Argentina. Las dos principales coaliciones que componen el sistema, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, estarían siendo jaqueadas por un fenómeno similar: una fragmentación que las debilita. 

Les impide cumplir con el mandato popular: la oposición no alcanza a validar su triunfo en la acción cotidiana; el oficialismo, refugiado en el Estado, no manifiesta voluntad de cambio después del castigo en las urnas. Tablas, diría cualquier experto en el arte del ajedrez.

Sucede que la política no es un juego. O no debiera serlo. Se trata de la herramienta vertebral en democracia para provocar transformaciones. No es lo que viene ocurriendo desde hace décadas en nuestro país. Con un aditamento preocupante: su práctica se degrada. Parece arrastrar al conjunto. Produce una dilución de identidades entre los bandos que disputan el poder.

Demasiadas señales se han constatado en ese aspecto los últimos días. El espionaje, o al menos sus denuncias, ocupan el centro de la disputa entre el Gobierno y la oposición. Por encima de esa alcantarilla las cosas no se observan mejor: abunda la transfiguración de oficialistas y opositores cuando se colocan en discusión asuntos que afectan solo sus intereses. La casta, podría gritar el diputado libertario Javier Milei.

El kirchnerismo ha puesto a funcionar, sobre todo luego de la derrota, una maquinaria que conoce a fondo y tenía adormecida: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). De sus oficinas salieron, en la formalidad, dos denuncias que enchastran a Juntos por el Cambio. Específicamente al macrismo. Primero fue la denuncia de espionaje sobre los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre del 2017. Sobre las razones de la tragedia nadie investiga. Se trata de una nave de los 80 que fue reparada en 2011 y relanzada con pompas por Cristina Fernández y La Cámpora. El ministro de Defensa era por entonces el santacruceño Arturo Puricelli.

La otra novedad explotó la semana pasada. Un video divulgado sobre una reunión secreta de miembros del gabinete de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Donde su ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, aludió a la necesidad de “una Gestapo” para luchar contra los gremios. Estuvieron presentes, extrañamente, delegados de la AFI de ese tiempo. Coincidió con la causa que terminó encarcelando al mafioso dirigente de la UOCRA, La Plata, Pablo “Pata” Medina. También, con la detención en Punta del Este de su par del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), Marcelo Balcedo. Multimillonario y dueño de un arsenal de armas.

Pervive además otra causa de espionaje ilegal que tiene como eje al falso abogado Marcelo D’Alessio, en la cual resultaron involucrados -aunque luego desprendidos- Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, cabezas incompetentes de la AFI de esa época. Tal denuncia, sin embargo, fue articulada por la “mesa judicial” del kirchnerismo. Tiene como arietes a varios diputados y al senador Oscar Parrilli, jefe de los topos en el segundo mandato de la hoy vicepresidenta. La AFI actual desempeñó allí un papel muy secundario.

Cristina Caamaño es la actual interventora del organismo. Mujer fundadora de Justicia Legítima que, en sintonía con el Gobierno, está sumada a la ofensiva contra la Corte Suprema. La funcionaria levantó su perfil después del traspié que le produjo la revelación de identidad de varios agentes de inteligencia. Descuido que trabó la aprobación de su pliego en el Senado. Su dedicación a las tareas domésticas en la AFI le habría dado llamativos resultados. Adujo haber encontrado entre trastos viejos algunas evidencias de espionaje en el caso del ARA San Juan. Ahora, aquel video que el kirchnerismo blande como prueba de la supuesta persecución al Pata Medina. Extensiva, por supuesto, a las causas de corrupción de Cristina. Los K no vacilan en victimizar al sindicalista. Indirectamente lo defienden. Con total comodidad. No podía ser de otra manera. El macrismo, evidentemente, no habría hecho una limpieza pulcra antes de emigrar.

Alrededor del episodio se generó un escándalo político. Lógico. También se tejieron infinidad de conjeturas. La natural: Macri espiaba a sus propios funcionarios. Hacía instalar, al parecer, cámaras secretas. Algunas evidencias estarían indicando otra cosa. La sala de marras y otras del Banco Provincia en la Ciudad poseen cámaras permanentes de filmación. Que archivan y no borran. Caamaño no habría descubierto nada en su aseo. El material fue recopilado en el propio Banco. Lo regentea Juan Cuattromo, quien fue director del Banco Central y subsecretario de Programación Económica, en tiempos de Axel Kicillof, quien lo llevó al cargo.

Puede llamar la atención que, entre tanto papeleo olvidado, Caamaño no haya descubierto todavía nada vinculado al doble espionaje ilegal ejercido por Cristina a partir del 2010. Cuando rompió su relación con la entonces Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) y armó un sistema paralelo que dependió del jefe del Ejército, César Milani. De nuevo, ahora, merodeador del Instituto Patria. Parte de ese material conforma una causa que morosamente sustancia el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Con la documentación que Claudio Bonadio encontró en la residencia del matrimonio Kirchner en El Calafate.

También resultaría útil para aclarar tanto horror oculto en la Argentina alguna pista sobre el atentado contra la AMIA. O la muerte del fiscal Alberto Nisman. Difícil que suceda porque, en ese sentido, Parrilli fue previsor. El día después asumir en la AFI (5 de marzo del 2015) se presentó personalmente en las oficinas de Logística de Lucha contra el Terrorismo, que estaban en el Pasaje Barolo, e incautó todo el material relacionado con el ataque a la mutual judía y a la misteriosa muerte del fiscal. En cualquier lugar del mundo razonable sería un delito grave. Las únicas evidencias intactas de esas tragedias habrían quedado en poder del MOSSAD israelí y de la CIA, colaboradores con la investigación del fiscal.

Los cruces y la agenda común

En la cima de semejante disputa aparecen nombres recurrentes. El kirchnerismo interpela: ¿Era posible esa red de espionaje sin que Macri lo supiera? La réplica opositora llega espontánea: ¿Era posible que Cristina ignorara los bolsos con millones que llegaban a su departamento en Recoleta o a Olivos, producto de las coimas denunciadas en el escándalo de los Cuadernos?

Este constituye el contenido principal de la agenda pos electoral. ¿Tal demanda figuró, acaso, en el voto de la ciudadanía? La pandemia vuelve a sembrar mucho temor, la pobreza brutal se conserva, la inflación trepa, el primer calor dispara cortes de luz. Desatención de todos. ¿Cuál fue el otro tópico que absorbió los días recientes al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio? La habilitación en Buenos Aires de otra reelección para los intendentes. A priori impedida por una ley que Vidal logró sancionar en 2016 con la ayuda de Massa.

Uniendo ese episodio con el del espionaje se podría arribar a una conclusión que impacta más en Juntos por el Cambio que en el oficialismo. Se percibe un apagón político de Vidal. Tal vez, la onda expansiva roza también a Horacio Rodríguez Larreta. El intendente la rescató para la Ciudad a fin de apuntalar su proyecto presidencial 2023. Pero la ex gobernadora tampoco esconde la misma aspiración. Ahora, claro, shockeada.

Están asomando, aunque tardías, algunas deficiencias de lo que fue su conducción política en Buenos Aires. ¿Nunca supo del comportamiento de Villegas? Un interrogante parecido caería en la ley que sancionó para impedir las reelecciones indefinidas de los intendentes. ¿Por qué se aprobó en 2016 y recién fue reglamentada en 2019? ¿Por qué en esa reglamentación se filtró la llave que posibilitó la unión entre sectores de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos que destrabó la prohibición? .

Los legisladores que dieron la venia en la Legislatura a la nueva norma arguyeron la existencia de un error. Ahora, dicen, subsanado. Los intendentes tendrán un ciclo más. Y basta. Demasiada candidez. Aquella reglamentación fue obra del ex ministro de Gobierno de Vidal, el peronista de San Miguel, Joaquín de la Torre. Hombre de su cercanía. ¿La gobernadora no ejercía fiscalización sobre la acción de sus ministros?

Vidal sostuvo hasta último minuto, a viva voz, la postura de rechazo. Igual que Massa. Entre los dos, en ambas Cámaras, juntaron 24 votos. La derrota fue más dolorosa, sin dudas, para la ex gobernadora. Dejó al descubierto debilidad de liderazgo entre los propios. Con casos sorprendentes. El de De la Torre fue uno. Además, el desaire de quien fue secretario general, Fabián Perechodnik. Inesperadamente se sumó Daniel Lipovetzky (abstención). Había firmado una declaración que promovió la ex gobernadora de condena al cambio en la ley.

Esas cuestiones fomentan fricciones intensas en la oposición. El diputado Fernando Iglesias increpó a sus colegas bonaerenses. Patricia Bullrich promovió una sanción para los tres diputados que no asistieron a la sesión por los Bienes Personales. Fue disuadida por un peronista. El Gobierno decoró ese teatro mugriento con la primera sesión en el Senado que avaló aquella ley de Diputados. Consiguió quórum vencido el plazo reglamentario con el aporte de una senadora de La Rioja, Clara Vega, que supo ser de Juntos y del Peronismo Federal. La descripción dimensiona el estado general de la política.

Eduardo van der Kooy

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