Domingo, 25 Septiembre 2022 07:50

Villas, nuevo desafío al acuerdismo - Por Ignacio Zuleta

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En poco tiempo debería tratarse la prórroga y ampliación de la llamada Ley de Villas, aprobada en 2018. 

El Congreso se distrae a veces con proyectos simbólicos e improvisados como sacar en el Senado una ampliación de la Corte por 36 a 33 y con portabilidad numérica –como los teléfonos-, bien le valen al oficialismo 9, 15 o 25 integrantes. 

Esta semana tiene la oportunidad de concentrar energía legislativa en algo más solvente, como es la reforma de la ley de villas, la norma que se aprobó en 2018 con una casi unanimidad de lo votos de todos los partidos y en las dos cámaras.

Esa norma, inspirada por la cúpula del gobierno de Cambiemos y las organizaciones “cayetanas” que responden el papa Bergoglio habilitó a que el Estado expropie terrenos en más de 5 mil barrios populares de todo el país que estuvieran ocupados al año 2016.

El actual gobierno intenta prolongar la vigencia de la norma, que fue objeto de una concertación en la que participaron Juan Grabois, líder de la CTEP – la principal organización de la economía popular -, y el vicejefe de gabinete Mario Quintana- un hombre formado en la economía de mercado, pero también en la pastoral villera que inspiró a Jorge Bergoglio, el ex asesor de Macri Fabián Rodríguez Simón, y que fue al recinto firmado por Mario Negri, Elisa Carrió y Nicolás Massot, jefes de bloque de la UCR, la Coalición Cívica y el PRO.

No es imaginable un producto más sólido de la capacidad de consensos políticos cuando hay una visón del interés público, que incluye el interés también partidario. La sanción de esa ley aportó una visión nueva en la percepción de la pobreza y la economía popular y, además, redundó en una paz social en las calles durante el mandato de Cambiemos del que no ha gozado el gobierno de los Fernández.

Bergoglio vigila su herencia

La reforma que analizará un plenario de comisiones de Diputados el próximo miércoles afecta detalles de procedimiento, como agregar barrios a la nómina de la ley original de 2018, extender el plazo de suspensión las expropiaciones, crear un fideicomiso como instrumento para el financiamiento y establecer que, al menos, el 25% de la obra en barrios populares debe ser ejecutada por cooperativas y/o trabajadores de la economía popular. Nada del otro mundo.

Lo importante es que será un laboratorio para examinar si continúa en el tiempo ese consenso que en 2018 permitió la aprobación de la ley.

Aquel año fue el del acuerdo con el FMI, algo que crispó las relaciones entre la administración Macri y la oposición y no ayudaba para un acercamiento como el que permitió esa ley. Se impuso la necesidad y un elemento central, que es la inspiración de Bergoglio, que ha condenado siempre la polarización como un veneno de la vida política y ha dedicado su influencia política sobre quienes lo siguen a sostener la necesidad de la paz en las calles.

El gobierno de Macri tuvo buenas relaciones con este Papa, mejores que las que tienen los Fernández, y más con Sergio Massa de ministro de Economía y abanderado principal del oficialismo.

No fue casual que una de las ponentes en la audiencia de esta semana en Diputados, en representación de las organizaciones destacase el apoyo del monseñor Gustavo Carrara. Este sacerdote es auxiliar en la diócesis de Buenos Aires y es considerado un cura villero. Vigila todos loes emprendimientos que dejó el actual Papa. El debate demostrará si las partes han revisado el ánimo que llevó al peronismo y a Cambiemos a aquel entendimiento que parece resistir el paso del tiempo.

Esta ley es nuestra, dice el macrismo

El miércoles hubo una sesión informativa de Comisión en la cual la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, Fernanda Garcia Monticelli, reivindicó el éxito del programa, que tiene obras ya en 760 barrios de todo el país y que ha habilitado 170 mil obras en el programa Mi Pieza, que financias obras de refacción en casas en villas.

La diputada del PRO, Silvia Lospennato reivindicó para su formación Cambiemos la autoría de la ley de 2018 y nadie levantó la voz para negarlo. Mencionó a los tres firmantes del proyecto. “Esa ley es nuestra”, me dijo al salir.

Con eso adelantó que su bloque apoyará la prórroga de la ley. Monticelli y la secretaria de Estado Fernanda Miño, autoridad máxima del programa como Secretaria de Integración Socio Urbana, afirmaron lo mismo. Agregaron que, esperan, además, que salga también por unanimidad, como ocurrió con la Ley 27.453 de 2018.

PJ y sindicatos, temen a las organizaciones

Para oficialismo y oposición les significa un esfuerzo lograr acuerdos hacia adentro de sus fuerzas. El programa es vicario del liderazgo de las organizaciones sociales identificadas principalmente en Grabois. Este dirigente tiene serias diferencias con el gobierno, tanto que amenazó con que sus diputados – tres – abandonarían el bloque del Frente para la Victoria.

Se suma a las críticas del cristinismo por la agenda de Sergio Massa como continuador de un programa rechazado por ese sector ya desde los tiempos de Martín Guzmán. Postergó el alejamiento por solidaridad con la vicepresidente después del ataque violento que sufrió.

También recibió seguridades del Senado peronista de que prosperaría la creación de un “ingreso complementario” para los más pobres, antesala de un debate sobre el salario básico universal.

Las relaciones de Grabois con el cristinismo no ha sido siempre pacíficas y menos con las organizaciones de izquierda y el sindicalismo formal, que temen que el fenómeno de la economía popular prospere en el sistema político.

Tampoco lo han sido con el PJ, que ha puesto bajo la lupa los resultados de las elecciones de 2021, para saber cuánto del voto que perdieron en muchos distritos, se debe a formaciones identificadas en las organizaciones sociales.

En esas elecciones las dos coaliciones perdieron votos respecto de 2019. El oficialismo perdió casi 4 millones de votos. Cambiemos perdió apenas 600 mil. El oficialismo no puede arriesgar más drenaje de votos en 2023. Eso le da un valor a las organizaciones que facilitarán la aprobación del proyecto.

Otra de Macri vs. Larreta

El debate es más jugoso en la oposición. En Juntos por el Cambio hay disidencias de programa no saldadas desde la salida del poder en 2019. Este sábado el interbloque hizo una reunión de emergencia – por el día – para revisar los proyectos y resolver con qué argumentos irán al plenario de comisiones que sesionará el miércoles.

El sector del PRO identificado con Macri concentra sus esfuerzos dialécticos en sostener principios ideológicos como los que expresan Miguel Pichetto y Patricia Bullrich. Ese sector es crítico, en palabras de Pichetto, del pobrismo que inspira a las organizaciones sociales. Bullrich siempre criticó las relaciones con las organizaciones por el manejo del orden público.

Los dos han criticado también los efectos clientelísticos de los acuerdos por las leyes Bergoglio como si el auspicio a la Ley de Emergencia Social (N° 27345, de 2016) que estableció el salario complementario a los pobres) o la ley de villas condujesen el voto. Con esa ley vigente el peronismo perdió las elecciones de 2017 y 2021. El clientelismo es una hipótesis muy repetida pero pocas veces probadas.

La jueza María Servini tiene en su juzgado una denuncia contra funcionarios del gobierno de Cambiemos por haber instrumentado, presuntamente, pagos a fiscales a través del pago de un “bono secreto” de $ 5 mil. Si fue cierto, no le sirvió a aquel gobierno para ganar las elecciones presidenciales. ¿Dónde quedó el rédito electoral de los 180 mil millones de sobregasto hizo el gobierno para las legislativas del año pasado? Regaló plata y perdió mal. La gente vota por el bolsillo, pero también por otras cosas, y muchas veces más importantes.

Se discute un fondo de $79.000 millones

Dentro de Cambiemos, Horacio Rodríguez Larreta ha incorporado la llamada Economía Popular a su gestión y también a sus proyectos como candidato.

Carolina Stanley, que negoció aquella ley desde el ministerio de Desarrollo Social, ocupa un alto cargo en el gobierno larretista – es Asesora General en Ministerio Público Tutelar de la CABA. Mario Quintana sigue cerca de Elisa Carrió, patrocinante de aquella norma.

Juan Manuel López, jefe del bloque de la Coalición dijo, antes del zoom de este sábado del bloque JxC, que su partido apoyará la prórroga de la ley.

Macri mismo se ha erigido en crítico de un “populismo light”, franja ideológica difusa que podría atribuir tanto al larretismo, como al peronismo moderado que se identifica con él, pasando por el radicalismo. Pero no ha abjurado de esa experiencia, aunque sus adláteres busquen distancia de las organizaciones.

Es más, uno de los últimos decretos que firmó antes de dejar la presidencia en 2019 fue la creación del FISU - Fondo de Integración Socio Urbana – que tiene como financiar las tareas para cumplir con la Ley 27.453 de 2018 (Decreto 819/20199). Tiene una vigencia de 30 años y fue puesto en funcionamiento de este gobierno. Ese fondo recibe parte del impuesto a los superricos, del llamado Impuesto País sobre el dólar y de créditos internacionales.

La Secretaría Monticelli informó en la comisión del miércoles que llevan recaudados más de $ 75.000 millones. El nivel de ejecución es alto, y los remanentes están invertidos en bonos del tesoro a través de la ANSeS, como indica la ley. “Nos asesora gente que sabe de eso”. Se refiere a Marcos Cleri, que ha pasado este mes del Fondo de Garantías del ANSeS a la vicepresidencia del Banco Central.

Entre las preguntas que lleva la oposición a la comisión de este miércoles es “¿Esa plata no estará en Leliqs?”. También llevarán las objeciones de algunos gobernadores e intendentes a la inclusión de barrios en zonas inconvenientes porque pueden estar en zonas inundables. Los obligaría a obras complementarias de infraestructura a cargo de su presupuesto.

La fragilidad de un fondeo con tributos tóxicos

El centro del análisis de la oposición será seguramente la fuente de financiamiento del programa, basado en dos impuestos tóxicos para Cambiemos. El impuesto PAIS ejecuta parte del cepo cambiario y tiene vigencia por 4 años más. La oposición promete, si gana las elecciones, eliminar el cepo y bajar los impuestos.

El gravamen sobre las grandes fortunas fue, en la letra, por un solo año y posible que el gobierno intente extenderlo en el tiempo. Cambiemos lo rechazará.

La oposición debe poner en el balance el acierto de aquella ley y el beneficio que puede traer, y el costo que puede tener ante un electorado que rechaza el cepo, el tributo a las fortunas y se queja que la carga tributaria en la Argentina es exagerada y en algunos casos confiscatoria.

El resultado de esos debates probará si es posible renovar acuerdos plurianuales, por encima o por debajo de la dinamita que se cruzan en la superficie. El resultado es clave porque estos emprendimientos no se hacen de un día para el otro. Tardan años y para eso no pueden estar merced a los cambios de gobierno.

Importa la calidad y la cantidad de votos con el que se aprueban. Leyes sacadas con el filo del quórum como la ampliación de la Corte van a durar pocos años. La tera del legislador no es ganar partidos por un voto. Es construir mayoría en torno a proyectos sustentables. El mérito de la aplicación ha sido la prudencia porque es una revolución social emprendida por un gobierno como el de Macri, del cual nunca se esperarías revoluciones.

Un plan similar para las granjas familiares

Esa prudencia ha impedido que se desatase la leyenda de que el Estado es una máquina de expropiar y que avasalla el derecho de propiedad-. Cambiemos nunca hubiera apoyado una norma como la de 2018 y le costaría ir para atrás ahora. De que avance dependen otros proyectos, como el que busca aplicar el mismo sistema de uso de tierras ocupadas para promover agricultura en el formato familiar o de la misma economía popular.

Hay un acuerdo que firmó el equipo que construyó estas leyes con el ministerio de Agricultura cuando estaba allí Julián Domínguez, otro bergogliano. La base de un proyecto que puede llegar a ser tratado en marzo de 2023, con el mismo sistema de consensos que se usó en la ley de Barrios Populares.

Comienza con la creación de un registro de las parcelas catastrales y los datos de las familias que trabajan en ellas. También, como en las villas, se extenderá un certificado que brinde seguridad en la tenencia para las y los productores. El proyecto supone que hay 100.000 familias de pequeños productores, sin seguridad en la tenencia, hoy producen más del 60% de los alimentos que se consumen en las ciudades.

El sistema de leasing, según un modelo copiado de Israel – según el proyecto - prevé alcanzar a 45.000 contribuyentes que puede pagar un arrendamiento de un canon promedio de $ 10.000 mensuales por Unidad Agrícola Social. Previendo un 10% de morosidad, la primera recaudación anual rondaría los $ 5.400 millones.

Ignacio Zuleta

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