En el telegrama enviado a todas las sociedades, el jefe de Gabinete argumentó que incurrieron en “faltas graves alejadas de la buena fe y costumbres laborales que han imposibilitado mantener el vinculo laboral”.
Adorni rechazó la “improcedente, mendaz e insólita” carta documento que le enviaron previamente, en la que se lo intimó bajo apercibimiento de abandono a “justificar ausencias de los días 11 al 12 de mayo de 2016″. “Adviértase dos días para tamaño apercibimiento”, acotó en el telegrama.
Allí explicó que el día 11 del ese mes, directivos de la empresa le negaron categóricamente el trabajo “sugiriéndome que haga un número (liquidación en virtual camino a un despido sin causa que lo justifique)”.
“Sorpresivamente -agregó- recibo la CD en cuestión que, amen de no entender la posición de la empresa, aprovecho para intimarla ante negativa de trabajo, aclare mi situación laboral en un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de considerarme despedido ante su actitud injuriosa”, continuó.
En este mismo telegrama, los intimó a que regularicen su situación laboral, “en atención a que siempre me pagaron mensualmente mis remuneraciones parcialmente en negro la suma de $ 15.000; como también la fecha de ingreso registrado dos años después”.
“Por la misma razón nunca me pagaron aguinaldos ni vacaciones proporcionales por las diferencias en negro. A los efectos que procedan a regularizar mi situación laboral y cumplan con todas las obligaciones de la seguridad social , señalo que ingresé a trabajar en septiembre de 2002, que percibía una remuneración por recibo oficial y la parte en negro que ascendía a $45.862,15″, argumentó en aquel entonces el actual jefe de Gabinete.
Fuentes del entorno de Adorni dijeron a LA NACION que lo sucedido “no tiene nada que ver con la industria del juicio”. Y alegaron que la demanda nunca llegó a juicio ni sentencia. “Fue hace mas de 10 años y en el marco de la ley”, agregaron.
Las empresas mencionadas respondieron el 11 de octubre de 2016, rechazando en todos los casos el reclamo. Negaron la existencia de una relación laboral directa con el actor y descartaron cualquier tipo de responsabilidad solidaria. Entre el 12 y el 18 de octubre de 2016, quedaron registradas en el expediente las notificaciones y devoluciones de las cartas documento.
La etapa judicial comenzó formalmente el 24 de abril de 2017, cuando el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 66 tuvo por presentada la demanda.
El juez Julio Armando Grisolía convocó a una primera audiencia de conciliación para el 23 de junio de 2017. En esa audiencia comparecieron Adorni y el apoderado de Mapemfi S.A., sin que se alcanzara un acuerdo. El tribunal dispuso entonces correr traslado de la demanda a las restantes codemandadas y fijó una nueva audiencia.
Durante agosto de 2017, Renault Argentina S.A., Plan Rombo S.A. y Centro Automotores S.A. contestaron la demanda solicitando su rechazo.
En sus presentaciones, reiteraron la inexistencia de vínculo laboral con Adorni y cuestionaron la procedencia del reclamo. El actual funcionario respondió esas contestaciones, ratificando los términos de su demanda original.
El 12 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la segunda audiencia de conciliación. En ese acto, Adorni desistió de la acción y del derecho respecto de Renault Argentina S.A., Plan Rombo S.A. y Centro Automotores S.A., lo que implicó su desvinculación definitiva del proceso judicial. A partir de ese momento, el litigio quedó limitado exclusivamente a Mapemfi S.A.
Ese mismo día, el actor y la empresa alcanzaron un acuerdo conciliatorio, que fue homologado por el juzgado.
Según consta en el acta, Mapemfi S.A. se comprometió (“al sólo efecto conciliatorio y sin reconocer hechos ni derecho alguno al actor”) a abonar a Adorni la suma total de $1.000.000, en concepto de indemnización por antigüedad. El pago se estableció en cuatro cuotas de $250.000, con vencimientos entre septiembre y diciembre de 2017. Al valor del dólar de entonces, eran unos US$60.000. La homologación judicial otorgó al acuerdo efecto de cosa juzgada.
Adorni se refirió a los juicios laborales en su última aparición en el Coloquio de Idea. “Necesitamos recomponer el vínculo entre el trabajador y la empresa, profundamente dañado por el exceso de burocracia y litigiosidad. Para eso debemos quitarle poder a los agentes que buscan dañarlo para su propio beneficio, como los caranchos laboralistas, que son capaces de mandar a la quiebra una pyme con tal de cobrar un juicio.
Cuando una pyme no sabe cuánto le va a terminar costando un empleado a causa de juicios injustos, directamente no lo toma. Por eso esta reforma apunta a terminar con la nefasta industria del juicio laboral, buscando eliminar discrecionalidad por parte de los jueces laborales a la hora de dictar sus sentencias”, dijo entonces.
