Justicia

En un fallo responsabilizó a una militante de su propia muerte y consideró que Montoneros y el aparato represivo del Estado eran "estructuras análogas". 

La presentación judicial la realizó una de sus propias autoridades certificantes, quien manifestó que falsificaron su firma en cientos de fichas de adhesión presuntamente apócrifas para las elecciones pasadas. La mano derecha de Milei es el principal sospechoso por haber utilizado una base de datos de una escribanía para conseguir las afiliaciones. 

El caso por el presunto cobro del 2% de sus haberes por parte de dirigentes que integran la Unidad Piquetera recayó en la fiscalía federal de Federico Delgado, quien ya solicitó medidas de prueba 

En los fundamentos de su imputación a toda la tripulación de la nave de Emtrasur, Cecilia Incardona aportó un conjunto de indicios que le permiten sospechar acerca del objetivo final del vuelo que llegó con una carga de repuestos de automóviles 

Diputados de la Coalición Cívica denunciaron que el ex secretario de Comercio habría favorecido con subsidios millonarios a una empresa molinera. Lo investiga el fiscal Ramiro González. 

Nuestra provincia ha hecho avances significativos para combatir la corrupción, a diferencia del camino elegido a nivel nacional. En un país asqueado por la impunidad de los corruptos, Mendoza dio un paso histórico que les quita escapatoria en el tiempo: la Suprema Corte de Justicia de la provincia declaró imprescriptibles los delitos por corrupción. Nuestra provincia ha hecho avances significativos para combatir la corrupción, con la consagración de ficha limpia, la implementación de los procesos de extinción de dominio y ahora con la declaración de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Queda una sola audiencia del juicio y luego empezarán los alegatos. Acusan a la vicepresidenta de direccionar contratos a favor de Lázaro Báez. 

Destrabará así cualquier objeción al juicio, uno de los que más preocupa a la vice. Anticipándose, el kirchnerismo cargó contra los jueces. 

Se trata del expediente que investiga los contratos concedidos a Lázaro Báez en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista. 

La entidad porteña advirtió que el objetivo de la propuesta presentada por Alberto Fernández es “subordinar completamente al máximo tribunal al poder político”.

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