Domingo, 09 Enero 2022 08:15

El abismo está más cerca - Por Eduardo van der Kooy

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Las internas en el Gobierno y la oposición dificultan la principal exigencia del FMI: consenso detrás del posible acuerdo. La gestión oficial es deficiente. Guzmán nunca termina de convencer. Cristina lo escucha cada día con mayor desconfianza. 

El nuevo equilibrio político entre el Gobierno y la principal oposición, que emergió después de las legislativas, empieza a denotar problemas de funcionalidad. Se observa un sistema parlamentario de mayorías circunstanciales que orbita sobre un esquema presidencialista bifronte. El de Alberto y Cristina Fernández. Probeta difícil de encontrar en los laboratorios políticos del mundo. 

El escenario lo ocupan dos coaliciones de condición líquida. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Esa caracterización tabica la interacción imprescindible entre ellas para que aquel esquema tan complejo no esterilice la toma de decisiones en una nación que demanda resoluciones urgentes a su crisis dramática.

Aquella circunstancialidad de mayorías tuvo expresiones muy tempranas. La oposición golpeó al Gobierno en Diputados cuando rechazó la ley de Presupuesto. Una excepción. Enseguida el oficialismo capturó votos de aquel segmento. E impuso un aumento en la alícuota de Bienes Personales. Juntos por el Cambio celebró como hecho histórico haberle arrebatado por primera vez desde 1983 el quórum al peronismo en el Senado. En la primera sesión, más allá de violaciones al reglamento, ese peronismo lo obtuvo con el aporte de una senadora riojana, Clara Vega, que había deambulado por Juntos y el PJ Federal.

El estado líquido de las coaliciones aflora de nuevo en un asunto crucial: la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hay que dejar de lado las diferencias técnicas que Martín Guzmán blanqueó con el organismo. Sobre todo, el déficit fiscal. Implicaría una revisión de subsidios y asistencias sociales. También su insustancialidad para informar. El mayor interrogante reside en saber cómo harán oficialismo y oposición para construir consenso alrededor de un posible acuerdo que exige como condición innegociable el FMI.

La encrucijada parece todavía más compleja. Antes de conseguir esa coincidencia hace falta que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio salden sus contradicciones internas. Tiene que ver con la correlación de fuerzas. La vicepresidenta y La Cámpora escuchan con desconfianza creciente las exposiciones de Guzmán acerca de una negociación que, sin resultados, le insumió ya 25 meses. En Juntos por el Cambio se torna cada vez más alarmante la competencia entre el radicalismo y el PRO, donde cohabitan los clásicos halcones y palomas.

En el medio transcurre la gestión de Alberto que en dos años no ha logrado sortear la incompetencia. No refiere únicamente al campo de la economía. La pandemia asuela de nuevo al país y no se percibe ninguna respuesta convincente del Gobierno. La campaña de vacunación no rompe su ritmo perezoso. Persisten en stock 22 millones de vacunas no inyectadas. ¿Cuáles son?  ¿Sirven para las terceras dosis que obliga la variante ómicron? Silencio. ¿Se sabe cuál sería la condición de los cientos de miles de contagiados diarios? ¿Vacunados, no vacunados, con enfermedades previas, asintomáticos? Nada, tampoco.

Vale reparar en otras áreas. Hace días que la ciudad de Puerto Madryn, en Chubut, sufrió incendios arrasadores. El ministro de Medio Ambiente, el camporista Juan Cabandié, se ocupó con demora. Las autoridades provinciales debieron combatirlos con recursos precarios: aviones fumigadores en vez de hidrantes para intentar aplacar el fuego. Cabandié hizo honor a la cultura kirchnerista: echó la culpa por el desastre a Mario Arcioni, el gobernador.

A la incompetencia del Gobierno habría que añadir su debilidad. Para ensayar una cercanía con la oposición por la negociación con el FMI hizo falta la intervención personal del Presidente. ¿Dónde están sus ministros políticos? ¿Qué es de la vida de Eduardo De Pedro, titular de Interior? El dirigente de Mercedes, con su maniobra de renuncia falsa después de la derrota en las PASO, se granjeó el recelo de todos: adentro del oficialismo y adentro de la oposición.

La tarea de Alberto tampoco resulta simple. Su capacidad de convocatoria dentro del Frente de Todos quedó dañada porque varios gobernadores peronistas decidieron no asistir a la exposición de Guzmán. Otros prefirieron enviar delegados. O lo hicieron de modo virtual. Los opositores radicales (Mendoza, Corrientes, Jujuy) y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de la Ciudad, aseguran que saldrán a escena en el encuentro incierto que Guzmán promete para esta semana en el Congreso con los bloques de la oposición. En todas aquellas gestiones, desde las sombras, estuvo Máximo Kirchner. Garante delante de su madre de lo que se diga y haga respecto del FMI.

Dentro de sus limitaciones, el Presidente hizo una maniobra sobre la oposición cargada de picardía. Activó un canal de diálogo con Gerardo Morales. Es mandatario de Jujuy y nuevo titular de la UCR. Más allá de sus declaraciones parceladas (“la deuda fue contraída por nosotros, no podemos desentendernos”), el contacto colocó en hervor la intimidad de Juntos por el Cambio. Con el PRO a la cabeza. Sobre esa hendidura trabajará el kirchnerismo en el tránsito hasta el 2023.

La imprudente competencia interna desenfoca con facilidad a la principal oposición. Pasó cuando el propio Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suarez participaron del Pacto Fiscal. Rodríguez Larreta estuvo ausente. Debe entenderse, omitiendo la filiación política, la necesidad de intercambio de los mandatarios provinciales con el Gobierno nacional, en un país con diseño fuertemente centralizado.

La elección de Morales como interlocutor tiene explicación. Hay entre el Presidente y el jujeño una relación anterior basada en un pacto: la no intromisión en el caso de la piquetera Milagro Sala, condenada y cumpliendo prisión domiciliaria. Un caso que catapultó la popularidad del mandatario provincial. Tal actitud dispara reproches contra Alberto de los ultra kirchneristas. Sala está en la primera línea.

Morales posee una aspiración presidencial que jamás esconde. Cada paso suyo representa un desafío a Rodríguez Larreta, que trabaja para el mismo objetivo balanceándose entre su centrismo natural y confrontaciones con el Gobierno. Está obligado porque en el PRO tiene también contendientes. Patricia Bullrich encarna el ala dura. No le permite respiros.

El kirchnerismo aprovecha la circunstancia. No parece casual que detrás del escándalo de espionaje, a raíz de un video de una reunión en el Banco Provincia donde el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aludió a la necesidad de “una Gestapo” para luchar contra dirigentes sindicales, se unja como blancos a María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo. Ambos, con matices, son parte del proyecto de Rodríguez Larreta. La Comisión Bicameral de Inteligencia, donde tallan Leopoldo Moreau y Roberto Tailhade, se propone convocarlos para un interrogatorio.

La cadena exhibe otro eslabón gordo. La idea de un juicio político contra el procurador de Buenos Aires, Julio Conte Grand. Axel Kicillof, el gobernador, y La Cámpora, empujan la ofensiva. El calendario apremia: no desearían asomarse al 2023 sin dejar ese pleito resuelto. Conte Grand tendría entre sus expedientes varios ilícitos administrativos de la gestión en la Provincia.

El camino presenta escollos. El Frente de Todos necesitaría para la acusación por mal desempeño los dos tercios de los votos en la Legislatura. Número que está ahora lejano. Especula para llegar con la diáspora que generó en Juntos por el Cambio la pelea de Vidal con los propios para frenar, en vano, la re-reelección de los intendentes.

Otra dificultad, que incomode quizás mucho menos a los K, sería el procedimiento. Deberían testimoniar las presuntas víctimas de los armados de causas judiciales. El repaso breve causa escozor. Juan Pablo “Pata” Medina, ex líder de la UOCRA La Plata, procesado por amenazas y extorsiones. César Melazo, juez preso hace tres años por darle cobertura a delincuentes. Martín Ordoqui, camarista apartado por la Corte Suprema bonaerense. En la nómina figura también el inefable Hugo Moyano.

El marco general ofrece detalles importantes. La fiscal de la causa por espionaje en el Banco Provincia es Ana Miriam Russo. Promovida en su momento por la ex procuradora, Alejandra Gils Carbó. Es la viuda del ex titular de la Corte de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari, fallecido el 2021 por Covid. Fue el magistrado que enjuició en público a Vidal y a su ex ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. También defendió políticamente a Cristina por las causas de corrupción.

La vicepresidenta se entusiasma con todo lo que pueda ser un incordio para el macrismo. Nada de eso, sin embargo, resuelve las dos grandes disyuntivas que la martirizan. Una es su situación judicial. La otra, el modo de navegar la crisis económica sin depender, de manera excluyente, de un acuerdo con el FMI.

El embate contra la oposición no ayuda. ¿Querrá esa ayuda, de verdad? La chance de un acuerdo sin ajuste, como pregonan Alberto y Guzmán, le suena a quimera. Embarcarse en esa hoja de ruta podría hipotecar para ella y su fuerza el 2023. Hay además otra diferencia con lo que plantea el ministro de Economía: la necesidad de arrimarse a Washington para salir del laberinto. Hubo una voz que desnudó tal vez, el pensamiento de Cristina. Kicillof dijo que si esa constituye una condición de hierro para pactar, habría que bucear alternativas al alineamiento exterior de la Argentina. ¿Habrá sido por eso que Alberto asumió en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) al calor de Cuba, Venezuela y Nicaragua?

Otra opción sería el default. La Argentina conoce muy bien sus consecuencias. Incluso de gobernabilidad. A ese abismo Cristina y Alberto le tienen pánico.

Eduardo van der Kooy

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