Pese a que la selección argentina de Lionel Scaloni ganó la Copa Mundial Qatar 2022, el gobierno de Alberto Fernández no podía privarse del conflicto político, institucional y social de cada diciembre. El Presidente y 14 gobernadores anunciaron que no acatarán “por imposible cumplimiento” el fallo de la Corte Suprema que ordenó devolver $100.000 millones anuales a la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual se desató un nuevo conflicto de poderes. Mientras, anunció que no enviará el dinero. 

Mediante un comunicado, el Gobierno anunció que no cumplirá el fallo y que recusará a los cuatro jueces de la Corte que firmaron la medida cautelar y presentará un recurso “in extremis” para los conjueces revoquen la medida. Mientras dure ese recurso, confiaron en el Gobierno a A24.com, la Casa Rosada gana tiempo y no ejecutará la cautelar de la Corte.

Pero el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, analizaba este jueves también la reacción que adoptará y se descuenta que judicializará la decisión de Alberto Fernández. Hará este viernes una conferencia de prensa a las 10 en la sede de Uspallata.

Podría denunciar penalmente al Gobierno por los delitos de sedición, desacato o incumplimiento de deberes de funcionario público. O bien presentar algún tipo de recurso ante la Corte Suprema. Pero el máximo tribunal entra en la feria de verano y no podrá resolver hasta febrero, según pudo saber A24.com.

El Gobierno apunta a dilatar y sospechan un pacto con Rosatti

“Con el recurso in extremis, el Gobierno pide la nulidad de la sentencia y apartar a los jueces. Y que actúen conjueces”, dijo a A24.com una fuente cercana a la Corte Suprema. “Hasta que se resuelva el recurso in extremis al menos ganan tiempo. Para eso se usa el recurso. No se ejecuta la sentencia hasta que se resuelva el recurso in extremis”, explicó otra fuente.

En los pasillos de la Corte Suprema confiaron que el caso no se resolverá por lo menos hasta febrero de 2023. Y algunos deslizan que pudo haber un inquietante pacto entre el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Señalan en tribunales que el fallo sobre CABA estaba listo para salir el 24 de noviembre último, hace un mes. Pero en esos días Manzur y Rosatti resolvieron el envío de las partidas salariales con los aumentos para los judiciales. Al mismo tiempo, el fallo se postergó hasta justo días antes de la feria judicial.

Ahora, Rosatti y Carlos Rosenkrantz entraron en licencia y sólo quedan en el máximo tribunal Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. En enero, es la feria judicial, por lo cual nada podrá resolverse en la Corte hasta febrero o marzo de 2023.

El conflicto de poderes para llegar sin pagar hasta fines de 2023

De ese modo, si el Gobierno logra dilatarlo con recursos judiciales, el fallo podría postergarse hasta el próximo mandato presidencial que comenzará en diciembre de 2023 y la Ciudad nunca vería los fondos que se le restituyeron.

Según pudo saber A24.com, el Gobierno es consciente de que organizó un conflicto de poderes, un pleito institucional, entre el Ejecutivo y la Corte, porque no le pagará al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta el goteo de 2.95% de coparticipación diaria sino solo el 1,4% habitual.

De ese modo, Rodríguez Larreta no podría cumplir con la promesa de eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito y de bajar la tasa del impuesto a los ingresos brutos que había elevado, de 8% a 2,85% como anunció anteayer.

Los gobernadores quedaron divididos: 14 contra 10

En tanto, los 14 gobernadores instruirán a sus fiscales de Estado para que soliciten que los Estados provinciales sean tenidos como “parte” en el expediente y acompañen la recusación a los jueces de la Corte y la revocatoria “in extremis”.

Son los gobernadores peronistas del Frente de Todos de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Todo se concertó en una reunión en la Casa Rosada con el Presidente.

El dato, no menor, es la división del bloque de gobernadores. Hay diez mandatarios que no firmaron la declaración de guerra a la Corte Suprema. Cuatro de ellos responden habitualmente al Gobierno, por conveniencia de gestión: los de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Río Negro, Arabela Carreras, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Firmaron un documento propio que no cuestionó a la Corte, respetó el dictamen, y señaló que ninguna provincia "debe percibir recursos por encima del costo real de las nuevas responsabilidades", pero "esos fondos deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones". Es decir que los recursos que se le quitaban a CABA debían ser distribuidos entre las provincias y no solo a Buenos Aires y a Axel Kicillof.

Tampoco se plegaron al Gobierno Juan Schiaretti (Córdoba), Omar Perotti (Santa Fe), y los de Juntos por el Cambio Rodríguez Larreta (CABA), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdes (Corrientes) y Rodolfo Suarez (Mendoza).

Están en juego 100 mil millones, pero la Ciudad reclama 150 mil millones

La medida cautelar de la Corte Suprema ordenaba devolver a la Ciudad 100 mil millones de pesos anuales, al valor de 2022. Esto es así porque CABA recibía 3,5 puntos de coparticipación hasta 2020, pero Alberto Fernández firmó un DNU mediante el cual le quitó 1,55% (150 mil millones al valor de hoy) para redireccionarla a la provincia de Buenos Aires para pagar sueldos policiales y la coparticipación porteña quedó en 1,95%.

La Corte Suprema ordenó mediante una cautelar fijar la coparticipación total en 2,95% por todo concepto. La Ciudad reclamará en el juicio que se seguirá llegar al 3,5%. De ese modo, la Corte le devolvió 1% del 1.55 que había quitado el Gobierno, es decir un 65% de los recursos que reclamaba la Ciudad. Ese 1% equivale a 100 mil millones de pesos de los 150 mil que reclama.

La pérdida total de recursos para la Ciudad por la quita de coparticipación fue de 252.000 millones en tres años: en 2020, $ 15.500 millones (desde septiembre), en 2021, $ 83.000 millones, y en 2022, $ 154.000 millones.

El Gobierno pierde por goleada en la Justicia

El fallo que favoreció a la Ciudad, aunque no completamente, es una derrota judicial que estuvo precedida por otras. La Corte Suprema había confirmado la condena a 13 años de prisión para Milagro Sala, por lo cual hay un acampe piquetero en el microcentro.

También la Corte resolvió tomarle juramento a los diputados que fueron designados para el Consejo de la Magistratura, pese a que Cristina Kirchner había ordenado frenado la designación.

Además, el juez Juan Manuel Soria Acuña, del Tribunal Fiscal de la Nación, declaró nulo el DNU de Alberto Fernández que dispuso el feriado del 20 de diciembre para festejar el Mundial de Fútbol porque sostuvo que el Presidente se arrogó facultades del Congreso. Pese a que no se puede volver el reloj atrás, la nulidad del feriado tiene efecto en actos administrativos derivados del feriado: por ejemplo, los trabajadores no cobran doble jornada.

El antecedente más claro de desobediencia a un fallo de la Corte fue en 2010 cuando el entonces gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, incondicional de los Kirchner, no acató la orden de la Corte de reponer en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa que había sido destituido por el ex gobernador Néstor Kirchner.

En cambio, el ex presidente Mauricio Macri sufrió y acató un fallo de la Corte Suprema en diciembre de 2015 que ordenó la restitución del 15% de la coparticipación a las provincias de Cordoba, Santa Fe y San Luis. El entonces mandatario no solo le devolvió ese 15% a las provincias demandantes, sino a todas, con lo cual comprometió fiscalmente a la Nación.

Las explicaciones del Gobierno y de la Ciudad

En cambio, Alberto Fernández y los 14 gobernadores aseguraron que la medida cautelar “es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento” porque el Congreso “aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”. Ante ello, el Presidente instruyó “a los órganos competentes del Estado Nacional”, en este caso el Ministerio del Interior, a “recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada”.

Rodríguez Larreta aseguró que el 3,5% de coparticipación que le reclama a la Nación no afecta a los fondos de las provincias porque son parte de los recursos de la Nación. Cuando negoció con el expresidente Mauricio Macri el traspaso de esos recursos junto con parte de la Policía Federal que pasó a ser de la Ciudad, el Gobierno nacional los extrajo de partidas nacionales que no eran parte de la coparticipación de las provincias y hasta firmó un pacto fiscal.

De hecho, las provincias no reclamaron nunca esos recursos. Sólo en 2020, en medio de la pandemia, Axel Kicillof tuvo una sublevación policial por aumento de sueldos y Cristina Kirchner le reclamó al Presidente que le quitara esos recursos a Larreta pese a que diariamente anunciaban medidas juntos para combatir el Covid.

Allí se quebró la relación con la Ciudad. Ahora las provincias aseguran que no hay recursos en el Presupuesto 2023 y que de cumplirse esa resolución las provincias no podrán pagar las obras públicas. “No se cumplirá el fallo porque no hay forma de cumplirlo”, dijo un gobernador a A24.com. Se amparan además en artículo 9 de la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado que dice que no pueden afectar recursos de las jurisdicciones. “Si el Gobierno tiene que afrontar la cautelar, nos tiene que sacar al resto de las provincias para darle a CABA”, señaló el mandatario.

Mariano Obarrio