Cuando en agosto pasado Alberto Fernández celebró el acuerdo de reprogramación de deuda con los bonistas privados, las voces más prudentes del oficialismo y de la oposición advirtieron: era un paso necesario, pero no suficiente, para superar la crisis económica argentina. Y no sólo porque faltaba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el principal acreedor, sino porque el Gobierno no presentaba un programa económico consistente. Decía que no era necesario. No antes de resolver el ahogo del sector externo.

Lo que sucedió desde entonces con los bonos de la deuda privada renegociada confirmó la razonabilidad de aquella advertencia. El valor de mercado de esos títulos cayó como si la expectativa fuese una amenaza reincidente de default, pero en la nueva fecha de vencimiento. Lo necesario fue insuficiente: no reconstituyó la confianza externa. Lo hubiese conseguido –tal vez– la puesta en marcha de un programa económico consistente. Pero ese caballo siguió uncido detrás del carro.

Con ese antecedente, el ministro Martín Guzmán acometió su primer acercamiento formal con el Fondo Monetario. Volvió festejando la semántica del FMI. Según la versión oficial, el ministro le presentó como un logro al presidente Fernández que los técnicos del Fondo convinieron que es necesario “garantizar la sostenibilidad macroeconómica”, acordaron que “la inflación es un fenómeno multicausal” y que las políticas para impulsar exportaciones ayudan a fortalecer las reservas.

En otras palabras: por ahora, la Argentina y el Fondo llegaron a un acuerdo conceptual sobre la bondad de lo bueno. Guzmán se entusiasmó y tradujo por su cuenta que la admisión de la “multicausalidad inflacionaria” es un tácito abandono del FMI de las teorías que reducen las causas de la inflación a la expansión monetaria.

Con sólo fijarse en las rutinarias observaciones del Fondo sobre el déficit fiscal, la apertura al comercio y la inversión ya se pueden encontrar variables diversas para justificar la obvia multicausalidad que tanto le obsesiona al ministro, sin que esa novedad de Perogrullo implique ningún giro drástico en la ortodoxia del Fondo.

La novedad política es que el Instituto Patria se aferró a ese libreto modesto para desarrollar, a partir de esas migajas, una teoría esotérica: el Fondo se ha convertido. El júbilo de Guzmán es comprensible. Ha obtenido un logro insólito. Un cambio radical de la doctrina que el FMI atesora desde el acuerdo de Bretton Woods.

Más aún: sostiene el kirchnerismo que si todavía los técnicos del Fondo no transparentan en términos contantes y sonantes su conversión, es porque eso les acarrearía consecuencias legales negativas. Implicaría admitir que, con sus convicciones anteriores, otorgaron créditos ilegítimos al país durante la gestión de Mauricio Macri.

Como toda narración fantástica, esta versión de la misión Guzmán –que volantea con resiliencia el kirchnerismo– nace de algunos datos ciertos y vuela después con la imaginación. Es cierto que el FMI se apresta a aprobar (por la pandemia global) un aumento de su capital en derechos especiales de giro. Eso beneficiará a todos los países miembros. También a la Argentina.

En el Instituto Patria, explican que eso permitiría cumplir con los pagos de este año al FMI y el Club de París y, sobre todo, dilatar un acuerdo de facilidades extendidas. Agregan, como prueba de que Dios es peronista, que la asamblea del FMI aprobaría esa conversión a la bondad el domingo 17 de octubre, el Día de la Lealtad. A la sazón, una semana antes de las elecciones legislativas en Argentina.

También es cierto que no está definitivamente cerrado el camino a una reprogramación a 10 años de los vencimientos pendientes con el FMI. También pensaba pedirla Mauricio Macri, si ganaba. Kristalina Georgieva aún espera que Guzmán presente un programa económico consistente. Porque el que dibujó en el Presupuesto 2021 prevé un déficit fiscal financiado con inflación y una política monetaria irreal, con el dólar sofocado en una olla a presión. Nada que augure sustentabilidad política, y menos social.

Incluso con un plan, la posibilidad de un acuerdo estaría sujeta a condicionalidades: políticas concretas y de largo plazo para corregir desequilibrios estructurales. Y un monitoreo riguroso y periódico de la ejecución fiscal, la emisión monetaria, el nivel de reservas y nuevas deudas. Nada de conversiones; lo mismo de siempre.

Guzmán no quiere abandonar su gestión sin ese acuerdo. Aunque lo critique, Cristina también lo espera. Porque teme un país más inestable. Pero no quiere ese acuerdo antes de las elecciones, a menos que la oposición lo suscriba.

Edgardo Moreno