Martes, 07 Abril 2020 21:00

El desdén por los fondos públicos - Por Carlos Burgueño

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Luego del escándalo por la compra de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social, haciendo una simplificación se podría concluir que el dinero que los argentinos donaron pacientemente en el teletón del domingo se tiró a la basura. Buena reacción de Alberto.

 

Por el teletón solidario del domingo pasado que reunió a los seis canales de televisión abierta se obtuvieron fondos por unos $88 millones que se destinarán a la Cruz Roja para que ésta compre algunos bienes (pocos) para atender la pandemia. Las compras de alimentos del Ministerio de Desarrollo del escándalo que estalló el lunes, y que ayer se suspendieron prudentemente, le hubieran costado a la sociedad un sobreprecio de más de $200 millones.

Haciendo una simplificación se podría concluir que el dinero que los argentinos donaron pacientemente en el espectáculo del domingo se tiró a la basura. O que se hubiera necesitado otro teletón de dos horas más de duración para pagar los sobreprecios del escándalo. Y todo esto, en una sola operación descubierta en una investigación periodística, sin que haya mediado un solo movimiento de cualquiera de los muchos y carísimos organismos de control del Estado.

El descubrimiento de la manera en que se hubieran tirado a un pozo ciego millones de pesos provenientes de los agobiantes impuestos que pagan los argentinos en una única operación sólo fue posible por la investigación de un medio de comunicación privado. Ni una acción del Estado logró antes su objetivo fiscalizador. O aún peor: esos organismos avalaron los sobreprecios. Cabe entonces sospechar que en estos tiempos (y todos los tiempos), pueden y pudieron haber miles de operaciones como la que se descubrió para la compra de fideos, aceites, azúcar y otros alimentos básicos, que pasan inadvertidos diariamente sin que el Estado se entere. Son miles de millones de pesos sin control. Dinero que proviene de los impuestos, la emisión o el endeudamiento de todos los días. Y, probablemente, en todo el país.

El problema esta vez cayó en el Ministerio de Desarrollo que dirige Daniel Arroyo, quizá uno de los profesionales más probados y, en principio, éticos, con que cuenta el Gabinete de Alberto Fernández. Cualquier gobierno quisiera tenerlo como funcionario público. Durante la pandemia fue, junto con la Anses, el diseñador de las primeras ayudas a los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad.

Aciertos

La aplicación del bono de 3.000 pesos a jubilados y beneficiarios de la AUH, el fomento de la micro-obra pública en localidades pequeñas y la aplicación de plan de apoyo de $10.000 a los cuentapropistas y monotributistas de la primera y segunda categoría fueron su responsabilidad, en planes, que en mayor o menor medida son políticas que, en general, fueron bien aplicadas y direccionadas. Y que merecen tener una continuidad mientras dure la pandemia. Y que bajo su conducción tienen cierta garantía de eficacia. Pero es evidente que ha cometido un error de administración en el terreno donde más agudo y severo debe ser un funcionario público: cuidar cada peso de los fondos con que debe hacer su tarea. Reparado en parte por la eyección de los funcionarios sospechados.

Los funcionarios de Arroyo cayeron en un mal histórico de la administración pública nacional: el desprecio por el control y cuidado del dinero que proviene del aporte y el esfuerzo de los contribuyentes. No es el primer caso, ni el único, y seguramente habrá más. Pero quedaron manchados por no haberle puesto en esta tarea el mayor profesionalismo posible. No se habla de mala fé. Sí de un error en la forma de manejar y administrar el dinero que los argentinos le pusieron en custodia. El propio ministro hizo un inusual mea culpa admitiendo el error asegurando que para la compra se cumplieron todos los mecanismos obligatorios que se imponen para el Estado Nacional, incluyendo las revisiones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Más alarmante es entonces la situación. Se pagó un sobreprecio de casi un 50% en alimentos para los sectores más vulnerables, aun aplicando los controles habituales y obligatorios. Se puede concluir nuevamente que este tipo de operaciones de despilfarro de dinero público puede ser habitual y, lo peor, legal y controlada por los mecanismos de defensa de los fondos públicos con que cuenta el Estado. Y que hasta los funcionarios potencialmente más eficientes, conocedores de sus casos y honestos, pueden sucumbir ante este sistema perverso de despilfarro, desprecio y descontrol.

Demuestra con esto el oficialismo tener un serio problema, en principio, ideológico. La misma vehemencia que se ponen estos tiempos en la creación de nuevos impuestos, algunos inconstitucionales, para continuar aspirando dinero de los exhaustos y casi en situación terminal bolsillos de los privados; apelando a la emergencia y a las supuestas (y, aclaremos, casi inexistentes ganancias extraordinarias); debería aplicarse en el cuidado de los fondos públicos que se nutren con estos tributos. Hasta aquí, el oficialismo demuestra una férrea voluntad por continuar obteniendo recursos de la demolida actividad privada; con escasa intención de fiscalizar y reducir el gasto público dispendioso. No se habla de bajar salarios o reducir actividades básicas del Estado. Todo lo contrario: el sector público nacional, especialmente en las dramáticas circunstancias actuales, debe ser defendido y bien pago en todas sus líneas. Sí se trata de poner la misma garra y creatividad para aplicar nuevos, distorsivos, recesivos y, en muchos casos, ilegales impuestos en cuidar cada peso que gasta el Estado. El affaire que afectó al ministro que, repetimos, es un funcionario probado y con muestras de honestidad, demuestra que el sistema perverso de desprecio y descontrol del gasto público está vivo y más activo que nunca.

Reacción

El presidente Alberto Fernández tuvo ante el escándalo una inmediata y positiva reacción. Ordenó la eyección de los funcionarios sospechados, como mínimo, de ineficientes, y por decreto dictó que no se podrá pagar por estas compras de alimentos más de lo que indica el acuerdo de precios máximos vigentes en los acuerdos oficiales. Quizá ese mismo acuerdo le dé una pista al resto del Gobierno sobre cómo actuar. Aseguraban ayer dentro de la industria alimentaria, que cualquiera de las compañías (en su mayoría medianas y grandes) podría haber mejorado inmediatamente los precios que pagó el Ministerio de Desarrollo y ubicado esos valores aún por debajo de Precios Cuidados sólo aplicando políticas de producción vinculadas al volumen. Sólo revisando los nombres de las empresas proveedoras del Estado que hicieron sucumbir (según la propia declaración del ministro) la voluntad negociadora del Estado por precios más bajos (todas compañías de peso casi inexistentes dentro de las alimenticias argentinas); se demuestra que la estrategia de evitar a “los poderosos” no fue la correcta. Ni la más recomendable para estas circunstancias. Faltó entonces pragmatismo ante la crisis. En este caso, aceptar quizá que el que mejor precio y calidad puede ser aportado por una empresa importante que no debe ser considerada “enemiga” sino “aliada” si las circunstancias lo ameritan. Y que pueden ayudar a bajar los precios de las compras del Estado y reducir el dispendio de dinero. A veces, demasiada ideología hace mal y es contraproducente.


Carlos Burgueño
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