El dueño de Sur Finanzas se presentó en el juzgado de Luis Armella y puso a disposición su celular y el de su madre; la información que se llevaron de su empresa; Villena rechazó un planteo de la fiscal en la causa principal.

El financista Ariel Vallejo se presentó esta mañana ante la Justicia y entregó su teléfono celular y el de su madre, Graciela Vallejo, tras la ola de allanamientos ordenada por el juez federal Luis Armella, según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas al empresario.

Tras los allanamientos ordenados ayer por el juez Armella en una causa por lavado de dinero, Vallejo designó anoche a Pablo Parera como su abogado y se puso a disposición de la investigación a través de un breve escrito.

“Habiendo tomado conocimiento a través de noticias periodísticas que se requiere mi comparencia a los estrados de este juzgado, indico que me presentaré en la sede judicial el día 2 de diciembre próximo, ello al objeto de ponerme a disposición de V.S.”, dice la presentación de una carilla que lleva la firma de Vallejo.

Armella ordenó ayer un total de 19 allanamientos. El principal fue en la sede central de Sur Finanzas, en la localidad de Adrogué. “Se llevaron información de 44 personas”, dijo una fuente con acceso a la causa. 

De esa tanda de operativos, 11 tuvieron lugar en sucursales o domicilios vinculados a Vallejo. Uno de los procedimientos fue en la casa de la madre del empresario, Graciela, que aparece en varias sociedades vinculadas al empresario.

Armella también ordenó congelar todas las cuentas de Sur Finanzas, el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Vallejo, y secuestrar el teléfono del empresario. Por ese motivo, el financista entregó hoy el celular y aportó su clave.

En ese teléfono hay conversaciones con dirigentes de fútbol.

Vallejo por ahora se mantiene en silencio. “Yo solo hablo con el Chiqui”, dice por lo bajo.

En concreto, se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación de Banfield. Según consta en la causa, supuestamente sumaron al patrimonio del club un préstamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.

Vencidos los plazos sin pagar, se renegoció un mecanismo de repago de la obligación vinculada a la transferencia del jugador Agustín Urzi, que le daba a Auriga el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde Banfield al club Juárez, de México.

La denuncia de la DGI tramita en el otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. En las últimas horas, ese magistrado rechazó un planteo de incompetencia que había presentado la fiscal Cecilia Incardona, que interviene en las dos causas. “Es imperioso señalar que si la Dra. Incardona hubiese considerado que realmente existiese conexidad objetiva y subjetiva con el expediente FLP 29107/2025, la formalización de la investigación preliminar la debería haber presentado ante el Juzgado Federal N° 2 para que aquél Juez pueda evaluar la conexidad planteada", opinó Villena. Y agregó: “Dada la incipiente investigación en curso ante este Juzgado, lo cierto es que tanto las personas físicas como las jurídicas que de momento se encontrarían imputadas no resultarían ser las mismas”.

Según la denuncia de la DGI, a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP”, se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia apunta al supuesto lavado de dinero.

Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. A los nombres que habían trascendido se suma Argentinos Juniors y la Superliga Profesional del Fútbol Argentino.