Domingo, 13 Noviembre 2022 05:32

La Corte, forzada a redoblar contra Cristina - Por Ignacio Zuleta

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El tribunal está obligado a hacer jurar a Luis Juez como representante de la segunda minoría para el formato del Consejo de la Magistratura. 

Nadie espera que la Suprema Corte de Justicia, después del mandoble al oficialismo del Senado, deje espacio y tiempo para que su orden de que Luis Juez represente, por el PRO, a la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura, sea desairada. 

El cristinismo sacó pecho apenas se conoció la sentencia, que desbarató la simulación de los bloques desdoblados para quedarse con los cargos de la mayoría y la segunda minoría. Esperó – como en una provocación – a tener los dos bloques sentados en la misma mesa para decir que Cristina de Kirchner tiene derecho a dos pensiones y, además, a dos representantes en el Consejo de Jueces.

El gesto mismo de sentarse juntos los dos bloques pareció una declaración de guerra que el tribunal no dejará pasar. Está obligado a redoblar la parada y hacer jurar a Juez como representante de la segunda minoría para el formato del Consejo, que vence el próximo viernes 18, y también para la nueva etapa que se inicia con los 20 miembros.

Es impensable que Horacio Rosatti no extreme las medidas para resguardar su autoridad como presidente de la Corte y del Consejo. La decisión lleva la firma de Juan Carlos Maqueda, el juez más antiguo del tribunal y con más recorrido en la política. También la firma Carlos Rosenkrantz, asesor de Raúl Alfonsín en los años de la naciente democracia.

De esa experiencia habrá recordado el dictamen del expresidente ante las crisis militares: hay una sola orden que no se puede dar, y es la orden que no se cumple. ¿Qué pasaba si ordenaba detener a un carapintada y el comandante no cumplía la orden? Mejor morder el freno. La Corte está obligada a hacer cumplir la orden de designar a Juez, de la forma que sea. Si no lo hace, habrá perdido la batalla.

La meta, paralizar la Justicia

Nadie espera que la Corte se rinda fácilmente. Esa firmeza es la palanca que busca aprovechar el oficialismo para cumplir con el plan de producir una parálisis del sistema judicial, que el cristinismo impugna desde la década pasada, cuando Cristina de Kirchner intentó una revolución institucional que frenó la propia Corte.

Desde 2019 se han sumado a la impugnación matices de diversos tonos. Algunos ligados a la suerte judicial de los funcionarios del mandato anterior a 2015. Han funcionado con cierta eficacia: han logrado ralentizar los procesos, que siguen sin resolverse tras cuatro años de fernandismo. En este episodio se agrega otro elemento: el peronismo que gobierna entiende que va a perder las elecciones de 2023. Lo ha explicado con todo detalle la familia Kirchner.

Esa convicción, ligada a la mirada crítica que tiene sobre la gestión de Alberto, precipita una estrategia de sumir más a la justicia en un conflicto de poderes, que haga menos eficiente su funcionamiento y deteriore su prestigio.

Ese peronismo no tiene proyecto de gobierno para 2023, y lo que menos quiere es dejarle a quien lo suceda, un sistema judicial que funcione. La política de tierra arrasada y de "don´t take prisoners" obliga a que Corte actúe en los próximos días con severidad en defensa propia.

El camino más plausible es que el entuerto vuelva a la justicia, y que la Corte cumpla con el pedido de Juez de que le tome juramento. La parte resolutiva del fallo del 8 de noviembre le deja al propio consejo una instancia previa que amortigüe los disparos. En el punto 4 indica: "Comunicar la sentencia al Consejo de la Magistratura de la Nación a fin de que disponga lo necesario para cumplir con lo resuelto."

Con eso le deja al Consejo la posibilidad de que por las suyas le dé un cierre digno al conflicto. Es también una oportunidad para que el propio Consejo elija de qué lado está. El cristinismo no se quedará quieto y está dispuesto a llevar el caso a los tribunales internacionales. Un paso ideal para empastar más el funcionamiento de la justicia, que es lo que busca desde hace años.

“Respetar la República democrática”

Conviene consignar las razones que da la Corte para esta decisión: señala al oficialismo del Senado como responsable de quebrar las reglas de la democracia republicana. “Las conductas descriptas, encaminadas a la obtención de un rédito político violentando la finalidad y el espíritu de las normas que gobiernan el procedimiento aquí cuestionado, imponen recordar que, como ya ha sostenido este Tribunal en otras ocasiones, la obligación de respetar y acatar el proyecto de república democrática que establece la Constitución Nacional pesa también sobre los partidos políticos, por su condición de instituciones fundamentales del sistema democrático (artículo 38 de la Constitución Nacional), (Considerando 14 del fallo)”.

Esta acusación no es trivial en un momento cuando los sistemas políticos de la región están en crisis y se demuelen liderazgos que sostenían el prestigio de gobiernos de derecha (Chile) o de izquierda (Bolivia). La Argentina conserva signos de estabilidad, que no es frecuente observar ni en la región ni en el resto del mundo. Lo reconoció esta semana Felipe González en el encuentro que mantuvo en el hotel Alvear con empresarios y dirigentes del oficialismo y la oposición: ustedes todavía tienen “la espita [la válvula] de las elecciones”. Hay alternancia de gobiernos, como ocurrió entre 2015 y 2019, sin que el sistema muestre señales de debilidad.

Otra victoria de la oposición: humedales

Ese conflicto ocupará el firmamento de los próximos días y será la prueba de fuerza entre los poderes políticos e institucionales. Ocurre en un contexto con novedades, algunas perceptibles y otras imperceptibles. Entre las primeras figuras la unidad demostrada por la oposición al lograr imponer un dictamen de mayoría en el proyecto de ley de humedales, uno de los asuntos más complejos que discute el Congreso.

La protección de los humedales de todo el país obliga a incluir consignas ambientales en proyectos económicos y a una convivencia de jurisdicciones. Encontrar la armonía y el consenso en ese territorio tan complejo es intentar la cuadratura del círculo, en un contexto de cruda ideologización como ocurre con los temas ambientales, en los que se discute la vida o la muerte y se suelen imponer las posiciones maximalistas.

Los 57 votos de Juntos por el Cambio sumaron a todos los diputados de la oposición de las tres comisiones que sesionaron el jueves. Quebraron la hegemonía del oficialismo, que juntó 47 votos, debilitado por la reticencia de los gobernadores, que no se ven expresadas por el dictamen de minoría.

Este dictamen establece prohibiciones generales para actividades y prácticas, entrometiéndose en las facultades de las provincias para decidir los usos del suelo. Lo que se pueda hacer en cada humedal, y de qué forma, es algo que deberá decidir cada una de las jurisdicciones en el marco de sus ordenamientos territoriales.

Las diferencias son, según una minuta elaborada por uno de los protagonistas del debate: La Autoridad de aplicación en el proyecto de Cambiemos es compartida: Ambiente y Agricultura. Ese dictamen deja la elaboración del inventario de humedales a la Nación, y el dictamen de minoría a las provincias. Los dictámenes confían el ordenamiento territorial a las provincias, pero Cambiemos exige leyes provinciales.

Los héroes de este debate son Maxi Ferraro (Coalición), Ricardo Buryaile (UCR) y Graciela Camaño, del Interbloque Federal, quien para estar el jueves en el debate final adelantó su regreso de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realiza en Sharm el-Sheikh (Egipto). Esa victoria del oficialismo en el plenario no es definitiva, porque hay consenso en el recinto que habrá modificaciones para que nadie quede herido, ni se perjudique la protección del ambiente o la necesidad productiva, que desvela a los gobernadores que temen terminar administrando parques nacionales intangibles.

La carga de la brigada celeste vació el quórum en Diputados

Esta victoria perceptible de la oposición ocurrió a pocas horas de haber terminado la sesión del miércoles en Diputados, que se cayó por acciones embozadas de sectores de opinión, que dejaron al cuerpo sin quórum para votar la aprobación, con estatus constitucional, del tratado de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Pará”).

Se trata de un convenio interamericano apr“bado en 1994 que protege lo” derechos de la mujer de todas las formas de violencia. Este tratado, para tener rango constitucional, debe aprobarse con el voto de 2/3 del total del cuerpo. Ya había costado conseguir ese número en el Senado y en la sesión del miércoles en Diputados, se necesitaban 170 votos para ser aprobado.

La letra del tratado desató la movilización de los sectores “celestes” que entienden que puede ser, según se lo interprete, una norma que refuerza la legalización del aborto, que ya es ley en la Argentina. Esos sectores cuestionan la tarea de una comisión de expertos de la OEA que se identifican con la consigna de la despenalización.

El proyecto estaba al final de la lista del orden del día del miércoles, y puso en acción al llamado “Grupo de Incidencia Política del Frente Joven”. Este grupo de presión – con terminales en las iglesias católica y evangélica – se identifica con las consignas celestes contra el aborto y actuó con éxito en el Senado en 2018, logrando el voto negativo al proyecto de despenalización que había promovido el gobierno de Macri. No tuvieron el mismo éxito en 2020, cuando se aprobó la legalización hoy vigente.

El grupo presionó en la noche del miércoles a todos los bloques, en particular a los de la oposición. Se benefició de un oportuno debate en la oposición por otros dos proyectos ajenos a esta convención, que llevó al bloque del PRO a retirase del recinto y dejó a la cámara sin la cantidad de votos para juntar la mayoría calificada. Los promotores del convenio se apresuraron a retirar el proyecto y dejarlo para otro momento. De nuevo la puja entre celestes y verdes, que parecía dormida, actuó como motor de una sesión con rasgos novelescos. Todo ocurrió entre líneas, nadie sabía por qué se peleaban, y de pronto, la cámara se quedó sin número para votar.

Cristina presidenta, pero sin autoridad

También fue perceptible una algarada partidaria del PJ que se hizo con Cristina de Kirchner a cargo de la presidencia, por el viaje de Alberto hacia el universo mundo.

Un grupo de dirigentes que al parecer interpretan que hay un cambio de ciclo, le hizo un homenaje por todo lo alto al legendario Juan Carlos Mazzón, el “Chueco” que tuvo a su cargo la estrategia electoral de varios gobiernos peronistas, incluyendo los del ciclo Kirchner.

Ocurrió en la Universidad de los Porteros que anima Víctor Santamaría, que alberga al ex ministro de Educación Nicolás Trotta. Inauguraron allí el “Instituto de Federalismo Juan Carlos Mazzón”. Estaban Santamaría, Diego Bossio, el ex senador Dalmacio Mera, los diputados José Luis Gioja y Rosana Bertone, el ex gobernador Eduardo Fellner, y se proyectaron videos de reconocimiento de José Luis Manzano ("Fue mi jefe...", recordó Cototo), de los gobernadores Gildo Insfrán, Raúl Jalil y Juan Manuel Urtubey (mandato cumplido en Salta), y del embajador en Paraguay, Domingo Peppo.

Este grupo no olvida que Mazzón fue víctima de las iras de Cristina de Kirchner (dueña por estas horas de la lapicera) en la interna del PJ de Mendoza en 2015, cuando la agrupación inspirada en la conducción del Chueco derrotó con Adolfo Bermejo al cristinismo de esa provincia, representado por Guillermo Carmona, que había desplazado a Mendoza a más de 300 dirigentes de la provincia de Buenos Aires para reforzar las chances, y que se alojaron en cuarteles de la brigada local. Ocurrió en abril de 2015. A los dos días Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico, citó en su despacho a Mazzón, que tenía el cargo de coordinador general de Asuntos Político-Institucionales de la Unidad Presidente, con la categoría de Secretario de Estado, desde la presidencia de Néstor Kirchner.

Desde ese cargo había armado la fórmula Cristina-Cobos de 2007. El Chueco concurrió acompañado por su subsecretario, el rionegrino Jorge Franco, hoy estratego principal de Miguel Pichetto. Zannini los distrajo con algunas naderías y les señaló la puerta con esta frase: "Ah, quiero sus renuncias”. Mazzón respondió: “Decile a Cristina que la renuncia está siempre, pero que me llame y me lo diga ella". Pasaron 24 horas, ella nunca llamó y dejaron las renuncias en mesa de entradas. Mazzón ya trabajaba para la candidatura de Daniel Scioli y lo hizo hasta el 7 de agosto de 2015, cuando murió de un infarto.

Ignacio Zuleta

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