Lunes, 28 Noviembre 2022 07:10

El ADN empresario de Sergio Massa, reclamo papal al Congreso y Mauricio Macri enfocado en Qatar - Por Ignacio Zuleta

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El ministro y sus contactos en el mundo de los negocios. Francisco pide por los envases. Y cómo apuntan las cámaras al ex presidente.

Massa gasta los últimos cartuchos 

La semana final del año legislativo registra un bello moño de acuerdismo. El jueves la Cámara de Diputados hará la llamada a sesión preparatoria del ciclo 2023, el último de la gestión de los Fernández. Está charladísima la reelección de toda la cúpula de Diputados, según el loteo de bloques que ratificará a Cecilia Moreau en la presidencia. Equivale a ratificar los acuerdos preexistentes entre los bloques y Sergio Massa, de quien Cecilia es pacífica delegada.

El contexto de estas reelecciones ilumina más allá de lo reglamentario. La fuerza que pueda tener Massa en la Cámara es central por su gestión en el ministerio de Economía, dueño hoy del único programa de gobierno. Este plan navega tironeado entre los compromisos del Ejecutivo con el FMI, con los sectores empresarios en los que Massa tiene terminales desde antes de ser ministro y, del otro lado, con los aliados en la trifecta presidencial, es decir el cristinismo.

No hay que perder de vista el ADN de Massa: entre la política partidaria y sus compromisos con el universo gerencial, ha preferido siempre lo último. En 2009 renunció a la jefatura de Gabinete de Cristina de Kirchner para despegarse de los efectos de la pelea que la presidenta había emprendido contra el empresariado. En 2016 se despegó del macrismo como un adelantado de la pelea que despuntaba ya entre Mauricio Macri y sectores empresarios. Lo importante es la salud, la política va y viene.

Massa tiene que remontar aplazos con la nueva ley de lavado

Este escenario anima la última semana del año legislativo, que el Gobierno espera aprovechar para negociar con la oposición la aprobación -o al menos el avance significativo- de tres proyectos en los que parece comprometida la gestión de Massa: lavado, envases y humedales. Uno es central para las relaciones del ministro con el FMI y el gobierno de los EE.UU., del que espera ayuda y ellos, que cierre un compromiso para transparencia fiscal, antesala de otro mega blanqueo.

Es la reforma del régimen de la UIF (Unidad de Investigación Financiera) que propuso en su momento Martín Guzmán. Busca perfeccionarlo, según nuevas recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que regula las normas antilavado en todo el mundo y califica a los países según su voluntad de transparencia. El nuevo régimen está en la mira de la oposición, que sólo dará su firma para el dictamen esta semana y su aprobación antes de fin de año, si el Gobierno admite cambios no incluidos en el proyecto de Guzmán, de quien Massa es continuidad técnica y política:

  • 1) Garantizar la autonomía de la UIF del Poder Ejecutivo, haciéndola depender del Congreso.
  • 2) Eliminar el actual Consejo Asesor, que no está inhibido de filtrar información al Gobierno de turno.
  • 3) Fortalecer la estabilidad de las autoridades de la UIF, limitando las posibilidades de remoción a causas graves y objetivas. El oficialismo cree que no le costará mucho convencer a la oposición que el interés público está mejor defendido si un gobierno tiene las manos atadas para manipular la UIF.

La Argentina, y Massa, tienen que sobreactuar la buena fe en esos asuntos ante EE.UU. En 2009, en plena campaña donde competían Massa contra el opositor Francisco de Narváez, este empresario fue objeto de una denuncia penal que pudo basarse en información que tenía el Gobierno que provenía del intercambio de información fiscal con EE.UU. Ese país suspendería las relaciones a raíz de ese caso hasta ahora.

Los envases, proyecto con terminal vaticana

El otro proyecto de compromiso empresarial de Massa es la polémica ley de envases. Necesita nuevo dictamen, después de perder estado parlamentario el año pasado. La oposición y parte del oficialismo la han demorado porque temen que el impuesto a los empresarios que no reciclen envases -3% sobre el valor del envase- sirva para crear una caja de utilidad política discrecional, con el noble argumento de remediar la contaminación ambiental.

Este gravamen implicaría, según un economista de la oposición, un aumento del IVA del 3%. También hubo disidencias en el oficialismo sobre el destino del gravamen, que administrarían el Ministerio de Medio Ambiente, contando plata ante los gobernadores, y las cooperativas de recicladores.

En éstas dominan las organizaciones sociales que, según María Castillo (directora nacional de Economía Popular, del ala cayetana, es decir bergoglista) en la Argentina reúnen a 150 mil recicladores urbanos. Para los aficionados a la simplificaciones -que son siempre útiles- el monto del negocio del reciclado puede alcanzar a más de $ 426.000 millones al año. Al tratarse de un fideicomiso, quedaría fuera de los controles de la contabilidad del Estado.

Olivos ha demorado la iniciativa por considerarla una norma anti-negocios que le quitaría respaldo en el mercado, que lo tiene hoy a Massa como una estrella, fugaz, pero estrella al fin. Los empresarios piden cautela, en particular los dedicados al reciclado, que tienen intereses "a lo Moyano" en municipios de todo el país, a través de firmas privadas y del sindicato de transportes.

Se trata de una disputa clásica por el reparto de plata. El oficialismo se prepara a ser oposición y tampoco le disgustaría para asegurarse fondos para la travesía en el desierto. No hay que perder de vista que el compromiso del papa Bergoglio con organizaciones sociales está en la reivindicación de los recolectores.

Fue a partir de la promoción de los cartoneros en la CABA hace 20 años cuando Francisco era arzobispo de Buenos Aires. Es un asunto innegociable para Bergoglio, como el combate a la trata, el juego y el aborto. Este proyecto por fondos tendría como destino asistir a las cooperativas que funcionan en los municipios. Se explica que el Vaticano reclame por el proyecto.

Tendrían que reescribir la Marchita

Parte del contexto de las decisiones del oficialismo es el pronóstico ominoso del cristinismo sobre la suerte electoral del Frente de Todos. Cristina y sus voceros proclaman a los cuatro vientos que el peronismo va a perder las elecciones de 2023 porque se embarcó en el acuerdo odioso con el FMI que, argumenta la vicepresidenta, ya tumbó las pretensiones electorales de Mauricio Macri en 2019.

Otra parte de ese contexto es la fuerza que ha alcanzado la oposición en varios frentes: ha logrado que el oficialismo tome su agenda de temas como propia. Es el peronismo el que ahora repite las consignas que planteó Juntos por el Cambio como centro de la agenda pública: lucha contra la inflación, contra el déficit, contra el default, contra la inseguridad, contra los subsidios, contra las ayudas directas a los pobres -planes vs. empleos dignos-, contra la eliminación de la interna PASO.

Si en el peronismo sobreviviera algún bardo de Estado, como en su tiempo fueron José María Castiñeira de Dios o Alfredo Carlino, obligaría a cambios de fondo en la Marcha Peronista.

El Gobierno, maniatado en todos los frentes

La mudanza en la agenda es efecto de una autocrítica sobre el déficit de la propia gestión del Gobierno. Esta mirada ha hecho carne en el público, que votó contra el gobierno en 2021, con derrotas en 13 provincias gobernadas por el peronismo. Hoy no hay encuesta de intención de voto que no esté encabezada por Juntos por el Cambio.

La oposición tiene atracado al Gobierno en muchos frentes: le maneja las dos cámaras del Congreso, que no pueden sesionar si no es por proyectos acordados, sin trascendencia estructural, o condenados a muerte, como la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura.

En un distrito clave como la provincia de Buenos Aires, la oposición lo tiene contra la pared a Axel Kicillof, que no puede sacar el presupuesto 2023. La oposición le reclama condiciones que Kicillof no puede, no quiere, o no sabe acceder.

Esta semana la oposición se levantó de la mesa de negociación porque el Ejecutivo bonaerense se negó a concederle el pedido que destrabaría todo: que el Gobierno de La Plata le adelante unos $ 82.000 millones a los intendentes de la Provincia, un seguro para que continúen obras emprendidas que todos creen son decisivas para el trámite electoral. Los delegados de Kicillof ofrecieron apenas la mitad.

Macri, cancelado en la pantalla oficial

Hasta en lo anecdótico y trivial la oposición le saca ventaja al Gobierno, cuyos funcionarios se han cuidado de aparecer por Qatar, en donde Macri es dueño de casa como directivo de la FIFA. Imaginad por un instante que Argentina sale campeón. ¿Viajarán Alberto o Cristina a la final para levantar la copa? ¿Se privará Macri de apropiarse de la fiesta?

El Gobierno urde venganzas solapadas, como hacerle la "gran Cosquín". Este domingo, en el partido España-Alemania, la cámara 4K del canal 7 se detuvo en la imagen de Macri (minuto 54:53, segundo tiempo) y los locutores enmudecieron. Como en las transmisiones de Cosquín por el canal oficial, cuando aparece un opositor, la cámara lo cancela.

La oposición, impedida de facturar ventajas

Si la oposición de Juntos por el Cambio tuviera una mesa unificada de conducción y de estrategia, podría sacarle mucho más provecho a la fuerza que ha juntado con todos esos elementos sueltos. No es cuestión de voluntad, claro: la mesa de conducción de los partidos que lo integran tiene caciques distintos, con proyectos a veces contrarios, y eso les impide facturar en hechos políticos el poder que tienen hoy por sobre el Gobierno, que se prepara para una derrota.

Esas movidas legislativas suponen que el Gobierno ya archivó los proyectos de derogar, retocar o suspender las PASO: lo revela el maratón de decisiones de gobernadores peronistas de todo el país, que se ocupan de cerrar cronogramas electorales separados de la fecha de las elecciones nacionales.

Tan sepultado está el asunto, que, en la reunión del Norte Grande en Corrientes, adonde asistieron los 10 gobernadores -dos de ellos radicales, Gerardo Morales y Gustavo Valdés- el tema estuvo ausente en las charlas con los ministros nacionales que se corrieron hasta esa provincia: Juan Manzur, Victoria Tolosa Paz, Gabriel Katopodis, “Wado” de Pedro y Santiago Maggiotti (Desarrollo Territorial).

Mejor no tocar las PASO

El único que planteó alguna reforma fue Jorge Capitanich, que se ha pasado los últimos cuatro años proponiendo hacia adentro del PJ y hacia afuera cambios que no han sido aceptados. En el documento que hizo circular hace unos 10 días, expresó la misma cautela que el Gobierno nacional para avanzar en la suspensión de las PASO.

Su mirada refleja las mismas dudas que se le atribuyen a Cristina de Kirchner para apoyar esos cambios. Capitanich dice en un párrafo de ese documento, que, si no hay un debate a fondo y con tiempo, es mejor no tocar nada, porque las consecuencias pueden ser graves. Entre esas observaciones consigna:

  • 1) Que la suspensión transitoria se vuelva definitiva, no generándose una propuesta alternativa que combine el fortalecimiento de la coalición con la legítima representatividad de la voluntad popular.
  • 2) Que la inexistencia de consensos introduzca aún más la fragmentación política y la debilidad estructural del sistema.
  • 3) Que el sostenimiento del sistema actual no permita introducir cambios que son esenciales para perfeccionar el instrumento.

Con estos argumentos congela el proyecto de suspender las PASO. Pese a lo cual la oposición mantiene una guardia permanente durante el período de sesiones prorrogadas, para enfrentar un golpe de mano. La herramienta es agitar el cascabel y forzar a que el Senado trate el proyecto de Boleta Única aprobado en Diputados.

Humedales, con ventaja opositora

El otro proyecto de interés massista que puede tener aire antes de fin de año es la ley de humedales, en la cual Juntos por Cambio impuso su dictamen de mayoría, que presume de lograr un equilibrio entre los intereses de los productores, que le temen el ecologismo extremo que sueña con una Argentina convertida en un parque nacional intangible, y las necesidades de la protección ambiental.

​También busca que las provincias asuman su compromiso con leyes locales, de manera que el compromiso de protección sea repartido entre todos. Como envases, el énfasis en el massismo legislativo para que salga el proyecto le hace creer a la oposición que tiene espacio para reclamarle contrapartidas al quórum, para arrancar el debate.

Ignacio Zuleta

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