Joaquín Morales Solá

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, hizo uso ayer de una de las dos únicas facultades que le dejaron para convocar a una reunión extraordinaria del más alto tribunal de justicia del país, que deberá debatir y resolver el caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Rosenkrantz tomó una decisión disruptiva y excepcional después de varias semanas de indefiniciones de la Corte.

No habrá más compras de 200 dólares mensuales para los argentinos. No necesitan decirlo. Ya lo han hecho. Hay tantos requisitos y tanta arbitrariedad que nadie podrá acceder a esa módica cantidad de dólares.

Carlos Melconian, el único economista que es un amigo histórico de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, dijo ayer que la decisión de la empresa Falabella de irse del país es un "punto de inflexión" que debería llevar a la dirigencia política a repensar el país. "No hay inversión ni para lo que se deprecia. Es la prueba de la destrucción sistemática del capital y el trabajo", argumentó

Era un país de gente infeliz con una sola excepción, podrán decir los historiadores cuando escriban sobre estos tiempos. Cristina Kirchner está feliz. Dinamitó el único puente de racionalidad y diálogo que Alberto Fernández conservaba cuando lo despojó de más 30.000 millones de pesos a Horacio Rodríguez Larreta.

La tragicomedia que tuvo como protagonista estelar a Lázaro Báez en la inverosímil noche del lunes y que los argentinos siguieron por televisión, minuto a minuto, fue casi una metáfora de muchas anomalías argentinas. También fue la expresión de una situación social demasiado tensa: núcleos importantes de la sociedad están literalmente hartos de la impunidad de la política.

Máximo Kirchner era una mezcla de Felipe González, Julio Sanguinetti y Ricardo Lagos. Esa era la versión que distribuían, hasta hace poco, amigos y conocidos. Puro marketing para instalar al delfín como una figura consensual, casi presidencial. Como las personas se conocen no por lo que se dice que son, sino por los hechos que consuman, debemos concluir que el gen autoritario de la familia está presente en el vástago.

Ayer, cuando se estaba por cumplir un mes sin diálogo (ni presencial ni telemático ni telefónico) con la oposición de Cambiemos, Sergio Massa decidió convocar a los jefes de los bloques.

 

Si Alberto Fernández no fuera lo que es como presidente, Cristina Kirchner podría tener razones para asestarle un golpe de palacio. No las tiene.

 

¿Cómo saber cuándo terminó una era? ¿Cómo, cuándo otra era comenzó? Tal vez debamos detenernos en el lunes 17 de agosto para fijar una fecha en la que el Presidente les dijo adiós a los moderados.

 

¿Qué hacer con una socia que arruina el negocio? No es una pregunta que se está haciendo un almacenero (que lo puede haber), sino la que se debe estar formulando el propio Presidente.

 

Puntual, a la hora señalada, comenzó la protesta social ("banderazo", se llama ahora) más multitudinaria que se haya hecho contra el gobierno de Alberto Fernández.

 

Un bloque cercano y sombrío merodea la política. El país está en los umbrales de una colisión de poderes después de que Cristina Kirchner (y los senadores que la siguen, que son mayoría) decidió indisciplinarse ante la Justicia.

Es una situación casi sin antecedentes en la historia. Dos Cámaras de apelaciones de la Justicia se pronunciaron contra un proyecto del Gobierno (ni siquiera contra una decisión firme) y sin tener un caso concreto que las habilitara a decidir.

Llegó la hora de que la administración de Alberto Fernández tenga un plan económico. El embrionario acuerdo con los bonistas, que le consumió ocho meses de su gobierno, fue una decisión política del Presidente.

 

Es uno de los jueces más conocidos del país. Su nombre debe reservarse, pero nunca fue discutido por kirchneristas ni antikirchneristas.

 

Carlos Beraldi tiene fama de ser una buena persona y un buen profesional. A Rodolfo Canicoba Corral lo rodea el eco de haber sido un mal juez durante casi 30 años. Los dos expresan, cada uno a su manera y por motivos distintos, las razones por las que la reforma judicial que se conocerá hoy carecerá de consistencia política y de autoridad moral.

 

Nadie sabe nunca cómo empieza un estallido social. ¿Asalto a supermercados? Ya los hubo, en otro tiempo. ¿Un aumento exponencial de la violencia criminal? Es lo que está sucediendo ahora. Argentinos que se arman para matar a otros argentinos.

 

En el proceso de ampliación del poder cristinista en el Estado, la jefatura de los fiscales es una colina por la que valen todas las batallas

Es una coalición poliédrica y contradictoria. Las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner salieron a la luz en los últimos días, como nunca antes, por decisión de la expresidenta más que del actual jefe del Ejecutivo.

 

Tenía la capacidad de dividir a las dos coaliciones más importantes de la política. Lo defendieron y lo rechazaron expresiones de la gobernante alianza peronista, pero también de la opositora Juntos por el Cambio. Supo esconder una enorme fortuna personal entre familiares y amigos.

 

El odio es también una enfermedad que no tiene vacuna ni remedio. Una sociedad enferma de odios tiene forzosamente un mal pronóstico. Es imposible evitar las consecuencias sociales, tal vez catastróficas, de esos rencores patológicos. Nadie puede hacer más en contra del odio, o a favor de él, que los que controlan el gobierno del país.

 

Hace pocas semanas se publicó una excelente investigación de la periodista María O'Donnell sobre el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu. Los hechos sucedieron hace 50 años e incluyeron el posterior secuestro del cadáver del expresidente de facto por parte del entonces novedoso grupo guerrillero Montoneros.

 

Fue un tiempo en el que un juez parcial marcó la agenda de los medios kirchneristas y el discurso de sus dirigentes. Federico Villena, que llegó a juez de la mano de Cristina Kirchner y luego acumuló poder gracias a los servicios de inteligencia del gobierno de Macri, cayó en uno de los tantos saltos mortales sin red que dio en la Justicia y en la política.

 

Es difícil recordar un presidente que, como Alberto Fernández, haga tantas declaraciones públicas frente a periodistas (muchos amigos, pocos críticos). Sin embargo, el Presidente es especialmente hábil para esquivar las definiciones sobre temas muy sensibles para el sistema democrático.

 

Una Robespierre sin guillotina. O con una guillotina manipuladora y cruel. Un Senado argentino convertido en el Comité de Salvación Pública de la revolución francesa.

 

Venía de una inverosímil excursión por el atormentado pasado del país cuando Alberto Fernández tropezó con un juez del interior profundo. Fabián Lorenzini, magistrado del fuero Civil y Comercial de Reconquista, echó de Vicentin a los interventores que envió el Presidente.

 

Cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) pidió la inhibición de bienes de Mauricio Macri por el caso Vicentin (una causa penal en la que nadie está siquiera imputado) quedó claro que la persecución del expresidente forma parte de la estrategia oficial.

 

A seis meses de su regreso al poder, Cristina Kirchner se está exhibiendo como un elemento tóxico para el sistema democrático.

 

Cuando hace ocho años la entonces presidenta Cristina Kirchner intervino y expropió YPF a la española Repsol, Alberto Fernández fue uno de sus más consistentes críticos. El actual presidente tenía una vieja amistad personal con el CEO de la petrolera expropiada, Sebastián Eskenazi, de quien ahora sigue siendo amigo.

Nunca se sabe con precisión cuándo es el principio del fin de una era, de un destino o de la influencia de un funcionario. Pero es posible que ese instante, en el que todo conduce a la finitud, haya comenzado para el juez Rodolfo Canicoba Corral.

 

Debates inútiles y causas perdidas son aficiones de la política argentina. Así como se planteó la falsa opción entre salud o economía, ahora parece imponerse otra igualmente vana: salud o democracia. Si la pregunta que se hacen los dirigentes es si deben seguir la cuarentena y el aislamiento, la respuesta no es tan complicada.

 

A mediados de 2016, poco después de que el gobierno de Macri forzara la renuncia del juez Norberto Oyarbide por acciones y riquezas incompatibles con la función de un magistrado, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió con otro juez: Rodolfo Canicoba Corral. Le pidió la renuncia por orden de Macri porque las versiones sobre las prácticas deshonestas del juez eran constantes. El juez se negó a dimitir en una tormentosa reunión con el ministro.

 

Existe un conflicto entre la pandemia, la cuarentena y la libertad. ¿Por qué negarlo? Y hay otro conflicto entre la cuarentena y la economía. Un camino que conduce hacia ninguna parte (o hacia el peor lugar) es el de negar la existencia de los problemas.

 

Cuando la evolución de la pandemia en el país es aún un enorme bloque sombrío en el horizonte, Cristina Kirchner es el único integrante de la dirigencia que no habla del virus. Si una cacofonía señala que toda crisis es una oportunidad, entonces debe concluirse que la expresidenta encontró la oportunidad para deshacerse de la Justicia y para ejecutar la venganza contra viejos enemigos.

 

En octubre de 2016, el entonces fiscal general Germán Moldes esperó 15 días para apelar ante la Cámara de Casación el obstinado desistimiento de la denuncia del fiscal asesinado Alberto Nisman sobre el memorándum con Irán. Esperaba que no estuviera de turno el fiscal de Casación Javier De Luca, un fundador de Justicia Legítima con evidentes simpatías hacia el cristinismo. En diciembre de ese año, la Cámara de Casación ordenó reabrir e investigar la denuncia de Nisman.

 

Frente al autor de un libro, Alberto Fernández aseguró que el juez Rodolfo Canicoba Corral era el ejemplo de la corrupción judicial. El libro se publicó hace varios años, cuando el actual presidente caminaba en el desierto de la oposición al cristinismo.

 

El viernes, la aceptación de la propuesta del gobierno argentino por parte de los acreedores fue baja. Es probable que también lo sea en el nuevo plazo, que vencerá mañana. Con todo, el anunciado fin del mundo no sucedió ni sucederá.

 

Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de la Capital, es hijo de Carlos Mahiques, juez de la Cámara de Casación Penal Federal, y hermano de Ignacio Mahiques, fiscal del fuero penal federal.

 

Enrique Petrullo era un operador judicial en la provincia de Buenos Aires. Un influyente dentro de la Justicia local, que a veces era real y, otras veces, era falso. Integraba la megabanda liderada por el exjuez de Garantías César Melazo.

 

Algo le falta (o le sobra) a una política exterior cuando el Presidente debe remendar permanentemente lo que se dijo o se hizo el día anterior. El lunes, Alberto Fernández habló 45 minutos por teléfono con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, para suturar las heridas que había dejado el propio mandatario argentino cuando habló por videoconferencia con varios dirigentes de la oposición chilena.

 

Un contrato social y político vigente desde 1983 fue destruido por un desquiciado tuit de pocas palabras. Ese pacto implícito señalaba un nunca más a la violencia política, después de que la Argentina sufriera en los años 70 los criminales desbordes de la guerrilla y de la represión.

 

Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos y un cristinista cerril, llamó a una jueza para "recordarle" que él había pedido la prisión domiciliaria de Luis D'Elía. La jueza dejó constancia por escrito en el expediente de la llamada telefónica del funcionario.

 

Dos certezas hacen de telón de fondo al triste espectáculo de la pandemia. Una de ellas es que la Argentina no puede (ni debe) caer en default.

 

Dejemos a Cristina Kirchner entregada a su amor por la grieta. Como le dijeron ayer algunos senadores opositores, aunque peronista la mayoría, se acordó de resucitar el Senado solo para tratar el proyecto de su hijo Máximo, sobre un eventual impuesto a las grandes fortunas, que reabrirá, subrayaron, la vieja fractura entre los argentinos.

 

Cristina Kirchner cerró el Senado. Sergio Massa no llegó a tanto en Diputados, pero evita cualquier mecanismo de participación de los bloques opositores.

 

Henry Kissinger ha escrito en los últimos días sobre el "anacronismo del regreso a las ciudades amuralladas". El fenómeno se produce bruscamente, luego de que la humanidad conoció el período más intenso de libre circulación mundial de personas, bienes y servicios. Las fronteras, tal como se las conoció antes de la globalización, habían casi dejado de existir.

 

La Argentina camina desordenadamente hacia el pico de la pandemia. Pero ¿cuál y cuándo será el pico más alto? Nadie lo sabe. Ni siquiera se sabe cuántos infectados hay ahora realmente, aunque se calcula que son entre 3000 y 4000 más de los que se conocen.

 

Todos hablan de todos, pero solo se oyen. Nadie escucha. La primera fase de la epidemia sorprendió con un presidente, Alberto Fernández, que asumió claramente el liderazgo de la crisis. Tomó decisiones sanitarias, como una dura cuarentena, que otros países demoraron en tomar y les está yendo muy mal.

 

¿Cuándo regresarán los abrazos y los besos? ¿Cuándo volverá a ser habitual dar la mano, el gesto más antiguo de amistad, de cortesía o de reconciliación? ¿Cuándo, en fin, la democracia recobrará su sistema de plenas libertades?

 

Hasta Vilma Ibarra creyó el rumor falso que había hecho correr el Presidente. La cuarentena obligatoria comenzaría, decía la versión, a las cero horas del sábado. El borrador del decreto se había redactado con esos datos.

 

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