En la Argentina, la crisis nos agarra mal parados; economía en recesión desde hace años, un Estado sobredimensionado y que no tiene margen para endeudarse y una inflación elevada.

En ese contexto hay que optar por el mal menor. Para ello puede ser útil repasar algunos puntos.

Un aumento en la emisión monetaria en un receso agudo seguramente demorará más en acelerar la inflación. La presión será mayor cuando se normalice la actividad. Un error de cálculo que induzca mayor inflación post crisis en los países con bajísima inflación tendrá un costo menor; en la Argentina puede ser muy gravoso. Sin embargo, ello no es un argumento suficiente para no adoptar una política expansiva hoy (la implosión económica sería seguramente más costosa), pero si es un argumento para ser extremadamente cuidadoso en la selección de las medidas fiscales que se adopten ya que el único prestamista de fondos nuevos será el Banco Central.

Si existe el margen para expandir la pregunta es vía qué instrumento utilizarlo. Al igual que otros países el gobierno ha anunciado medidas para sostener el crédito al sector privado por medio de la reducción de encajes y / o bajas en el stock de Leliqs. Pero hay otro instrumento que ha retaceado: el tipo de cambio. Desde octubre de 2019 hasta hoy el peso se ha depreciado menos de la mitad que Chile, Brasil o México. En esos casos el mercado se encargó de suavizar el impacto sobre el sector de transables de un shock externo negativo enorme. Aquí con flotación muy sucia, es el BCRA el que debería actuar en ese sentido acelerando la depreciación. Incluso eso daría algún margen fiscal por los elevados impuestos que se cobran a quienes exportan. Una reacción tardía en el uso de este instrumento en 2008/2009 parece explicar porque la Argentina cayó más que los vecinos en aquella oportunidad.

Para atender un shock temporario (pero de duración incierta) hay que aplicar medidas transitorias y de rápido impacto. Algunas de las medidas anunciadas por el gobierno van en ese sentido (refuerzos puntuales a la AUH, jubilación mínima e ingresos de monotributistas e informales) con algunas filtraciones a no-pobres que hubiera sido mejor corregir para acotar el impacto sobre la caja del gobierno.

Respecto de los asalariados, el Estado nacional podría coordinar alguna rebaja de ingresos al estilo de lo que se hace en las suspensiones. El trabajador que se queda en su casa reduce algunos gastos y en el contexto actual difícilmente los consuma. Los gastos salariales representan una parte importante del presupuesto de provincias y municipios quienes ya presionan al gobierno nacional para que aporte fondos, o amenazan con emitir cuasimonedas. Una reducción modesta en los salarios de los empleados públicos que deban quedarse en sus casas permitiría financiar al menos una parte de los gastos adicionales que genere la pandemia. Las alternativas vía cuasimonedas o desfondando más al gobierno nacional serían más nocivas.

En el sector privado se podría habilitar en forma voluntaria la misma opción, en lugar de forzar a todas las empresas a pagar el 100% de los sueldos, en una situación económica inusual. Una suerte de estadio intermedio entre el REPRO y el pago del 100%. Y posiblemente sea necesario también implementar alguna rebaja de contribuciones patronales para las empresas que paguen los sueldos puntualmente.

Además, la velocidad de la recuperación una vez controlada la pandemia depende de mantener la capacidad empresaria intacta. No es momento para tratar diferente a Pymes de empresas grandes.

También hay que evitar cometer el error de 2009. En aquella oportunidad se aumentó el gasto público primario, pero no se lo redujo cuando la economía se normalizó. Se aprovechó para aumentar el peso del Estado en la economía en forma permanente, iniciando el camino para los problemas fiscales que asolan la economía desde hace años.

Los aumentos en la inversión pública y los créditos Procrear no condicen con una cuarentena ni tienen efectos inmediatos sobre la economía. No cumplen con las condiciones que necesitan tener los instrumentos para una crisis como esta. Actúan tarde y no siempre son transitorios.

Finalmente, hacer una oferta por la deuda en un contexto como el actual luce extemporáneo. Ni el gobierno ni los acreedores pueden valuar adecuadamente las opciones en un escenario como el actual. Una opción es convocar a los acreedores para que apoyen una postergación de los pagos de intereses y capital en la deuda en moneda extranjera por 12 ó 18 meses ofreciendo a cambio pagar una fracción de los intereses devengados en ese período y acumulando el resto. El gobierno obtiene un alivio importante en la caja y los acreedores pueden reclamar judicialmente sus montos intactos si así lo desean en 2021.

Negociar de buena fe requiere adaptarse a las circunstancias para no parecer que se trata de sacar provecho de una crisis inusual.

Daniel Artana
Economista Jefe de FIEL