Viernes, 22 Julio 2022 12:15

Mario Secco, grumete de Cristina en una nave a la deriva - Por Daniel Bilotta

Escrito por

Cristina Kirchner pretende transformar la incertidumbre de su futuro electoral en el argumento político más potente para defenderse en las causas judiciales donde es investigada. Una variante del lawfare que esbozó en Twitter con la supuesta proscripción a su eventual candidatura presidencial que tramaría la Corte fallando en su contra. A esa teoría adhieren por necesidad propia dirigentes de su círculo, como Mario Secco. El Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 2 de La Plata fijará fecha en agosto para el juicio oral y público del intendente de Ensenada. 

Secco está acusado de interrumpir actos de otro poder, resistir la autoridad y coacción agravada. Delitos penalizados con condenas de hasta 15 años por haber irrumpido en el recinto de la Legislatura bonaerense donde sesionaban los diputados el 14 de diciembre de 2017. Su situación judicial atraviesa el solapado debate que se insinúa en el Frente de Todos por el poder de decisión sobre las candidaturas a gobernador y vice en 2023. Igual que Mayra Mendoza (Quilmes), Secco es de los pocos entre sus pares que adscribe verticalmente a Cristina. 

La activa presencia de Susana González con Walter Abarca y Rubén Eslaiman para asistir a César Valicenti en la conducción del bloque de diputados es un premio a esa constancia. Estrecha colaboradora de Secco, González preside la comisión de Asuntos Constitucionales y aspira a representar al oficialismo en el Consejo de la Magistratura y la Bicameral de Enjuiciamiento que intervienen en la designación e investigación de funcionarios judiciales. Algo que la última sesión dejó en suspenso y que los intendentes atribuyen a divergencias internas de La Cámpora de la que tomarían provecho.

González disputa esos espacios con Maite Alvado, la esposa del redivivo Facundo Tignanelli al que Máximo Kirchner hizo subdirector de la Anses. Para los intendentes se trataría de elegir entre dos malas opciones. Preferirían al exintendente de Leandro Alem, Alberto Conocchiari. El interés de González está ligado a la denuncia contra el Procurador General, Julio Conte Grand, por supuesto espionaje y armado de causas que hace hincapié en la que Daniel Capdevila hizo por administración fraudulenta en Astilleros Río Santiago.

Capdevila fue su interventor en la gestión de María Eugenia Vidal e involucró a ATE Ensenada en su denuncia. En agosto de 2018, militantes de esa corriente intentaron ingresar a la Casa de Gobierno en La Plata, en medio de una protesta que tuvo a esa causa por fondo. Secco organizó en 2019 uno de los primeros actos de campaña de Axel Kicillof en esos astilleros. El intendente mantiene una estrecha relación con ATE Ensenada. La denuncia de Capdevila fue investigada por Juan Cruz Condomí. Junto a Marcelo Romero, los fiscales que intervinieron en la causa contra Secco. Romero fue confirmado este lunes como el fiscal en el juicio al intendente de Ensenada. En apariencias, una probabilidad fuera de cálculo para el intendente. Pero también del TOC N° 2 que llevó con parsimonia el pedido de enjuiciamiento que le efectuó Condomí en abril del 2019. Secco recordó que ingresó a la Legislatura ¿con ayuda de Florencia Saintout?, en medio de incidentes por la modificación al régimen de privilegio a jubilados del Banco Provincia (Bapro) que Kicillof no pudo restituir como Cristina le había prometido al líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Se lo impidió Mauricio Macri, que limitó los acuerdos de Juntos con el oficialismo. Un alivio para la oposición que, aunque quisiera, no está en condiciones de prestar el auxilio que el gobernador le pide. La puja entre dos viejos amigos como Jorge Macri y Daniel Angelici por el lugar de los diputados de la oposición en el Consejo de la Magistratura sirve de ejemplo. Aunque quedó para Mauricio “Chueco” Vivani, la victoria del ministro del Gobierno porteño entrañaría aceptar la declinación de su candidatura a jefe de la ciudad si se confirma que su primo Mauricio prefiere a Vidal.

Jorge acompañó a Mauricio en una recorrida por Ituzaingó. Angelici habría eludido con diplomacia cualquier refriega. “No necesito esa silla nombrar funcionarios judiciales” habría dicho. Tiene razón. Precisa más otra para defenderlos. Propuso a Daniel Lipovetsky para disputar con Santiago Passaglia un lugar en la Bicameral de Enjuiciamiento. Lipovetsky acumula el mérito de votar con Walter Carusso y Sofía Vanelli la suspensión de la audiencia en la que el jurado de enjuiciamiento se declaró competente para investigar al fiscal de Tigre, Claudio Scapolán.

Los intendentes del PJ visitaron anteayer a Silvina Batakis para respaldar su gestión. Martin Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Espinoza (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Federico Achával (Pilar) se reunieron con la ministro de Economía, en un franco contraste con el silencio del kirchnerismo. Los intendentes respondieron a la convocatoria de Juan Manzur con igual lógica que los gobernadores. Estiman al jefe del Gabinete un mal menor para obturar la llegada de Sergio Massa a ese cargo.

Igual que los intendentes que ocupan ministerios con Alberto Fernández, Manzur no tiene motivos para apurar su regreso a Tucumán. La crítica situación económica lo retiene en el cargo y pone en segundo plano la tensa relación con su vicegobernador, Osvaldo Jaldo. La reunión de anteayer de los movimientos sociales es una muestra. Los afines al presidente le pidieron a los del Polo Obrero (PO) realizarla en su local de Plaza Once. “Si lo hacemos en el nuestro tenemos que ir del gobierno”, confió alguien del Movimiento Evita.

La decidida intervención de Juan Grabois en la disputa entre Cristina y Fernández pone al borde de la fractura a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que conduce Esteban “El Gringo” Castro, el dirigente social más cercano al Presidente. Grabáis le reclamó con vehemencia a Fernández que imponga por decreto el salario universal que impulsa Cristina en el Senado. Solo la Corriente Clasista y Combativa (CCC) medita acompañarlo en ese planteo.

Presionados por su base, Somos y el Movimiento Evita estaría más cerca de un bono de urgencia de 20 mil pesos como el que exige el PO. Todavía no está claro que todos confluyan en una acción coordinada el próximo 27 de julio cuando vuelvan a marchar contra la criminalización de la protesta.

Los intendentes descuentan que la economía será el escenario de la batalla electoral y que Cristina deberá optar entre liderar la boleta o colocar allí a alguien de su entorno. ¿Lograrán que sea Kicillof? Es lo que se propondrían para liberar la candidatura a gobernador de Insaurralde, su jefe de gabinete. Mientras tanto, las medidas con las que se aspira a apaciguar los mercados no consiguen transmitir racionalidad.

Peligra en agosto el envío de los 15 millones de sobres que envían las compañías de servicios. Especialmente las de energía eléctrica, con los aumentos que deberían disminuir subsidios. Las cuatro firmas que los producen no logran persuadir al Banco Central de liberar dólares para pagar los contenedores con celofán demorados en la Aduana.

La más importante emplea 200 personas y está en el partido de San Martín, que gobierna Gabriel Katopodis. El ministro de Infraestructura garantizó la continuidad de la obra pública. La ampulosidad del gobierno daría aval a quienes lo comparan con una nave a la deriva con Cristina como insignia y grumetes como Secco.

Daniel Bilotta

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…