El impacto del coronavirus va a ser relevante, golpeando significativamente la actividad del sector privado y consecuentemente a los ingresos fiscales de los tres niveles de gobierno argentinos. Y, obviamente, habrá que aumentar de manera paralela el gasto público de salud y asistencia a la población más necesitada.

Si se entiende que las cuentas públicas acarreaban déficit y este shock las afectará negativamente aún más, la vía exclusiva de financiamiento será la emisión de pesos.

Ante esta situación esperable, es clave que, garantizando un proceso ordenado y transparente del uso de la emisión de pesos, los tres niveles de gobierno lleven a cabo las acciones más eficaces y eficientes.

La caída de ingresos es incierta y hoy no resulta posible proyectar un número serio. Pero sí se pueden identificar las vías a través de las cuales va a ocurrir:

- Caída de la base imponible de impuestos como el impuesto al valor agregado (IVA), Impuesto a los ingresos brutos (IIBB) y Tasa de seguridad e higiene municipal (TISH), entre otros. Las menores ventas y producción incidirán en la base imponible.

- Caída del pago de aportes y contribuciones por escasez de caja de las empresas.

- Diferimiento del pago de impuestos por parte de las empresas por la misma falta de liquidez.

Dada la caída inevitable de ingresos, lo lógico sería que de manera inminente los gobiernos formalizaran lo posposición del pago de impuestos y de aportes y contribuciones. Pero como el problema de liquidez de las empresas se da en conjunto con pérdidas económicas, principalmente de los sectores de la economía más afectados por la pandemia, los distintos fiscos tendrán que establecer también exenciones transitorias de impuestos y de cargas laborales.

En el caso del sector privado, se cree que puede resultar más oportuna una acción coordinada de los tres niveles de gobierno, tanto en la definición de medidas para mitigar los problemas de caja como de pérdida económica. Se establecerían las reglas de juego de una manera homogénea en todo el país, pudiéndose considerar particularidades regionales y sectoriales. Esto evitaría la presentación de pedidos dispersos por parte del sector privado y el desorden en la acción consecuente por parte de los distintos niveles de estado.

Desde el punto de vista de las provincias y los municipios, se cree que también es positiva la acción coordinada, dado que a ambos le resulta difícil tomar una decisión de exención tributaria o de posposición del pago de impuestos, ya que no pueden establecer con claridad la dinámica del financiamiento en los próximos meses. Y, a su vez, las provincias y los municipios van a recurrir al gobierno nacional en búsqueda de asistencia de segundo orden, generándose seguramente pedidos excesivos de asistencia, es decir de emisión de pesos para su jurisdicción. Y en caso de contar con financiamiento, puede aparecer una jurisdicción planteando la posible emisión de cuasimonedas, lo que en caso de ocurrir sumaría más complejidad a la situación.

Para avanzar en un esquema ordenado, la pérdida transitoria de ingresos derivada de las acciones tributarias de posposición de pago de los tres niveles de gobierno puede establecerse tomando como parámetro a una recaudación mensual. En efecto, si las decisiones conjuntas implicaran, a modo de ejemplo, la pérdida transitoria de un mes de ingresos de aportes y contribuciones a la Seguridad Social, de Impuesto al valor agregado (IVA), de Ganancias, de Otros coparticipables, de impuesto provincial a los Ingresos Brutos (IIBB) y de Tasa de seguridad e higiene municipal (TISH), los montos en juego serían de $330.000 millones (1% del PIB) para las arcas de nación y de $280.000 millones (0,9% del PIB) para las arcas de las provincias y sus municipios, en base al esquema de coparticipación vigente y a las recaudaciones propias de las provincias y de los municipios.

A los costos fiscales transitorios habría que sumarle los costos fiscales definitivos derivados de exenciones tributarias transitorias que apliquen los gobiernos provinciales y municipales.

Una vez definidas las resignaciones de las medidas coordinadas, se puede ordenar el proceso de emisión de pesos que garantice su financiamiento. Cada provincia debería recibir el equivalente a su participación en la masa coparticipable más su recaudación de IIBB. Cada municipio, por carácter transitivo, tendría que acoger el equivalente a su participación en la masa coparticipable provincial más su recaudación de TISH.

El financiamiento de todo lo relativo a medidas de aplazamiento de pagos se puede hacer a través de adelantos de la coparticipación a cada provincia. Cada provincia garantiza con su coparticipación todo el dinero recibido en su jurisdicción (provincia y municipios). Al finalizar el período de financiamiento establecido (puede ser de seis meses), la Nación le retiene el dinero prestado de la coparticipación que tenga que enviar en ese momento. Las provincias y los municipios deben recibir en igual mes el pago de impuestos ahora pospuesto. En definitiva, el sector privado paga sus impuestos en el mes seis, en el mismo momento que la Nación recupera vía retención de coparticipación el dinero. En igual mes la Nación devuelve el dinero emitido al inicio del proceso al BCRA, cancelando la emisión de pesos.

De manera paralela, se requiere establecer un mecanismo para el financiamiento del costo fiscal de las exenciones tributarias transitorias.

La pandemia del coronavirus generará efectos importantes en la economía argentina. Esta propuesta pretende facilitar la transparencia y el orden de la acción en materia tributaria. Para nada implica desconocer la necesidad de afianzar la eliminación de gastos superfluos y de toda ineficiencia existente en los gobiernos. Si no se avanza con un esquema ordenado, es factible que se produzcan desvíos, ineficiencias e inequidades entre todos los actores involucrados. Además de una emisión de pesos sin garantía concreta de cancelación en el momento que la crisis afloje. O, peor aún, de una emisión desordenada de cuasimonedas provinciales.

Nadin Argañaraz
Director del IARAF