Miércoles, 27 Octubre 2021 09:48

Planes sociales en la mira: ¿por qué es tan difícil reducirlos y cuánto representan realmente en los ingresos de los sectores vulnerables? - Por Mariano Obarrio

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Un estudio de IDESA determinó que, contrario a lo que muchas veces se piensa, 3 de cada 4 pesos que reciben los sectores de menos recursos provienen de su trabajo. ¿Por qué crecen entonces los planes sociales?

 

En medio del debate sobre la necesidad de convertir los planes sociales en trabajo productivo, que se instaló en la campaña para las elecciones del 14 de noviembre, un relevamiento determinó que los recursos que el gobierno de Alberto Fernández destina a subsidios a la pobreza representa sólo el 27% de los ingresos de las familias más pobres, mientras que el 73% son ingresos laborales.

 

Así lo estableció un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que dirige el economista Jorge Colina, especializado en el análisis de las políticas sociales y el desarrollo económico.

De ese modo, quedaría demostrado que no es cierto que el único sostén económico de los sectores más vulnerables es el asistencialismo. En otras palabras, 3 de cada 4 pesos los aporta el trabajo.

De allí se desprende, según IDESA, que “para bajar la pobreza es más importante mejorar la calidad de los empleos y reducir la inflación, más que expandir planes asistenciales”. También consideró que “el aumento de los planes asistenciales nunca va a compensar la pérdida por licuación que les produce la inflación en los ingresos laborales”.

Y esa inflación, en gran medida, es causada por la emisión monetaria que el Banco Central tiene que hacer para sostener el presupuesto del asistencialismo. Dicho de otro modo, es un círculo vicioso: más planes, más gasto, más emisión, más inflación y pérdida del poder adquisitivo.



Para reducir la pobreza hay que bajar la inflación y mejorar la educación

El análisis también concluye que “para reducir la pobreza, además de reducir la inflación, hay que aumentar la cantidad y calidad de los empleos y la empleabilidad de los pobres”. Y para ello, dice, “es clave modernizar la legislación laboral y tributaria induciendo más inversión y facilitando la generación de nuevos empleos de calidad”.

La otra pata de las propuestas es “asegurar que los niños y jóvenes de las familias pobres tengan educación pública de calidad y terminen la secundaria”. O que sus padres tengan algún tipo de capacitación masiva para la inserción laboral.

3,8 millones de beneficiarios que podrían capacitarse en nuevos trabajos

Según los números de IDESA, en otro estudio, el Estado nacional tiene 3,8 millones de beneficiarios de planes sociales que podrían estar disponibles para recibir capacitación laboral. Sin embargo, no hay formación para los nuevos oficios del sector privado. Esos planes sociales cuestan hoy al Estado $479.826 millones, un 1,14% del PBI, y explican buena parte del déficit fiscal que el Gobierno debe negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reprogramar su deuda de U$S 44.000 millones.

En la última medición del Indec, hace tres semanas, el índice de pobreza se ubicó en el 40,6% en el primer semestre del año, lo que equivale a 18,6 millones de personas. La indigencia se ubicó en el 10,7%, unos 4,9 millones de ciudadanos.

En el 2° trimestre del 2020, durante la cuarentena estricta, había 3 millones de ocupados informales menos. En el 2° trimestre de este año, con la apertura del confinamiento, se recuperó el empleo informal, aunque la incidencia de la pobreza se mantuvo por encima del 40%.

El estudio indica que, en 2019, la pobreza era de 35% y había menos planes asistenciales: 4,2 millones de Asignaciones Universal por Hijo (AUH) contra 4,4 millones de hoy; 625 mil beneficios alimentarios contra 1,7 millones de tarjetas alimentarias actuales; 775 mil planes “Potenciar Trabajo” contra 1 millón de hoy. Si bien aumentaron los planes asistenciales, la marginalidad social no sólo no cede, sino que aumenta.

En este contexto, los ingresos laborales representan el 73% en las familias pobres, y los ingresos no laborales (asistencia social) el otro 27%. En el 2019, los ingresos no laborales representaban 28%. Ello demuestra que se mantiene constante que 3 de 4 pesos de los pobres provienen del trabajo y sólo 1 de 4 de la asistencia social.



Los números de cada uno de los planes sociales de la Nación

El total de beneficios es de 11,8 millones, cifra que no incluye las jubilaciones, de los cuales 1 millón son planes Potenciar Trabajo, que en teoría el Ministerio de Desarrollo Social asigna para cumplir tareas laborales, lo que no siempre ocurre. La partida para 2021 de ese programa es de 111,9 mil millones de pesos.

En tanto, la ANSeS otorga 4,4 millones de AUH, que cuestan 242.250 millones. Entre ambos, insumen 354.150 millones, un 0.84% del PBI. Cada punto del PBI son aproximadamente 420.000 millones de pesos.

Esta cuenta no contempla los beneficiarios de programas sociales de provincias y municipios, sino solo los asignados por el Estado nacional.

Por otra parte, Desarrollo Social distribuye 1,7 millones de planes alimentarios que insumen 114.250 millones de pesos, un 0,27% del PBI. Lo perciben quienes tienen ingresos insuficientes o no los tienen por falta de trabajo y capacitación laboral.

El Ministerio de Trabajo administra el plan Acciones de Empleo (jefes y jefas) para 65.000 beneficiarios y Acciones de Capacitación para 55.000, con 6137 millones y 5289 millones, respectivamente. Un total de 11.429 millones, un 0,03% del PBI.

La ANSeS también distribuye jubilaciones sin aportes por la moratoria previsional a 3,5 millones de personas, y Pensiones no Contributivas (PNC) por discapacidad para 1,1 millones de beneficiarios, de los cuales no todos tienen discapacidad total demostrada.

Los jubilados sin aportes cuestan 1,051 billones (millón de millones) de pesos y las PNC insumen 213.130 millones. La suma da 1,26 billones de pesos, lo cual implica 3 puntos del PBI.

Cómo se llega al número de 3,8 millones que podrían capacitarse

El total de jubilaciones con o sin aportes totaliza 5,3 millones de personas y los pensionados 3,2 millones, pero esta población no podría ser universo de capacitación laboral y los ingresos son fijos porque no se pueden modificar esas prestaciones. Por lo tanto, el universo total al cual podría ir dirigida la capacitación laboral es:

  • Programa Potenciar Trabajo (Desarrollo Social): 1 millón de beneficiarios; 111.900 millones de pesos.
  • Plan Alimentario (Desarrollo Social): 1,7 millones de beneficiarios; 114.250 millones de pesos.
  • Programa Acciones de Empleo (jefes y jefas, Ministerio de Trabajo): 65.000 beneficiarios; 6137 millones de pesos.
  • Acciones de Capacitación (Trabajo): 55.000 beneficiarios; 5289 millones de pesos.
  • Asignación Universal por Hijo (ANSeS): 4,4 millones de beneficios (muchas personas cobran más de uno por la cantidad de hijos); 242.250 millones. A un promedio de 4 hijos por familia, al menos 1 millón de padres o madres podrían sumarse al programa de capacitación laboral.

De ese modo, la Nación podría focalizar los programas de capacitación laboral y de cultura del trabajo en 3,82 millones de personas para comenzar. Esos beneficiarios le cuestan al Estado nacional unos 479.826 millones de pesos, que equivalen a 1,14% del PBI.

Por otra parte, las administraciones nacional, provincias y municipios tienen 3,9 millones de trabajadores en el sector público y muchos de ellos podrían incorporarse al sector privado con una capacitación laboral para dejar a las plantas estatales con la dotación más eficiente.

Mariano Obarrio

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