Daniel Bilotta

La impericia revelada por el Gobierno en la organización de los funerales de Maradona abre un interrogante entre los intendentes del peronismo bonaerense sobre el grado real de influencia que puede ejercer Alberto Fernández para que sorteen con éxito la inhibición legal de ser reelegidos más de una vez, como les prometió hace un mes en un acto realizado en Avellaneda.

La crisis abierta en el oficialismo por la necesidad de ajustar el gasto público habilita nuevas interpretaciones sobre el alcance de "los funcionarios que no funcionan", la metáfora más inquietante de la carta que Cristina Kirchner dio a conocer hace un mes.

La designación de Ferraresi en el Ministerio de Hábitat marca un cambio en la distribución del poder en el Frente de Todos. Reconoce por primera vez a los intendentes del conurbano dos condiciones que podrían ser imprescindibles para sumarse al Gobierno: inserción territorial y poder de convocatoria.

La suspensión de las PASO y de la cláusula que impide la reelección de intendentes en la provincia de Buenos Aires da forma a la ingeniería con que un sector del oficialismo pretende transformar en energía autosustentable el halo de optimismo que envuelve a la administración de Alberto Fernández desde hace un par de semanas.

Al kirchnerismo le preocupa perder el control de la calle. Un temor expresado en la carta que dio a conocer Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada. Pero esa "versión edulcorada de lo que piensa", según quienes la frecuentan, tiene uno de sus puntos débiles en ese ítem. Les atribuye la responsabilidad de la incertidumbre económica a los efectos globales de la pandemia y al gobierno de Mauricio Macri. Una excusa difícil de admitir a casi un año de gestión.

Cristina Fernández de Kirchner está insatisfecha con las gestiones de Alberto Fernández y Axel Kicillof. Le parece inadmisible que obtengan un resultado que la decepciona después del aval político que les confirió al imponerlos como candidatos a presidente y gobernador.

El kirchnerismo trabaja para que Cristina controle las candidaturas en las elecciones del año que viene con el incremento de la influencia de La Cámpora en las decisiones del Estado.

La pérdida de confianza en el oficialismo coloca a la oposición en un dilema. Podría concentrar la expectativa defraudada por el Gobierno, pero no tendría medios para satisfacerla hasta dentro de tres años.

El acelerado deterioro de la situación económica amenaza al proceso de redistribución de la riqueza que La Cámpora se propone iniciar en la segunda mitad de la presidencia de Fernández.

La Corte es el nuevo fetiche de Cristina. Alcanzó ese estatus sin opinar sobre Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Por eso es difícil que el criterio que adopte hoy con el per saltum de los tres jueces modifique el lugar que ocupa en el imaginario oficialista. La máxima autoridad del único de los tres poderes donde la influencia de la vicepresidente todavía es resistida.

Cristina lleva adelante una nueva concentración de poder que confirme su autoridad política. Procedimiento habitual cuando se necesita superar con rapidez una crisis que, por lo general, también afecta al entorno que rodea a los dirigentes. La vicepresidenta está reorganizando el suyo de acuerdo con el grado de responsabilidad que asigna a sus miembros por no advertir un hecho en apariencias inesperado.

Es natural que el reclamo salarial de la policía haya quedado involucrado en el prolongado conflicto por el control del conurbano entre Cristina Kirchner y los intendentes que conducen el peronismo bonaerense.

La inseguridad está ganando un espacio importante en la agenda electoral del kirchnerismo. Es la rectificación más significativa que Cristina Kirchner se propone introducir en la filosofía garantista que impregna al Frente de Todos.

El Frente de Todos arrastra un problema desde que asumió el poder. Superar la etapa de alianza electoral y constituirse en un gobierno de coalición.

 

El DNU 690 refleja el impacto en el Gobierno de la marcha del 17 de agosto. Sobre todo, en la idea más ambiciosa de Alberto Fernández: crear, con sectores de la oposición, un polo de poder equidistante de las posiciones extremas atribuidas a Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Un fundamento de esa construcción teórica puesto en crisis por la movilización de la semana pasada.

 

Alberto Fernández está atrapado en una perplejidad. Tiene 3 años de gobierno por delante, pero necesita ganar tiempo.

 

El oficialismo no encuentra solución al desafío que lo paraliza: cómo obtener rédito político en vísperas de un año electoral con un gobierno condicionado por la escasez de recursos económicos.

Resulta lógico que el Consejo asesor para la reforma judicial se apresure a iniciar su tarea antes del 18 de agosto, la fecha prevista originalmente. Lo curioso de esa urgencia es que no guarde relación con las modificaciones al fuero federal, el Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público. La agenda que los expertos deben debatir. Se trata, en realidad, de adecuarse a la exigencia anunciada por Cristina Fernández de Kirchner.

 

La condena a 8 años de prisión a Rafael Correa por el delito de cohecho ratificada por la Corte de Ecuador la semana pasada confirma una presunción del kirchnerismo: la Justicia es el principal obstáculo al proyecto de regresar al poder de los líderes latinoamericanos identificados con el populismo.

 

Cristina Kirchner tiene un desafío complejo para aplicar en 2023 el procedimiento con el que definió sin oposición las candidaturas de Fernández y Kicillof en 2019. Precisa que el Frente de Todos gane los comicios de 2021 bajo su liderazgo indiscutido.

 

Las palabras de Nicolás Kreplak hace un mes podrían convertirse en una profecía autocumplida si las próximas decisiones del oficialismo reflejan la preocupación de sectores cercanos a Cristina Kirchner. "Compro una cuarentena hasta el 15 de septiembre", dijo el viceministro de Salud bonaerense.

 

El apartamiento de Federico Villena de la causa por supuesto espionaje ilegal es un revés para Cristina Kirchner. La vicepresidenta se abrazó a la investigación del juez federal de Lomas de Zamora desde que la citó a declarar en su despacho. Una posición documentada por el video que filmó con su excursión al sur del conurbano.

 

El pronunciamiento de la Cámara Nacional Electoral del 16 de junio fue atinado. Sería extraño que hubiera sido de otro modo. La amplia mayoría de la dirigencia política reconoce el don de la ubicuidad en sus miembros, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera.

 

Vicentin y Portezuelo del Viento tienen en común a Cristina Kirchner. La eventual expropiación de la cerealera de Santa Fe y la aparente suspensión del financiamiento de ese dique en Mendoza obedecen a la lógica que los gobernadores peronistas atribuyen a la vicepresidenta.

 

La anunciada expropiación de Vicentin habilita un debate perjudicial para la intención de construir desde el Gobierno un espacio que reúna a sectores del oficialismo y de la oposición, la plataforma de Alberto Fernández para justificar la definición de moderado que desea imponer de sí mismo.

 

El oficialismo está ingresando en un proceso complejo. Intenta recuperar la iniciativa con una agenda que le permita tomar distancia del desgaste que le provoca la cuarentena. Puede parecer contradictorio.

 

La reconciliación de Hugo Moyano con el kirchnerismo depende de la supervivencia de Oca y de una salida de la causa judicial que vincula a su hijo Pablo a una supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente de Avellaneda.

 

Existe una puja dentro del kirchnerismo por ser el elegido de Cristina

 

La venta de Oca y de Garbarino a firmas sospechadas de vínculos societarios con Hugo Moyano trae reminiscencias de la fantasía de la izquierda peronista en los 70.

 

El ingreso a la nueva etapa de la cuarentena coloca al Gobierno en una posición extraña. El anuncio de la cuarta fase hizo visibles los síntomas de fatiga que le provoca extenderla. Lo llamativo es que la más importante de esas manifestaciones sea el consenso sobre el éxito de esa medida para enfrentar la pandemia.

 

Los cambios de gabinete impuestos a Alberto Fernández y Axel Kicillof reflejan la preocupación del kirchnerismo por eludir la amenaza de una derrota electoral el año que viene.

 

La fragilidad de la economía bonaerense es una amenaza latente para la fortaleza política del gobierno nacional

 

El mejor momento del gobierno de Alberto Fernández coincide con el desarrollo de una crisis sin precedente. Esa incertidumbre lo habilita como líder de opinión pública en la mayoría de los sondeos. Un podio que solo comparte con Horacio Rodríguez Larreta.

 

El coronavirus amenaza con corroer la matriz de la mitología kirchnerista sostenida en la aparente capacidad de enfrentar con éxito situaciones de emergencia inesperadas.

 

El Presidente delega poder en los jefes comunales del conurbano y trata de evitar un debilitamiento del que pueda intentar beneficiarse la vicepresidenta

 

El regreso de Cristina Kirchner devolvió al kirchnerismo la expectativa de mantener el equilibrio previsto en el Gobierno para ejecutar en simultáneo dos planes muy complejos: intentar que sea más lenta la circulación del coronavirus con la extensión de la cuarentena y acelerar los preparativos para la disputa electoral del año que viene. No es que en su ausencia se hayan introducido cambios severos a ese modelo.

 

La oposición y algunos gobernadores peronistas lo instan a convertirse en líder institucional, pero el kirchnerismo le retacea esa posibilidad

 

Los intendentes le atribuyen al gobernador la falta de un programa de crecimiento, en tanto que las críticas a Vidal complican el necesario diálogo con la oposición

 

El derrotero económico no satisface a los integrantes de la alianza peronista, y la corriente política del "albertismo" no termina de nacer

 

El Presidente le asigna a la renegociación con los bonistas la posibilidad no solo de contar con más recursos económicos, sino de ganar autonomía de la vicepresidenta

 

Rodríguez Larreta necesita mantener una actitud constructiva hacia el Gobierno, sin perjudicar su propia gestión, y resolver la transferencia de bienes y fondos desde la Nación

 

Analizan una presentación judicial para suspender la vigencia de la ley sancionada en 2016 que limita a un único nuevo mandato la reelección de quienes asumieron en 2015

 

En el entorno del Presidente creen que la hostilidad inicial de Kicillof hacia los bonistas afectó las gestiones del Gobierno

 

Subsidios al transporte, reforma laboral y conflictos de intereses son algunos de los factores detrás de la feroz pelea que el 16 de diciembre terminó en escándalo

 

El proyecto del gobernador que la Legislatura provincial tratará mañana podría impactar en sus planes para acelerar la jubilación de algunos jueces del tribunal

 

En el fracaso del gobernador ante la Legislatura intervino la resistencia a la vicepresidenta por parte de sus propios aliados

 

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