Lunes, 29 Marzo 2021 11:57

Cada vez más impuestos: la presión fiscal crece en la Argentina y podría marcar un nuevo récord este año - Por Diego Cabot

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El peso de los tributos en el PBI terminó 2020 en 30,5%, luego de algunos años a la baja y de haber cerrado 2019 en 28,7%; el impacto del nuevo gravamen a la riqueza y la suba de los que recaudan las provincias llevarían a ese indicador por encima del máximo de 2015, que fue de 31,5% 

No importa cómo se ilustre, la tendencia siempre va hacia arriba. Si se hace una curva para mostrar la cantidad de impuestos que se cobran en el país, pues ese gráfico tendrá una trayectoria ascendente. Si, en cambio, se hace un listado, pues se sumarán filas y filas para detallar conceptos nuevos e incrementos; 16 para ser más exactos. Y no solo eso, también deberían modificarse datos y, mal que le pese al contribuyente, reemplazar números más pequeños por otros más grandes en el casillero donde dice porcentaje. 

La presión fiscal argentina, siempre, claro está, sobre el sector formal de la economía, volvió a tomar impulso desde que asumió el presidente Alberto Fernández. Desde aquel impuesto PAIS, que se aplica a la compra de divisas extranjeras, así como también a todas las compras con tarjeta que se pagan en dólares, la Argentina inició una etapa de suba de impuestos inédita.

De acuerdo a las proyecciones de las consultoras privadas, es posible que el año termine con una tasa de impuestos sobre el total de la economía que será récord histórico.

Los datos son contundentes. En 2015, Cristina Kirchner dejó el poder con una presión fiscal de 31,5% del producto bruto interno, según datos oficiales del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán. Es el número más alto que se registra y el que sería superado cuando llegue el 31 de diciembre próximo.

Luego vinieron los cuatro años de Mauricio Macri y ese indicador cayó a 28,7% del PBI. Alberto Fernández, en poco más de un año, desanduvo prácticamente toda la caída y llevó, por ahora, la presión fiscal a 30,5%. Y con tendencia ascendente.

El impuesto a la riqueza y la interrupción de la baja de los tributos provinciales son preponderantes para que se anote el récord.

De cualquier manera, más allá de todo, no debería haber sorpresas. El Presidente y su Vice fueron sinceros en eso durante la campaña. Siempre dijeron que aumentarían los impuestos; de hecho, creen en la suba y descreen que los contribuyentes paguen demasiados tributos. Vale preguntarse a esta altura de la nota: ¿hay posibilidades de que se pueda apreciar alguna baja en el corto tiempo? Y la respuesta es terminante: no.

Acá podría argumentarse largo, pero en principio esa situación se da por dos cosas. La primera, por ideología. Como se dijo, no consideran que haya un ahogo impositivo. La segunda, por necesidad. La política de expansión del gasto y la falta de ajuste en las cuentas públicas genera la necesidad de caja cada vez más importante.

Pero sería incompleto el análisis si no se toman en cuenta dos situaciones más que conviven por estos días con el aumento de los impuestos. Por un lado, no solo se suspendieron los compromisos de baja de los impuestos provinciales a los que los gobernadores se habían comprometido en 2017, sino que se han liberado. Varios de ellos se frotan las manos y ya empezaron con la suba del impuesto que más les gusta: Ingresos Brutos.

Por otro lado, la distorsión que provoca la inflación. El aumento de precios generalizados suele jugar siempre para el mismo bando, donde se ubica el recaudador. Muchas veces se toman como ganancias los cambios de valores que produce el paso del tiempo y la devaluación del peso; por el otro, se retarda en aumentar los mínimos imponibles y la porción sobre la que se calculan muchos tributos aumenta. La cancha está inclinada.

“[Mauricio] Macri bajó los impuestos y entregó el país con un resultado primario (antes de pagar intereses de deuda) de -0,4 [puntos], después de recibirlo en 3,8%. Como dije, bajó los impuestos y también bajó el gasto, pero perdió las elecciones. El presidente Alberto Fernández terminó 2020 con un déficit primario de 6,5%, en un año de expansión del gasto por la pandemia. Pero vienen elecciones, por lo tanto, el gasto no va a bajar demasiado. Entonces, tampoco los impuestos”, dice Fernando Marull, economista y director de la consultora FMyA, Economía y Finanzas.

La historia y, sobre todo, el debate sobre los impuestos y su peso en la economía no es nueva. Es casi uno de esos traumas sociales que se repiten, aunque no por repetidos dejan de tener actualidad.

Antes de mirar hacia atrás, cabe detenerse en lo que sucederá este 2021. Estos días vence el impuesto a la riqueza, un tributo que se supone extraordinario –aunque en el país estas cuestiones suelen tornarse pétreas– y la amenaza de la judicialización es cada vez más concreta.

De hecho, en la semana que terminó, se conoció el primer fallo sobre el Aporte Solidario Extraordinario que grava a las grandes fortunas. El lunes, la jueza federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre dictó un amparo y le ordenó a la AFIP que no le cobre el impuesto empresario Alejandro Scannapieco, ejecutivo del unicornio argentino Globant. El martes llegó el segundo dictamen impartido por la misma magistrada para otro hombre de negocios (Nicolás José Mc Loughlin). En los estudios jurídicos y contables dicen que son los primeros de varios que seguramente se conocerán en los próximos días.

El punto sobre el que se posa la estructura argumental para judicializar el impuesto es la confiscatoriedad. Allí se abre una enorme discusión que alguna vez fue zanjada por la Corte en fallos de las décadas del 40 y del 50. Entonces se establecieron criterios que hablaban de que no podía exceder un determinado porcentaje de la renta del capital.

Este año, entre la suma del impuesto a los bienes personales y el de la riqueza se llega a una escala que va desde 2,5% del total de los bienes y que puede llegar hasta 7,5%. Esto con un agravante, ya que la ley no establece diferencias entre si son financieros o activos productivos. “Por ejemplo, quien tiene bonos de Estados Unidos tuvo una renta de 0,6% en 2020, pero tiene que pagar mucho más que esa renta”, explicó a LA NACION el tributarista César Litvin cuando se aprobó el impuesto.

El peso fiscal se nota no solo en el aumento del impuesto y en la creación de otros nuevos, sino también en la distorsión que genera un proceso inflacionario ya consolidado en el rango de al menos 40% en los últimos 12 meses. Ya son muchos los actores sociales que, como en el caso del impuesto a la riqueza, empiezan a generar reacciones. Los contribuyentes no están quietos.

“La estructura tributaria debe tener en consideración principios básicos para lograr la recaudación necesaria a los fines de solventar los gastos públicos indivisibles. Sin embargo, el Estado en todas sus formas (nacional, provincial y municipal) debe tener especial cuidado extremo en restringir su exigencia en la carga fiscal a los ciudadanos y a las empresas. Además, resulta obligatorio respetar los principios constitucionales de legalidad, equidad, no confiscatoriedad, razonabilidad y capacidad contributiva, debiendo esta última ser efectiva económica y financiera de los contribuyentes obligados al pago de los tributos”, dice el contador y especialista en impuestos Santiago Sáenz Valiente.

Justamente esa es la pregunta: qué pasa cuando esos parámetros están dañados o cuando no se contemplan a la hora de diseñar la política impositiva. “Se daña la economía y así se reduce el espectro de nuevas empresas, caen las existentes, los inversores buscan otras fronteras, la recaudación también se resiente y se vislumbra una fuerte evasión que los obligados pretenden justificar motivados en la injusticia e inequidad de los diferentes tributos”, contesta el especialista. Cualquier parecido con lo que sucede por estos días no es mera coincidencia.

Quizá el proceso es imperceptible, pero la capacidad impositiva de muchos sectores llega por estos días a niveles de saturación y las decisiones de varios sectores económicos es poner sobre la mesa ese tema, quizá como nunca antes. De a poco, los contribuyentes abandonan la postura de cabeza gacha y camino resignado a las oficinas de la AFIP.

Impuestos y colesterol

Una muestra de este abandono de la pasividad se dio la semana pasada. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo en la radio El Destape que los bancos deben “estar al servicio de la producción” y que un modelo de desarrollo productivo nacional necesita “tasas de interés acordes para producir, no para especular”.

La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), cámara que agrupa las entidades privadas de capital nacional y que es la más cercana al Gobierno, le contestó con un documento de trabajo que hicieron circular a modo de respuesta. “Impuesto a los ingresos brutos: el colesterol que obstruye las arterias del crédito” se lee en el título.

Es un texto que intenta explicar, con algo de docencia, la carga fiscal que tiene el sector y que encarece, entre otras cosas, el precio del dinero en el país. “El colesterol alto es dañino y constituye la principal causa de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no presenta síntomas clínicos, por lo que las personas no se dan cuenta de que lo padecen. El colesterol en exceso va progresivamente obstruyendo arterias y dificultando el flujo de sangre. El colesterol hace ineficiente al sistema circulatorio y resulta más costoso, en términos de esfuerzo, que la sangre llegue a todos los lugares que debe irrigar. Altos niveles de colesterol tienen correlación con desequilibrios en la dieta, exceso de consumo de alimentos y falta de disciplina a la hora de realizar actividad física. Los impuestos a los ingresos brutos (II.BB.) sobre la actividad crediticia tienen gran similitud con el colesterol alto: son dañinos y no presentan síntomas; perjudica a los tomadores de créditos, pero ellos no lo notan (encarecen las tasas que deben pagar personas y empresas, pero no aparece discriminado, es invisible). Como el colesterol, los II.BB. excesivos dificultan el flujo de financiaciones y torna ineficiente y costoso el sistema crediticio argentino. Tanto las causas del alto colesterol y como las de altos II.BB. se relacionan con desequilibrios, exceso de consumo (gasto público) y falta de disciplina (fiscal)”, sostiene el documento.

Llegado al punto, el lector entrará en el maravilloso mundo de los Ingresos Brutos. Se trata del impuesto predilecto de los gobernadores. Se saborean como niños frente al helado. El punto es que es el más invisible de todos, se actualiza al ritmo de la inflación (si los precios o los servicios suben, la recaudación lo hace en forma paralela) y es provincial, es decir, depende la voluntad de las agencias recaudadoras locales.

Este impuesto, que se acumula a lo largo de toda la cadena de producción de bienes o de servicios, se ha convertido en el más odiado por los empresarios. Pero claro, como se dijo, aclamado por los gobernadores.

De regreso a los números. En 2015, la presión fiscal respecto del PBI era de 31,5%. De ese número, 5,3 puntos porcentuales (p.p.) era el peso de los tributos provinciales donde se cuenta Ingresos Brutos. Durante el gobierno de Macri bajó con fuerza la carga fiscal y quedó, en 2019, en 28,7% del producto. Pero si se mira ese número, los que mostraron caída fueron los que recauda la Nación, ya que los distritales pasaron de 5,3 a 4,9 p.p., es decir apenas -0,4. Además, se firmó el pacto fiscal mediante el que las provincias se comprometían a empezar a disminuir progresivamente el peso del impuesto a las ganancias.

El año pasado, todo aquello se revirtió. Alberto Fernández subió el impacto de la carga impositiva y la dejó en 30,5% y las provincias volvieron a presionar a los contribuyentes y pasaron de 4,9 a 5,1.

Pero llegó 2021 y la cosa parece acentuarse. Sucede que Nación aprobó el impuesto a la riqueza, que, más allá de que se publicitó como un aporte para la lucha contra el Covid, tiene algunos destinos distintos, como proyectos energéticos o la contratación de consultorías para gasoductos. Pero ese dinero, nada menor para los bolsillos flacos de la administración y la chequera ansiosa del oficialismo en año electoral, no es coparticipable. Tampoco lo son las retenciones, con excepción del fondo de la soja, por lo que la suba de los precios de las commodities impacta en las arcas que maneja la Casa Rosada.

Los gobernadores acompañaron en el Congreso, pero a cambio pidieron que les liberen el cepo a la baja que habían firmado con Macri. Fernández accedió y ahora los compromisos para bajarlo ya son letra muerta, sino que empezaron a subirlos. Sólo entre la consolidación de esa tendencia y el impuesto a la riqueza, la Argentina tocará este año el récord de presión fiscal de su historia.

Los bancos, en aquel documento, aportaron un ejemplo del impacto de Ingresos Brutos en el costo del crédito para las pymes: “Si una entidad financiera cobra una tasa de interés del 30%, 2,4 puntos porcentuales corresponden a II.BB. En otras palabras, sin el impuesto sobre los ingresos brutos, ese mismo crédito podría tener una tasa del 27,6%. Este análisis muestra cuánto encarece este tributo al crédito de las empresas y, por consiguiente, eleva el costo argentino de producción, restándole competitividad al país”. Algo similar, agrega el trabajo, sucede con los préstamos al consumo sobre las familias.

La tendencia es clara: la presión impositiva con el impuesto sobre los ingresos brutos es cada vez mayor. “Los impuestos sobre los II.BB. que se aplican al sistema financiero, en la mayoría de los casos, más que duplica el de otras actividades, siendo el promedio del país de 8%”, agregan los bancos. Actualmente, 11 provincias ya aumentaron el tributo o cambiaron la forma de pagarlo, con lo que se da un aumento encubierto.

Además, hay empresas que están a punto de empezar a tributar 42% de impuesto a las ganancias, si se aprueba el proyecto de baja para los individuos. Un paréntesis acá: la modificación no implica una baja en la recaudación, sino que lo dejan de pagar los trabajadores y lo pagan, con una sobretasa, las empresas. El impacto en el nivel de empleo y en la inversión se verá en el corto plazo.

Un dato que aporta Sáenz Valiente: en 1992 quedaba alcanzado con la tasa máxima de 35% el contribuyente que cobraba el equivalente a US$100.000, es decir, si se mantuviese la misma proporción, empezará a pagar quien tenga más de $9 millones anualmente, siempre si se toma el dólar oficial; hoy, ese umbral está en alrededor de $ 1,5 millones.

La contracara de la suba de impuestos claro está, es el gasto público. Lejos de bajarlo, las curvas que dibuja el Presidente suben. Pero eso es otra nota, y, además, es domingo y el lector tiene que disfrutar.

Diego Cabot

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