Domingo, 19 Junio 2022 08:29

Con Cristina de bastonera, los gobernadores del PJ buscan tomar el control de los planes sociales - Por Mariano Spezzapria

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Preparan un proyecto para eliminar la intermediación de las organizaciones piqueteras; apuntan contra el opositor Polo Obrero y el Movimiento Evita, un aliado clave de Alberto Fernández 

El proyecto aún no tiene fecha de presentación, pero se está cocinando con el aval y la supervisión de Cristina Kirchner. En lo formal, son los gobernadores del PJ los que tomaron la iniciativa, aunque en el plano político los principales interesados en el traspaso de los planes sociales a las provincias y municipios, sobre todo los del conurbano bonaerense, son la vicepresidenta y La Cámpora. Y los potenciales perjudicados son las organizaciones piqueteras, oficialistas y opositoras, que no están bajo el control del kirchnerismo. 

La metodología es la misma que se utilizó con el proyecto para ampliar a 25 los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Los gobernadores del PJ arman la propuesta, se la llevan al Gobierno nacional -que da su visto bueno en aras de la “unidad” del Frente de Todos- y luego algún senador oficialista le pone la firma para comenzar a tratarlo en el Congreso. Así se aprobó en la Cámara alta la iniciativa sobre el máximo tribunal y del mismo modo se diseña ahora un plan para eliminar la intermediación de las organizaciones sociales.

“El objetivo es descentralizar y federalizar”, dijo un gobernador peronista que participa de las reuniones preparatorias de la iniciativa. Aunque debajo de la letra oficial, el proyecto también esconde una necesidad político-electoral para el oficialismo: evitar que las organizaciones sociales financien su actividad con los planes -como lo admitió el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni- y que los utilicen como plataforma para competir en las urnas. En 2021, el kirchnerismo perdió votos a manos de la izquierda en el Gran Buenos Aires.

Otro apuntado por el kirchnerismo, en especial por la vicepresidenta que aún está convencida de que estuvo detrás del ataque a pedradas a su despacho del Senado, es el Movimiento Evita que lidera Emilio Pérsico. El referente es señalado por ubicarse “de ambos lados del mostrador”, ya que es al mismo tiempo funcionario de Desarrollo Social y jefe de una organización que creció exponencialmente, ya que controla unos 300.000 planes Potenciar Trabajo, un cuarto del total del programa que destina $19.000 mensuales a los beneficiarios.

La sospecha de que las “orgas” oficialistas y las opositoras –estas últimas mayormente vinculadas al trotskismo- se coordinan en una acción de “apriete” al Estado para conseguir más subsidios, se alimenta en las oficinas gubernamentales. Y llega hasta el despacho de Cristina en el Senado, que se muestra muy interesada en la gestión de los planes. A tal punto, que citó en dos oportunidades al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, para interrogarlo sobre aspectos puntuales de programas como el Potenciar Trabajo.

Se trata de un plan que reciben 1,2 millones de personas en todo el país y que se concentra en los tres cordones del Conurbano, donde el kirchnerismo tiene su base electoral. Cristina Kirchner y “Juanchi” Zabaleta son recientes aliados en la interna oficialista luego de que por dos años el intendente de Hurlingham en uso de licencia fue “el primer albertista”, aunque Alberto Fernández nunca terminó de habilitar el armado de su propia línea en el FDT. Y mantiene un pesado silencio sobre la propuesta para traspasar los planes.

La prescindencia de Fernández no deja de llamar la atención porque Pérsico y otro funcionario de las filas del Evita, Fernando “Chino” Navarro, se convirtieron en un sostén territorial para el Presidente en medio de su enfrentamiento con el kirchnerismo, en un plano similar al de la CGT de Héctor Daer, ya que le garantizan una nada despreciable paz social. A tal punto, que a raíz de la presión para que convoque a un paro general, la central obrera peronista se encamina a diluir la protesta con una marcha contra los “formadores de precios”.


El último documento de los gobernadores del PJ, en el que hablan de "transformar los planes sociales"

Aún con defensores internos como Juan Grabois, Pérsico ganó enemigos en el oficialismo. Además de Cristina y Zabaleta, que rechazan la creación de un Ministerio de la Economía Popular, el barbado está apuntado por Máximo Kirchner, que desde el PJ bonaerense selló una alianza con los intendentes del Conurbano para resistir el avance de las organizaciones en sus distritos, entre ellas Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa (CCC), que ayer marcharon para reclamar la sanción de la “renta inesperada”.

Sin embargo, Pérsico no parece amilanarse: su pareja la diputada provincial Patricia Cubría lanzó un desafío público al intendente del bastión peronista de La Matanza, Fernando Espinoza, para enfrentarlo en las elecciones municipales de 2023. Mientras que, en Quilmes, donde gobierna la camporista Mayra Mendoza, sospechan que la filtración de las presuntas irregularidades en las cooperativas se originó en el Movimiento Evita. Semejante temeridad política por parte de Pérsico tendrá, seguramente, una devolución de gentilezas.

La izquierda piquetera

Si la relación entre el ala política del Gobierno y las organizaciones oficialistas es cada vez más tensa, el desencuentro con los piqueteros opositores se convirtió en un conflicto declarado. La marcha del jueves a las puertas del ministerio que porta la gigantografía de Eva Duarte, que colapsó la avenida 9 de Julio, fue replicada con la confirmación gubernamental de que no se abrirán más cupos de planes sociales y sin la recepción a los referentes de la protesta, que recién se concretará el miércoles de la semana que comienza.

Por el contrario, en el Gobierno deslizaron que la admisión del Polo Obrero de que cobra a los beneficiarios del Potenciar Trabajo el 2% del subsidio para solventar los costos de la organización, podría derivar en una revisión integral de los 60.000 planes que controla este grupo vinculado al Partido Obrero. “¡No puede ser que naturalicen lo que le sacan a los pobres!”, bramó un funcionario. Y aseguró que “se detectaron irregularidades” en las bolsas de alimentos que entrega esa organización en sus comedores barriales.

Así las cosas, el enfrentamiento entre el Gobierno y los piqueteros de izquierda irá escalando. Sobre todo, si la detección de irregularidades deriva en un traspaso de los planes a otras “unidades ejecutoras” no controladas por las agrupaciones de la Unidad Piquetera, sino por intendentes del Conurbano aliados con Máximo Kirchner o gobernadores del PJ cuyo “think tank” montado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde tienen predicamento Axel Kicillof y Jorge Capitanich, avanza con propuestas que llevan el sello de Cristina.

Según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales, las denuncias que le llegan a través de la web y en forma anónima a la cartera de Desarrollo Social cuantificaron en al menos 7.000 los beneficiarios de planes que son obligados a marchar para seguir cobrando el subsidio. Y en el territorio bonaerense el ministro del área, Andrés Larroque, lanzó una campaña con un mensaje claro: “Si vivís en la provincia de Buenos Aires y sos destinatario de programas sociales, recordá que es tu derecho recibir la totalidad de la prestación”.

Larroque, más conocido como “el Cuervo”, es el secretario general de La Cámpora y fue, durante semanas, habilitado por Cristina para cuestionar públicamente al Presidente y al ministro de Economía, Martín Guzmán, que a su vez es un protegido del Movimiento Evita. Si la avanzada es contra las agrupaciones de izquierda, entonces las oficialistas se verán obligadas a tomar una posición. Y si actuaran en forma corporativa, confirmarían las presunciones de que se mueven en conjunto, razonan en las usinas kirchneristas.

El conflicto entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras, que agitan la protesta callejera para que se incremente el presupuesto destinado a los planes, en un contexto inflacionario y de aumento de la pobreza, podría recalentarse si prospera el proyecto para traspasar los planes sociales a las provincias y los municipios. Por su parte, la administración nacional se ve ajustada por el corset autoimpuesto en el acuerdo con el FMI y se queda sin margen para aumentar los subsidios sociales al ritmo de la inflación.

Mariano Spezzapria

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