Un gemelo digital es una réplica virtual alimentada con datos para modelar comportamientos y prever escenarios. Según el anuncio oficial, el sistema integrará una base unificada de datos de ANSES, salud, educación, trabajo, migraciones y territorio, aunque no se menciona si el sistema replicará datos individuales de los argentinos ni qué software se empleará.

Desde Fundación Vía Libre presentaron un pedido de acceso a la información para saber si, en el marco del programa, van a existir convenios de cesión de datos entre organismos estatales e integración de bases de datos privadas. Además, quieren conocer qué bases de datos va a integrar, a qué organismos pertenecen y bajo qué marco normativo se realizará el cruce de información.

Maximiliano Campos Ríos, miembro de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (AAEAP) y autor del libro Estados, inteligencia artificial y ética para la transformación, explica a El Auditor.info que “la idea proviene del concepto de ‘gemelo digital’, utilizado originalmente en sectores como infraestructura, transporte o industria para construir representaciones digitales de sistemas complejos y evaluar distintos escenarios. En este caso, la propuesta sería trasladar esa lógica, utilizando datos vinculados a educación, empleo, asistencia social y otras variables para mejorar la planificación y la capacidad de anticipación”.

Margarita Trovato, encargada de Políticas Públicas de Fundación Vía Libre, menciona que “no existe una tecnología que opere en el vacío: se construye y se financia en determinados contextos y según determinados intereses. Depende de quién la entrena, quién la usa, para qué y cómo se controla. En este caso concreto, el Gemelo Digital Social se inscribe en una línea política clara: austeridad en el gasto social y expansión de la agenda de vigilancia, seguridad e inteligencia, con un alineamiento geopolítico evidente con algunas potencias”.

“El presupuesto de políticas sociales baja, mientras que el de Seguridad, Defensa e Inteligencia crece. La tecnología, en ese contexto, no puede ser pensada solo como una ‘novedad técnica’ neutral”, remarca Trovato.

A su vez, Campos Ríos entiende que “la integración de bases de datos provenientes de distintos organismos siempre plantea desafíos en materia de protección de datos y privacidad. Cuanto mayor es el volumen de información disponible y mayor es la capacidad de cruzar variables, mayores también son los riesgos asociados al tratamiento de datos sensibles”.

Y subraya que, por ese motivo, “es importante conocer cómo se realizará la anonimización de la información, qué datos se utilizarán efectivamente, cuáles serán los límites de acceso y qué mecanismos de control existirán sobre el sistema”.

La ley 25.236 de Protección de Datos Personales fue sancionada en 2000, antes del auge de internet y del big data, por lo que se encuentra desactualizada. Si bien existieron intentos de reforma y hay proyectos presentados en el Congreso, todavía no hubo un avance real.

Trovato explica que “a pesar de que la ley prevé ciertos límites, hay excepciones muy amplias. El principio general es el de finalidad en el tratamiento de los datos: solo pueden usarse para el fin para el cual fueron entregados con consentimiento. Sin embargo, la ley permite de manera vaga que el Estado intercambie datos entre sus distintas dependencias siempre que sea en el ejercicio de sus funciones, aunque no se respete la finalidad”.

Otro punto que le preocupa a Trovato son los datos inferidos: “La ley considera dato personal, y por lo tanto lo protege, solo a aquel que los titulares entregan explícitamente. Así, queda por fuera la información sobre cada persona que se pueda construir hipotéticamente en base al entrecruzamiento de datos. Por ejemplo, se puede presumir que alguien vive en determinado barrio por cruzar su situación ante la ANSES, la AFIP, el historial de atención médica en determinados hospitales y los viajes en transporte público que realice”.

El entrecruzamiento masivo de datos permite amplificar el volumen de estas inferencias sin que los ciudadanos se enteren y puedan discutirlo. Y, además, sin su consentimiento.

Para Trovato, el anuncio del Gemelo Digital Social se da en un marco de aumento de las políticas de vigilancia y marcos normativos orientados a esas prácticas: “Me refiero a las resoluciones de 2024 del Ministerio de Seguridad sobre ciberpatrullaje en redes por parte de las fuerzas de seguridad y la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS). Allí les dan una amplia serie de competencias a las fuerzas para que implementen el ciberpatrullaje a través de IA. No hay ningún detalle sobre condiciones, controles ni soberanía de los datos”.

También existieron cambios en la legislación de inteligencia que permiten esta centralización: el DNU 941 de fines de 2025 promueve la cesión de datos de distintos organismos y jurisdicciones hacia la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “Esto es particularmente problemático”, dice Trovato. ¿Por qué? “Por la opacidad y el secreto con la que se maneja la inteligencia en Argentina. A esto se le suma el secreto comercial de las empresas que proveen estas tecnologías, que muchas veces son contratadas en modalidad 'caja negra', lo que no permite saber ba jo qué parámetros funcionan”, explica.

“También va a depender de la auditabilidad de la tecnología y del nivel de automatización y transparencia con el que se vayan a adoptar las recomendaciones del algoritmo.

Si una persona pierde un beneficio social por una decisión algorítmica, ¿cómo la impugna? ¿Quién le explica en base a qué fue excluida? Es como cuando el banco te dice que no calificás para un préstamo y no podés saber por qué. Ahora pensemos eso aplicado a una vacante en el jardín de infantes, a una prestación médica o a una pensión”, plantea Trovato.

Fuente: https://elauditor.info/actualidad/expertos-advierten-riesgos-de-privacidad-por-el-gemelo-digital-social---como-usaran-los-datos-_a6a2039e603d1047930f9663b