Domingo, 05 Abril 2020 21:00

De los edictos de Diocleciano al DNU de Fernández sobre el control de precios a cargo de los municipios - Por Roberto Cachanosky

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Podrán establecer todo el estado policial que quieran otorgándole poderes especiales a los intendentes, pero mientras el gasto público siga creciendo y el BCRA imprima billetes a marcha forzada, el final será siempre el mismo

 

Una vez más se pretende esconder detrás de los controles de precios la depreciación del peso. En efecto, el presidente Alberto Fernández firmará un decreto para que los intendentes tengan poder de policía y controlen los precios de los pequeños comercios.

Luego de tratarlos de especuladores y egoístas, se decide otorgarle a los intendentes el poder de policía para evitar que los pequeños reflejen la realidad del mercado: no es que los precios estén subiendo, sino que la moneda se está depreciando.


El gráfico muestra cómo se está disparando la expansión monetaria en términos interanuales. Un país sin moneda como Argentina no puede darse el lujo de emitir a un ritmo promedio del 43% anual como ocurrió en marzo. En los 5 meses que el gobierno de Alberto Fernández lleva en el poder, la base monetaria aumentó el 21,4% producto del fuerte aumento del gasto público que hace crecer el déficit fiscal. El problema no está en los comercios chicos, medianos o grandes. El problema está en el Banco Central que emite a marcha forzada para financiar el creciente déficit fiscal.

El stock de la cuenta Adelantos Transitorios, que refleja la emisión monetaria que hace el BCRA para financiar el gasto público, estaba en $629.730 millones justo antes de asumir el nuevo Gobierno. Al 30 de diciembre el Tesoro le debía al BCRA $1.084.730 billones, es decir, un aumento del 54% en 4 meses. Un desparramo de emisión monetaria, con su correspondiente depreciación producto de la política de fuerte aumento del gasto público. Aclaremos que el problema inflacionario ya se estaba produciendo antes del coronavirus.

Hay un famoso libro que conocemos los economistas escrito por Robert Schuettinger y Eamonn Butler: “4.000 Años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación” que tiene infinidad de ejemplos de fracasos a lo largo de la historia en muchos países del mundo.

El caso más famoso que describe este libro es el de los Edictos de Diocleciano. El más extensivo intento de controlar precios y salarios, ocurrió durante el gobierno del emperador romano Diocleciano –quien vivió entre los años 244 y 311– quien no fue un tipo muy estudioso de la historia económica griega. Dado que tanto las causas de la inflación que Diocleciano intentó controlar y los efectos de sus esfuerzos están documentados en la historia griega.

Poco después de asumir el trono en el año 284, "los precios de las mercancías de todo tipo y los salarios de los trabajadores alcanzaron niveles sin precedentes".

Diocleciano redactó un edicto en el que atribuyó la inflación enteramente a la “avaricia” de mercaderes y especuladores. Sin embargo, a medida que los impuestos crecían, la base impositiva se redujo (la famosa curva de Laffer ya funcionaba) y resultó cada vez más difícil recaudar impuestos, dando como resultado un círculo vicioso.

Así que no tuvieron mejor idea que falsificar moneda, como hoy se emiten billetes. Hacia fines de la República y comienzos del Imperio, la moneda romana más usada era el denario de plata; el valor de dicha moneda había sido reducido gradualmente hasta que, en los años anteriores a Diocleciano, los emperadores acuñaban monedas de cobre cubiertas de estaño que se denominaban aún "denarios". Lo que maquinita del BCRA.

El edicto fue promulgado en el año 301 y preveía la pena de muerte para aquellos que no cumplieran con los precios máximos establecidos en los Edictos. El fracaso fue total.

Otro caso que cita el mencionado libro es el de la Alemania Nazi. En 1946, Hermann Göering –responsable, entre otras cosas, de los planes económicos del nazismo– le dio una entrevista al corresponsal de guerra Henry Taylor. El nazi le dijo a Taylor (en esos años Estados Unidos estaba bajo controles de precios dejado por la pésima administración económica de Rooselvet): “Ustedes en América están tomando una serie de medidas que a nosotros nos causaron problemas. Están intentando controlar los salarios y precios, es decir, el trabajo del pueblo. Si hacen eso, también deben controlar la vida del pueblo. Y ningún país puede hacerlo en forma parcial. Yo lo intenté y fracasé. Tampoco pueden hacerlo en forma total. También lo intenté y fracasé”.

¿Por qué fracasan los controles de precios? En primer lugar, cuando se produce un aumento sostenido de todos los precios de la economía, es porque la producción de moneda está generando inflación. El Banco Central emite moneda que la gente no quiere, por lo que se deshace de ella comprando bienes y otras monedas. Por lo tanto, seguir emitiendo moneda y controlar los precios es lo mismo que tratar de eliminar la fiebre rompiendo el termómetro. La infección seguirá intacta. La fiebre continuará subiendo, pero el termómetro roto no podrá marcar el grado de temperatura.

El otro problema es que, generalmente, los controles de precios comienzan por los productos que el Gobierno considera como más sensibles políticamente. Es decir, básicamente, los alimentos. Así, al controlar los precios de estos productos se cree que se “soluciona” el problema. Sin embargo, al ponerle un precio máximo –acordado o conversado– a los alimentos, el productor se encuentra con que los precios de los insumos le siguen subiendo pero él no puede aumentar los suyos. El segundo e indefectible paso de los controles de precios consiste en que los gobiernos optan por escuchar las quejas de los productores de alimentos y empiezan a pedir inservibles planillas con una detallada estructura de costos de producción. ¿Recuerdan a Guillermo Moreno? Con esas planillas en las manos, se lanzan al tercer paso: controlar el precio de los insumos. Y luego a controlar el precio de los insumos de los insumos y así sucesivamente hasta abarcar a casi todos los bienes y servicios de la economía.

Si volvemos al caso argentino, solo quiero recordar la famosa inflación cero de José Ber Gelbard, quien, en 1973, con Cámpora en el gobierno, llevó a cabo una política de ingresos llamada Pacto Social que se implementó entre la Confederación General Económica, la CGT y el Estado. La correspondiente Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y Justicia Social, firmada el 30 de mayo de 1973, tenía una vigencia original de 2 años, pero durante la gestión de Gelbard el acta fue modificada un par de veces (“La economía argentina”, Juan Carlos De Pablo). Recordemos que ese famoso Pacto Social con sus controles de precios desembocó en el “Rodrigazo” de 1975 y en las crisis económicas posteriores.

Pero atención que Martínez de Hoz también recurrió a acuerdos de precios con la famosa Tregua, en marzo de 1977, cuya política gradualista también terminó siendo un fracaso con la tablita cambiaria que estalló en febrero de 1981. Decía en marzo de ese 1977 Martínez de Hoz: “Se ha empezado a trasladar a los precios la inflación futura… Hoy, a un año de distancia del comienzo del Proceso, y en circunstancias distintas, debemos recurrir a otro tipo de terapia. En este acto hago una formal convocatoria a los empresarios para que absorban el aumento salarial de marzo y mantengan su nivel de precios de fines de febrero, sin trasladar en forma generalizada nuevos aumentos de precios de sus productos durante un período transitorio, que estimativamente podrá ser de unos 120 días, quizás menos…” (De Pablo, obra citada).

Otro caso es el de Bernardo Grinspun, primer ministro de Economía de Raúl Alfonsín, quien se lanzó a aplicar un amplio control de precios. Recuerdo que Ricardo Campero, su secretario de Comercio, tuvo el dilema de si establecía o no el control de precios para las empanadas de atún durante las pascuas (esto ocurrió efectivamente, no es un chiste). Lo cierto es que se dispuso que “las empresas productoras podrían modificar sus precios de venta en función de la exacta incidencia de la variación de costos y de la rentabilidad que a tales efectos establezca la secretaría de Comercio, no pudiendo sin autorización expresa modificar su rentabilidad histórica”.

Resumiendo, podrán establecer todo el estado policial que quieran otorgándole poderes especiales a los intendentes para “controlar” los precios, pero mientras el gasto público siga creciendo y el BCRA imprima billetes a marcha forzada, el final de este nuevo intento regulatorio, que va en contra de todo principio económico, no será diferente al de Dioclesiona, Gelbard, Grinspum, Martínez de Hoz y tantos otros ensayos al respecto, siendo el más reciente, el del incompetente Guillermo Moreno.

Roberto Cachanosky

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