Viernes, 26 Agosto 2022 08:47

El Presidente reclama el único derecho que no tiene - Por Ignacio Miri

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Cualquier ciudadano puede expresarse sobre las causas judiciales en trámite. Excepto uno: Alberto Fernández. 

La Constitución Nacional tiene un artículo específico dedicado a prohibir algo que está haciendo Alberto Fernández desde hace meses. Es el artículo 109, y dice así: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. 

El texto es bastante enfático. No dice que el Presidente no puede arrogarse el conocimiento de causas pendientes. Dice que no lo puede hacer en ningún caso. Nunca. ¿Y si lo dice en una entrevista? No. No puede. ¿Y si lo dice en broma? No, no puede. ¿Tampoco puede opinar un poquito? No. ¿Y ver cómo viene la causa? No. ¿Lo puede hacer en algunos casos? No. En ningún caso.

Esa restricción forma parte del núcleo del Derecho Constitucional desde sus inicios en el mundo, y, además, tiene su propia historia en la Argentina. El artículo ya figuraba en la Constitución de 1853. Era el número 92 y tenía una formulación casi idéntica, alterada sólo porque el país se llamaba de otra manera: “En ningún caso el Presidente de la Confederación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes, o restablecer las fenecidas”.

La idea sobrevivió a todas las modificaciones posteriores de la Constitución y llegó hasta la Constitución que rige hoy, lo cual indica, entre otras cosas, que es uno de los pocos enunciados que mantuvo consenso a través de los siglos, en una Argentina en la que los acuerdos escasearon y las convulsiones sobraron. También estaba en la Constitución de 1949, por si hiciera falta aclararlo.

En la entrevista del miércoles en TN, el Presidente quiso responderles a los fiscales que habían mostrado su alarma por esa actitud que venía tomando en sus apariciones públicas recientes. “No sé dónde estudiaron -dijo el Presidente para minimizar las denuncias- pero quiero aclarar algunas cosas. Nosotros vivimos en una república donde hay tres poderes. Los tres dictan actos de gobierno. Los fallos son susceptibles de la crítica pública. Ningún funcionario tiene más derechos que un ciudadano, pero tampoco menos. Y como Presidente tengo derecho a expresarme, máxime cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia y en esta causa”, dijo Fernández, tras presentarse como alguien criado por un juez y que da clases de Derecho desde hace 30 años.

Eso es exactamente lo que prohíbe la Constitución. Cualquier ciudadano puede expresarse sobre las causas en trámite. Excepto uno: el Presidente de la Nación. Fernández, a su vez, tiene derecho a expresarse sobre cualquier cosa. Puede hablar sobre Gabriel Milito, sobre Argentinos Juniors, sobre Mauricio Macri, sobre el FMI, sobre Cristina Kirchner, sobre el canal TN o sobre cualquier otro tema. Pero esa libertad tiene una sola restricción -un precio módico, por cierto-, la que postula el artículo 109: “en ningún caso” puede hablar sobre las “causas pendientes”.

Los ciudadanos lamentamos que los presidentes tengan cercenado ese derecho que tanto le gusta ejercer a Fernández, pero agradecemos que los constituyentes lo hayan puesto allí para defendernos de los enormes poderes que tienen las personas que ocupan el Poder Ejecutivo. La Constitución, a pesar de los deseos del Presidente, nos sirve a los ciudadanos. No es una enumeración de los derechos de los habitantes de la Quinta de Olivos. Es una protección para los que estamos del lado de afuera.

Ignacio Miri

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