Miércoles, 30 Junio 2021 08:53

Vacunas a la Justicia: investigan presuntas irregularidades que salpican a la Sputnik V, Astrazeneca y Pfizer - Por Lucía Salinas

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La Justicia ya investiga los contratos con Astrazeneca y las negociaciones por la Sputnik. E indaga sobre la vacunación de los padres de Vizzotti.

En medio de la discusión por las segundas dosis de la vacuna Sputnik V y la adquisición de vacunas, las negociaciones con diferentes laboratorios quedaron envueltas en un laberinto judicial que suma, además, una demanda millonaria del presidente Alberto Fernández contra Patricia Bullrich. En paralelo, en los tribunales federales de Comodoro Py, avanza el caso del vacunatorio VIP donde ahora también empezarán a darle forma a una denuncia por la vacunación a los padres de la ministra de Salud, Carla Vizzoti, quienes lo hicieron justo el primer día que se abrían los turnos para ser inoculados según su edad.

La Auditoría General de la Nación (AGN) sigue de cerca los contratos de las vacunas. Según sus números, el país ya recibió el 46% de las vacunas compradas. Del total de fondos comprometidos, 380 millones de dólares, ya se abonó el 62%. Los cinco contratos que son auditados por la AGN representan un total de 50 millones de vacunas, a lo que debe sumarse el contrato anunciado por Carla Vizzotti, de 24 millones más que proveerá la empresa china Sinopharm.

El Gobierno, facultado por el Congreso de la Nación, fue el responsable de salir a la búsqueda de vacunas contra el Covid-19. Se firmaron, en principio, cinco contratos: con Sputnik, Sinopharm, Covishield, Covax y Astrazeneca. Todo está siendo auditado por la AGN.

Más allá del control que el organismo realiza, que además sumó una auditoría sobre el plan de vacunación, en la Justicia avanzan todo tipo de investigaciones sobre la compra de vacunas que incluyen a funcionarios citados, laboratorios y ex funcionarios.  

El caso Astrazeneca 

Es uno de los principales contratos que firmó el país: 22.400.000 de dosis por 89.700.000 millones. El cronograma de entregas concluía en julio, y para esa fecha debían ingresar la totalidad de las vacunas. Sin embargo, durante el primer trimestre no hubo entregas por parte del laboratorio.

El retraso terminó convirtiéndose en una causa judicial delegada en el fiscal Guillermo Marijuan, donde se busca determinar si el Estado fue defraudado por Astrazeneca, o si de antemano, el Gobierno sabía que los plazos eran de imposible cumplimiento.

Se trata de un contrato de pago anticipado, por eso Argentina ya abonó 53.817.419 dólares. A la fecha, sólo fueron entregadas poco más de 5,9 millones de las dosis comprometidas.

En este expediente, el fiscal Marijuan intimó a la ministra de Salud, que declaró como testigo en el caso, para que no modifique el contrato con Astrazeneca, temiendo que el Estado firme una prórroga ante el vencimiento de los plazos y el retraso en las entregas. Por otro lado, envió un oficio para que el Ministerio informe respecto a cuántas vacunas fueron llegando y comenzó a monitorear la fiscalía ese movimiento.

Además, como contó Clarín, el representante del Ministerio Público Fiscal, comenzó a analizar los mails y diversas comunicaciones entre funcionarios del Gobierno y representantes del laboratorio, para ver si de allí surge algo vinculado a la hipótesis de la investigación.

El caso Pfizer

El laboratorio estadounidense explicó en el Congreso que había ofrecido 13 millones de dosis a la Argentina. El contrato no pudo firmarse porque Pfizer aseguró que la ley en la que se enmarca la compra de vacunas, no se ajusta a los requerimientos de la empresa. El Estado decidió, por el momento, no realizar modificaciones sobre la normativa.

La situación quedó envuelta de un manto de sospecha, cuando Patricia Bullrich señaló que se habrían cometido hechos de corrupción alrededor de esa fallida negociación. Esto impulsó al Ministerio de Salud a formular una denuncia para que se investigue la situación ya que las palabras de la presidenta del PRO constituían una gravedad institucional que podían perjudicar futuras negociaciones y las que se encontraban en curso.

El viernes pasado, el fiscal federal Ramiro González, abrió la investigación. Tomó tres medidas: le pidió al Ministerio que dirige Vizzoti, que remita toda la documentación vinculada a las negociaciones con Pfizer, y lo mismo requirió al laboratorio. Además, ordenó que una vez compulsada toda esa información, se fije fecha para llamar a declaración testimonial a Bullrich.

Una demanda millonaria con tintes políticos

Vinculado a Pfizer, en la justicia Civil y Comercial hay otro expediente. El que inició el presidente Alberto Fernández con su abogado Gregorio Dalbón, demandando a Bullrich por sus dichos sobre posibles pedidos de intermediarios por parte de Ginés González García en torno a la propuesta del laboratorio estadounidense.

Hubo una audiencia de conciliación en la que no se llegó a nada y finalmente Dalbón presentó la demanda en la que le reclama una indemnización de $ 100 millones a Bullrich. Considera que por el rol político y público que tiene, sus declaraciones representan una afrenta “de una gran gravedad institucional”, y por eso le inició un juicio por difamación.

De ganar dicha instancia, Alberto Fernández anticipó que el dinero será destinado al Instituto Malbrán. Por su lado, la presidenta del PRO que ratificó sus acusaciones dijo que presentará todas las pruebas ante la justicia.

El caso Sputnik y el vacunatorio VIP

En medio de la discusión por la falta de arribo de segundas dosis de Sputnik V, la Justicia federal avanza en el primer caso que involucró a dichas vacunas en un caso de presunta corrupción.

Se trata del caso que inició tras el escándalo del Vacunatorio VIP, donde se investiga una presunta estructura que funcionó dentro del Ministerio de Salud cuando lo conducía Ginés González García, y a través de la cual se favoreció con la aplicación de dosis a dirigentes políticos, sindicales, a familiares y amigos vinculados al poder político.

La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano tienen a cargo la investigación. Inicialmente se habían acumulado allí más de una docena de denuncias, pero la magistrada se quedó finalmente con el listado de los 70 inoculados que entregó el Gobierno tras el estallido del caso y la renuncia de Ginés González García, el presunto desvío de dosis a un hospital de El Calafate y una denuncia contra el padre de Carla Vizzoti, que fue vacunado en Escobar.

Respecto a este último caso, el fiscal Taiano debe decidir si lo imputa impulsando la investigación, o no. Antes de tomar una decisión, requirió una serie de medidas previas: se solicitó precisiones acerca de dónde fue inoculado, su edad, si se encontraba registrado y con un turno asignado, entre otros aspectos.

Entre las últimas medidas, la jueza Capuchetti le ordenó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que se encuentra realizando una investigación preliminar sobre el Vacunatorio VIP, que remita a Comodoro Py toda la documentación del caso y las últimas medidas impulsadas.

La PIA que dirige el fiscal general, Sergio Rodríguez, ordenó al Ministerio de Salud que en el sumario administrativo incluya la investigación sobre las vacunas direccionadas a El Calafate. Pidió, además, hace meses, toda la información de las personas vacunas que integran el gabinete nacional, entre otros datos que se encuentran bajo análisis. 

Lucía Salinas

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