Domingo, 02 Enero 2022 09:23

Entusiasmada por la reactivación del consumo, el ala política del gobierno no parece preocupada por la inflación y el riesgo de un nuevo default - Por Domingo Cavallo

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El año termina con más inflación en diciembre que en noviembre y con el precio del dólar en el mercado paralelo a niveles récords. La tasa de riesgo país sigue en un nivel que presagia un default de la deuda reestructurada. No hay seguridad de que pueda lograrse un acuerdo con el FMI antes del vencimiento de capital del mes de marzo. 

Pero los principales políticos del gobierno, entusiasmados con el ritmo del nivel de actividad económica, especialmente el del consumo, que, luego de la fuerte caída durante 2020, logra restablecer el nivel del año 2019, parecen decididos a seguir con el mismo tipo de manejo económico que vienen sosteniendo desde diciembre de 2019, prácticamente un espejo de lo que fue el manejo económico en el segundo período presidencial de Cristina Kirchner. No parecen preocupados por la elevada inflación y mucho menos reclaman al equipo económico algún tipo de estrategia estabilizadora. El razonamiento oficial predominante es que debe priorizarse la expansión de la demanda interna aun cuando ello signifique que la inflación aumente. 

El Ministro Guzmán y el Presidente del Banco Central están preocupados por la inflación, por la brecha cambiaria y por el riesgo país, pero no porque se lo demande el ala política del gobierno sino porque de no encontrar la forma de explicarle al FMI que estos tres problemas van a ser enfrentados y resueltos, aunque más no sea, de manera tendencial, será difícil llegar a un acuerdo que permita evitar el pago de la cuota de capital que vence en marzo.

Sin embargo, al ala política no le preocupa que el país pueda caer en atrasos (“arrears”) con el FMI por dos razones. Primero, porque ayudaría a su discurso de echarle la culpa a Macri por el endeudamiento con esa institución y segundo, porque piensa que la economía puede crecer sin acceso al crédito externo. Utilizan como argumento que eso es lo que ocurrió durante los gobiernos de Néstor y Cristina.

Lo que los políticos del gobierno no advierten es que, en un contexto de alta y creciente inflación, la reactivación de la economía encontrará muy pronto un límite, se acentuarán los conflictos distributivos y la brecha cambiaria será una alerta cada vez más elocuente del peligro de un Rodrigazo como el de 1975.

El ajuste “sin sacrificio” por el que brega el Ministro Guzmán

El ministro Guzmán intenta convencer al staff del FMI que con aumento segmentado de tarifas para la energía eléctrica y, posiblemente, para el gas natural, logrará una reducción y el aumento de la recaudación por reactivación económica, aumento de tasas impositivas y creación de nuevos impuestos va a lograr reducir el déficit fiscal primario a no más del 2,5% del PBI. Al no contemplar otras reducciones del gasto público en términos reales, lo que el staff del FMI sospecha, como la mayoría de los economistas profesionales del mercado, es que el ajuste fiscal se terminará produciendo porque la inflación superará a los aumentos nominales de salarios y jubilaciones, lo que, muy probablemente, acentúe la puja distributiva que ya se observa en el horizonte.

El “contorsionismo” del Presidente del Banco Central

El comunicado del Banco Central que se transcribe a continuación confirma casi todas las previsiones que habíamos hecho en nuestro informe anterior. La tasa de ajuste del tipo de cambio tenderá a ser igual a la tasa de inflación y la expansión monetaria será la que asegure que en términos reales la liquidez acompañará al crecimiento real de la economía. Esto significa que la política monetaria no proveerá a la economía de un ancla nominal.

Seguramente, el gobierno seguirá intentando controlar la tasa de inflación con controles de precios y manejo de las tarifas de los servicios públicos. Dado que cada vez hay mayor cantidad de evidencias de que los controles de precios no funcionan y que la capacidad de atrasar el precio de los servicios públicos ya estará severamente limitada por la necesidad de reducir el monto de los subsidios económicos, lo más probable es que la inflación inercial ponga como límite inferior el 50% anual del año 2021. Por arriba de la inflación inercial operará la puja distributiva porque seguramente los sindicatos y los movimientos sociales no aceptarán que sus ingresos se sigan deteriorando en términos del poder adquisitivo.

El Banco Central promete manejar las tasas de interés de tal forma que resulten positivas en términos reales y, al mismo tiempo, dice que tratará que aumente el crédito al sector privado. Es difícil imaginar un manejo monetario que permita conseguir estos dos objetivos, más el de hacer que la expansión monetaria asegure el mantenimiento de la liquidez al ritmo del crecimiento real de la economía.



Sólo un ajuste fiscal significativo evitará que se espiralice la inflación. Si el ajuste fiscal no es explícito y ejecutado por el lado del gasto, seguramente requerirá una tasa de inflación más alta que la de 2021 para licuar salarios y el gasto público. Si la resistencia de los beneficiarios del gasto público no permite que el ajuste opere por vía de la tasa de inflación, es decir, se el gasto público en términos reales se torna totalmente inflexible a la baja, la inflación puede acelerarse de manera muy peligrosa y terminar en un Rodrigazo como el de 1975. La brecha cambiaria será el indicador más elocuente de en qué medida este riesgo aumenta o disminuye.

En este contexto político y económico, el crecimiento sostenido es una quimera

Además de que la reactivación de la demanda interna encontrará un techo por el estancamiento de la capacidad productiva que ya lleva 10 años y se acentuó en los dos últimos por ausencia total de inversiones, existen riegos de eventos adversos en el contexto externo tales como el descenso de los precios de las commodities y la recesión en Brasil. Tampoco se puede contar con que el clima acompañará a la producción agrícola como lo ha hecho en los dos últimos años.

Pero lo que más atentará contra la sostenibilidad del crecimiento es la enorme cantidad de distorsiones en los precios relativos que surgen de los controles de cambio y de precios, de las crecientes regulaciones anti productivas que sanciona el gobierno, de la enorme presión impositiva que debe soportar el sector privado formal y de la ausencia total de crédito público y privado por desconfianza e inseguridad jurídica.

Que deje de ser una quimera a partir de 2024 dependerá de cuan bien diagnostique la situación y que tan preparado para producir cambios muy importantes en la organización económica esté el gobierno que vaya a suceder al actual.

Domingo Cavallo
Fuente: http://www.cavallo.com.ar/

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