Domingo, 26 Junio 2022 07:14

La batalla por los planes sociales: Cristina arremete por la platita - Por Eduardo van der Kooy

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Apunta a debilitar la base política de Alberto F. Es una caja multimillonaria que perderían los movimientos sociales y pasaría a los gobernadores. Buenos Aires, bastión K, sería la más beneficiada. 

La nueva aparición pública de Cristina Fernández representó un salto político cualitativo en su indetenible. desafío a Alberto Fernández. Marcó, como siempre, las diferencias con el rumbo del Gobierno y la ofuscación con los funcionarios que, según ella, no funcionan. La novedad consistió en que dio inicio al socavamiento de la débil plataforma sobre la cual descansa el poder del Presidente. 

Lo hizo con su capacidad para vender gato por liebre. Instaló en el debate público un tema que atraviesa de modo vertical a una sociedad que hace rato reclama una solución: la transformación de los planes sociales que alcanzan en la Argentina a 23 millones de personas. La necesidad también de transparentar su administración. En 2021 fueron 7 billones de pesos los que estuvieron en danza por el gasto social. Unos US$ 35 mil millones. Colosal.

Ese fenómeno crece desde la crisis del 2001. Para evitar su dispersión y competir en su tiempo con los intendentes bonaerenses que respondían a Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner propició en 2004 la fundación del Movimiento Evita. Hoy representa, junto a Barrios de Pie, el pilar político más sólido que exhibe Alberto. Monitorea casi el 80% del total de planes que circulan en el país. Se explica de este modo el interés repentino de la vicepresidenta por exponer la oscuridad de dicho mecanismo.

Incluso en el reclamo de Cristina se descubriría, como sucede habitualmente, una notable contradicción. Clamó contra la “tercerización” de los planes. Abogó para que el Estado sea eje de su distribución. Pues bien, tres importantes dirigentes de los movimientos sociales que apoyan a Alberto son funcionarios en Desarrollo Social. Emilio Pérsico, jefe del Evita, es secretario de Economía en ese ministerio. Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, subsecretario de Promoción de la Economía Social. Rafael Klejzer, del Movimiento La Dignidad, director de Políticas Integradoras. En el área política del Gobierno figura Fernando Navarro, la mano derecha de Pérsico. ¿No serían, acaso, motores del Estado?

La dificultad real es que no pertenecen a su órbita. De allí la arremetida que supo acompañar Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Axel Kicillof. El ex alcalde de Lomas de Zamora aseguró que en Buenos Aires todos los alcaldes, incluidos los de la oposición, estarían dispuestos a controlar planes sociales. De hecho, existen municipios que experimentan con el de Potenciar Trabajo. Contempla un pago extra por alguna contraprestación laboral sobre el beneficio básico de $ 16.500. Pero suceden dos cosas. La cantidad que administran es ínfima respecto del total. Los que realizan alguna tarea tampoco son muchos. Ejemplo: en un distrito del Sur bonaerense se administran 2.500 planes. Solo 700 personas participan en actividades.

De nuevo parece enmascararse la discusión de un grave y antiguo problema en la Argentina con disputas internas que nunca frenan en el Frente de Todos. El golpe que Cristina imagina contra los movimientos sociales que están con Alberto derrumbaría la fantasía de su proyecto reeleccionista. Hay otra pista: podría tratarse, además, de un recurso para el refugio en Buenos Aires si, como presume, el 2023 resulta inalcanzable para el oficialismo.

No habría que descartar, en ese sentido, que algo pueda empezar a tramarse en el Senado. Embretaría a Juntos por el Cambio. Un proyecto que disponga un empoderamiento de los gobernadores para manejar los planes sociales. Los mismos --al menos 14 de ellos-- que le reclaman a Alberto por la inflación y la falta de gasoil. Aquel plural sería un formalismo. A la vicepresidenta le interesa que el beneficiado, sobre todo, sea Kicillof. Así podría privilegiar a los intendentes peronistas y a los millonarios planes que ahora mismo fiscaliza allí La Cámpora.

Sobre aquel posible repliegue de Cristina existen otros indicios. Son advertidos en el mundo judicial. La idea de desmalezar el terreno antes del posible desembarco. Uno de los objetivos prioritarios es un anhelo frustrado: destronar al procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand. El motivo es la denuncia de haber formado parte de una mesa judicial macrista en la Provincia para perseguir y detener ilícitamente a dirigentes sindicales. La causa la sustancia el juez Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud provincial. Tiene siete procesados.

Para intentar otro embate contra el procurador, el propio Kicillof encabeza un operativo. Hay ahora en la Suprema Corte de Buenos Aires tres vacantes sobre siete miembros. El gobernador inició conversaciones con un dirigente del PRO portando una propuesta seductora: que dos de los lugares correspondan a la oposición. ¿Rapto de republicanismo? Nada de eso: el trueque consistiría en que Juntos por el Cambio habilite el juicio político contra Conte Grand en la Legislatura. El diálogo quedó interrumpido por una razón. Aquel opositor consultó con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Bramaron.

Juntos por el Cambio atravesó hace poco un cimbronazo por otra negociación con Kicillof. Fue cuando resultó aprobado el pliego de Fernando Thea como titular del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC). Hombre fiel al gobernador, que estará ahora a cargo de auditar la gestión bonaerense y de los municipios. Un cargo vitalicio. La designación contó con anuencia opositora. Desató un escándalo.

Entre Buenos Aires y el Senado impera una sintonía que nunca es casual. Esta semana el kirchnerismo agitará de nuevo el proyecto para ampliar a 25 el número de miembros de la Corte Suprema. En la misma Cámara de la Legislatura bonaerense circula una propuesta para llevar a 15 el número de magistrados. Acorde con la existencia de Departamentos Judiciales. Siempre pregonan la teoría de una federalización.

Cristina constata que ninguna de aquellas iniciativas en la Justicia está redituando beneficio en las causas que mantiene pendientes por corrupción. El fallo unánime de la Corte Suprema que rechazó todos los recursos de su defensa en el juicio por la adjudicación discrecional de la obra pública en favor de Lázaro Báez significó un golpe duro. No sólo tumbó la posibilidad de que el proceso sea interrumpido. La chance de que al final resulte con alguna condena –difícil que sea como jefa de una asociación ilícita—podría abrir la puerta a otra desgracia: la revisión del sobreseimiento en Los Sauces-Hotesur, en la cual están implicados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

La explicación es sencilla. De comprobarse el favoritismo por Báez cerraría el millonario e inexplicable movimiento de dinero en aquellas empresas dedicadas a explotar hoteles y alquilar propiedades. Se trata del delito precedente a la acusación sobre lavado de dinero.

El trámite está en manos de la Sala I de la Cámara de Casación. La integran Daniel Petrone –a quien Cristina maltrató en público en la audiencia por la causa del dólar futuro, en la que fue sobreseída-Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. Esta jueza es la única que despierta la confianza kirchnerista. Su misión, si los otros votos fueran desfavorables, sería demorar el desarrollo del caso.

Antes de eso, la vicepresidenta debe aguardar los alegatos por el juicio de Vialidad. Existen al respecto impresiones encontradas. El doctor Carlos Beraldi, defensor de Cristina, sostiene que el desarrollo del juicio habría sido hasta ahora favorable a su clienta. El abogado comenzó a recibir objeciones en el entorno cristinista porque los resultados no estarían siendo los que venía augurando. Ciertas explicaciones públicas suyas últimamente llamaron la atención por la falta de rigor.

Como contrapartida, el fiscal Diego Luciani se apresta a un severo alegato en detrimento de la vicepresidenta. Con pedido de condena. Solicitó para su exposición seis días de reserva de seis horas cada uno. El acopio de pruebas lo forzó a pedir ayuda.

Sobrevuela otro temor en forma de interrogante en el Instituto Patria. ¿Podrá tener algún impacto el escándalo del avión venezolano-iraní en la revisión del sobreseimiento en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán? El asunto también está en manos de la Sala I de la Cámara de Casación. Pero la audiencia para considerar el tema se estipuló recién para el 29 de septiembre.

Sucede que las sospechas sobre el papel del vuelo de Emtrasur con 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes no dejan de multiplicarse. La sombra de Teherán se agiganta. El juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona continúan recabando pruebas. La presión de la comunidad judía aumenta. Faltan 22 días para la conmemoración del 28 aniversario del atentado en la AMIA que dejó 85 muertos. La autoría se adjudica a Irán.

El episodio revela también la indefensión en que se encuentra la Argentina. Nada mejoró luego de las dos tragedias de los 90 y la muerte misteriosa de Alberto Nisman, el fiscal que investigaba el Pacto con Irán. Entre que el Gobierno se percató de la presencia de la máquina y se confirmó que uno de los pilotos era, en efecto, miembro de la Guardia Revolucionaria Quds se perdieron nueve días. Los que demoró el FBI en enviar la información.

La Argentina dispone en Ezeiza de una máquina lectora de huellas dactilares que opera la Policía Aeronáutica. Otra está en la Triple Frontera a cargo de la Gendarmería. ¿Por qué no se activaron para corroborar que Gholamreza Ghasemi era quién es? ¿Inoperancia o complicidad?

La deficiencia de nuestro país contrastó con la rápida reacción de Uruguay y Paraguay. Pero tampoco reluce todo. En Asunción quedó observado el vicepresidente Hugo Velázquez. Supo en otro tiempo ser fiscal en Ciudad del Este. Se le atribuyen nexos, que niega, con el grupo Hezbollah. Es probable que la historia del avión, si no se tapa, recién esté empezando.

Eduardo van der Kooy

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