Domingo, 20 Noviembre 2022 04:58

Una democracia de vivos - Por Ignacio Zuleta

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El peronismo convirtió una querella reglamentaria en un conflicto de poderes. 

Con el plumazo de la aliada Claudia Ledesma de Zamora, que designó los dos senadores del oficialismo en el Consejo de la Magistratura – uno por la mayoría y otro por una ficticia segunda minoría – el peronismo convirtió una querella reglamentaria en un conflicto de poderes (de paso la senadora Zamora se autodesignó como consejera suplente). 

Comprometió a los bloques que responden a los variados sellos del peronismo y sus aliados, a que con 37 votos hiciera suyas las decisiones de toda la cámara. Una peregrina idea que sólo puede opciónar más la cuestión. Incurre en otras desmesuras. Por ejemplo, darle entidad legislativa a la decisión de las minorías opositoras del Senado, que no necesitaban ese blindaje. Se lo dieron para justificar la patraña de los dos bloques.

Cristina de Kirchner no tiene nada que ver con esto, argumentó la senadora Juliana Di Tullio, al finalizar la sesión del miércoles. Nadie le cree mucho, y menos viniendo de quienes creen que es la jefa esclarecida de la revolución pendiente. Eso convierte una decisión política libre en un compromiso legislativo. Ya lo usó Cristina en 2013 para darle músculo al intento de acuerdo con Irán, para juzgar en un tercer país a los acusados de las atrocidades en la AMIA. Ahora echa mano de este recurso de emplear el voto, que debería quedar reservado para decisiones de Estado, y no para respaldar medidas de gobierno o de partido.

En el caso del protocolo con Irán se comprometieron voluntades de las dos cámaras sin que ese acuerdo hubiera sido perfeccionado con la aprobación de Irán. Este país nunca lo hizo, ni su Ejecutivo ni el Congreso de Teherán. La prisa por recubrirlo de votos era para amortiguar el rechazo que recibiese ese acuerdo en el público. Lo votó el Congreso, vayan a reclamar allá.

El ardid del Senado, un acto de corropción

Ese ardid le servía para descargar responsabilidades. Un uso frívolo del poder, que el sistema le otorga a un presidente. Esta vez el mismo recuerdo sirve para darle envergadura de Estado a una decisión mudable y pasajera de una colectividad política.

El aliado rionegrino Alberto Weretilneck, acusó a la Corte de un fallo que "echa por tierra toda la dinámica" de la política, cuando dice que el desdoblamiento de bloques es un ardid. Va más allá, cuando amenaza con un juicio político al tribunal porque impide a los senadores el ejercicio de la "facultad y el derecho a organizarnos de la manera que nosotros creamos que es la más conveniente".

Crear un segundo bloque de ficción es más grave aún: es una malversación del voto popular. Los senadores que constituyeron el bloque del Frente Todos tiene un origen en las urnas y llegaron a sus bancas para responder a un mandato. No pueden acomodarlo a la "dinámica" de sus intereses como argumentó el senador Weretilneck. Reacomodar el mandato licua su representatividad de la misma manera que la llamada ley de lemas es otra malversación del mandato del voto.

¿Es legal? Quizás sí. ¿Es legítimo? No. Y el requisito de legitimidad es en estas intersecciones tan fuerte como el de legalidad. Lo que el Senado hace, viene a decir la Corte, es validar una democracia de vivos. Sin confiabilidad, no funciona más el Congreso, distorsiona el sentido del voto popular. Es un acto de corrupción. Oportuno, seguramente, desde el ángulo del interés privado de los protagonistas.

No lo es desde el ángulo del interés público. Ya tiene experiencia el gobierno con gestiones que colapsan cuando rifan su mandato. La actual administración llegó al poder en 2019 con un conflicto de mandatos: Alberto, Massa y Cristina no podían representar mundos más diferentes, por origen, ideología y objetivos. Ese conflicto de mandatos le quitó eficiencia a la gestión, que ha fracasado distraída por objetivos de ocasión. Una dinámica del fracaso.

Consejeros con la VTV observada

En las primeras horas del jueves la Corte tomó posición ante esta votación del Senado, que plastifica el milagro de la multiplicación de los bloques. Veamos: 1) el Senado repite el ardid. Este criterio es clave porque ya no se trata de que el desdoblamiento anterior ocurriera antes del fallo que ordenó el nuevo formato del Consejo.

La descalificación del ardid se proyecta sobre esta nueva decisión del oficialismo; 2) el presidente de la Corte (y del Consejo) le va a tomar juramento a los consejeros que le pida el Consejo. Este Consejo no ha sesionado en plenario desde julio pasado, y no está claro si lo hará en medio de este conflicto; 3) La Corte ya avisó que le tomará juramento esta semana a los consejeros que tengan los papeles en orden.

Advirtió que esos juramentos están condicionados a los resultados de las impugnaciones que existen sobre algunos de ellos, como el juez Alberto Lugones o los que vienen de las universidades, que fueron designados según un sistema que impugna la UBA. Hay que agregar las impugnaciones que sobrevienen de las denuncias contra el oficialismo, por designar a Martin Doñate por la segunda minoría del peronismo.

Hay 4 representantes, en suma, con la VTV provisoria, que van a revisión de papeles, sobre un total de 20. Decidirá Horacio Rosatti si abre la nueva era del Consejo en estas condiciones, cuando el final de la era anterior se desangra en sórdidas noticias policiales (diría Borges). El Consejo que cesó el viernes 18 se fue sin pena ni gloria. Ni un champán de despedida. Se dieron la mano entre ellos sin el boato que suele rodear todos los actos del gremio abogadil. Y más cuando se retiran leyendas, como han sido Graciela Camaño o Pablo Tonelli.

El objetivo, empastar el funcionamiento de la justicia

Se pregunta la platea, ¿qué ha querido el oficialismo al promover el conflicto de podres por el Consejo de la Magistratura? Hay un primer propósito, que es ganarle una pulseada a la oposición y a la Corte, adversarios naturales del peronismo gobernante. Buscar poder y sentar doctrina.

El gobierno ha mostrado hace rato una concepción de la justicia que está fuera del orden constitucional argentino. Este peronismo no ha abjurado del contenido de la ley de democratización de la justicia, que volteó a la Corte en 2013. Cree que los consejeros de la magistratura deben ser elegidos, que el mal del poder judicial es que nadie ha elegido a los magistrados en las urnas.

Han visto muchas series de TV en donde eso ocurre, pero no es la Argentina, y nada indica que eso vaya a cambiar. Cristina de Kirchner ha insistido en la necesidad de cambiar el orden constitucional para que los gobiernos estén protegidos de las corporaciones, como si el gobierno, el peronismo y los partidos no fueran corporaciones. Jorge Capitanich ha sostenido consignas del mismo corte reformista.

Cristina, como gobernante, dedica más energía y atención a esas reformas que a otros objetivos políticos, como terminar con los jinetes del Apocalipsis que son la corrupción, la pobreza, la desigualdad y los desastres naturales. No es ocioso destacar esta disidencia respecto del orden constitucional, porque hunde los propósitos del oficialismo en la sinrazón. No tiene los votos para esas reformas y con el tiempo va perdiendo más apoyos y prestigio. Las consignas terminan en lo testimonial, porque el peronismo de hoy es menos que el de hace 10 años, y menos que el de hace 20 años.

Como el acuerdo con Irán, blindaje de votos

Como todo lo que emprende Cristina de Kirchner, le sale mal o no le sale. ¿Por qué insiste? Por un propósito subalterno y más pedestre: que se detenga la maquinaria judicial, que puede comprometerla en las causas que tiene abiertas hace años en tribunales de todos los niveles.

Con la misma finalidad con que reclamó el voto del Congreso para el acuerdo con Irán o, el miércoles pasado, para blindar la decisión de desdoblar al oficialismo en dos bloques y duplicar su representación en el Consejo de la Magistratura, una invocación a altas y dignas intenciones encubre una mezquina especulación: que se detenga del funcionamiento del órgano que regula la Magistratura, que no se puedan designar jueces y que se empaste todo en la justicia, el poder al que más le teme hoy el cristinismo.

Dicho de otra manera, ninguno de estos movimientos busca un objetivo de gestión que prepare una mejora o una reforma que perfeccione el funcionamiento de la justicia.

Cristina pierde todas las batallas institucionales

Como todo emprendimiento institucional, es un llamado a un nuevo fracaso político del oficialismo. Con la institucionalización del conflicto de poderes, el gobierno le ha regalado a la oposición la oportunidad de alzarse en un frente por encima de las diferencias, que las tienen por razones proselitistas. Cada vez que la oposición le alzó un muro al cristinismo por razones institucionales, le ganó la partida.

En 2013, ese “annus horribilis” en la biografía de Cristina de Kirchner, ella intentaba una reforma constitucional para su reelección. Entre las PASO de agosto de aquel año, en donde el Frente para la Victoria sacó el 26% de los votos, menos de la mitad del 54% que obtuvo Cristina en la reelección de 2011, y el mes de octubre, la oposición del Senado hizo un pacto para negarle los 2/3 de los votos para esa reforma.

Cristina capituló ante esa iniciativa urdida por el radical Ernesto Sanz y los senadores federales – Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero y otros. Ese año hubo otro golpe institucional, cuando la Corte volteó el proyecto de ley democratización de la justicia. Fue otra derrota.

El año siguiente, la campaña contra el proyecto de código penal elaborado una comisión multipartidaria (Federico Pinedo, Raúl Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra) de los renovadores Sergio Massa y Graciela Camaño, le volvió a quebrar el brazo.

Le reprochaban a ese proyecto un exagerado garantismo, que reducía penas en más de 160 delitos. Cristina debió retirarlo. Fue en vano la mano que le dio el papa Francisco para que lo ingresase al Congreso, porque nunca ocurrió, como tampoco pudo ser designado en la Corte el secretario de la comisión que redactó el proyecto, el hoy embajador Roberto Carlés. Está probado que Cristina pierde todas las batallas institucionales cuando la oposición se le pone enfrente.

Una oportunidad para que la oposición se muestre unida

Esta vez la oposición está dispersa por el compromiso de sus caciques en la campaña para una elección que ellos descuentan como ganada. Los forcejeos por las candidaturas les impiden encontrarse para hacer un balance de esta oportunidad que les da el gobierno, para juntarse en una foto que puede producir el mismo efecto que aquellos frentes que se tejieron en 2014 y que propinaron al cristinismo grandes derrotas, preámbulo de la derrota electoral de 2015.

Ese frente hoy está hoy íntegro en el Congreso, que es de donde puede surgir el clamor que cree necesario un Mario Negri, que como no es candidato puede alzar la voz como jefe legislativo de la oposición. Falta ahora que pongan una pausa Macri, Carrió, Manes, Morales, Bullrich, Larreta, y los demás presidenciables que en el mundo han sido. Es simple ENTENDER por qué Cristina las pierde siempre todas en este terreno: las consignas que defienden la institucionalidad tienen un alto respaldo en los grandes distritos de la Argentina, en cinco de los cuales domina el voto opositor de Juntos por el Cambio, que gana allí, aunque pierda las elecciones.

Que se alce ese electorado produce pánico en el gobierno. Explica la tibieza de Cristina ante el pedido de los gobernadores para derogar las PASO: le teme al voto institucionalista de los grandes conglomerados urbanos, que le viene haciendo perder crédito, prestigio, elecciones y cuota de libertad desde la guerra del campo de 2008.

Ignacio Zuleta

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