En principio habría facilidades para regularizar las deudas tributarias que incluso podrían incluir un nuevo blanqueo de capitales, se trataría de aumentar el apoyo crediticio y otorgar facilidades impositivas a algunos sectores y se impulsaría la pequeña obra púbica. Posiblemente también se trate de mantener el apoyo a las personas vía el IFE o algún programa que unifique las diferentes ayudas que hoy se otorgan a las familias.

Sin embargo, no se conoce todavía cuál será el sendero de normalización fiscal y monetaria que es necesario para evitar una crisis de confianza. Recordemos el punto de partida previo a la pandemia: una economía en receso, con un déficit fiscal antes del pago de intereses y una inflación elevada. La pandemia llevó al gobierno a aumentar del déficit fiscal primario que en el bimestre abril-mayo alcanzó 11% del PIB de esos dos meses, un deterioro de 12% del PIB respecto del modesto superávit logrado en ese mismo período de 2019. Ese cambio en la posición fiscal se dio por una caída en los ingresos fiscales de casi 3% del PIB y un aumento en el gasto primario de 9% del PIB.

Como es sabido el déficit fiscal se financió casi en su totalidad con emisión monetaria que en gran medida fue esterilizada por el BCRA aprovechando que los depósitos en el sistema financiero aumentaron, sobre todo los transaccionales.

La normalización gradual de la actividad económica permitiría recuperar buena parte de los ingresos tributarios perdidos y ahorrar en algunas transferencias a las provincias que compensaron la merma en los ingresos tributarios propios de los gobiernos subnacionales, pero el desafío principal es cómo eliminar el enorme aumento en el resto del gasto primario. El precario punto de partida sugiere que no hay lugar para aumentos de gasto respecto de los niveles observados previo a la pandemia.

En verdad, éste debería reducirse, aunque parecería que el gobierno es proclive a cerrar el déficit vía mayor presión tributaria. Independientemente de que considero que es un error aumentar la presión tributaria en la Argentina, no hay forma de que los recursos que le quedan finalmente a la Nación luego de la coparticipación con las provincias puedan aumentar para cerrar la brecha fiscal heredada y además para poder aumentar el gasto primario. Necesariamente el Gobierno deberá ser austero si quiere evitar una montaña de emisión monetaria adicional.

Recuérdese que ya es todo un desafío cómo lidiar con la enorme emisión acumulada durante el primer semestre del año y la que se avizora en los próximos meses, como para agregar un déficit fiscal "permanente" que exija transferencias adicionales de la autoridad monetaria.

¿Qué puede hacerse en un contexto de estrechez fiscal? Primero priorizar el gasto público. Ni el gobierno nacional ni las provincias o municipios parecen haber reducido gastos ineficientes durante la pandemia. Hay un enorme espacio para ahorrar. Por ejemplo, reduciendo cargos políticos, asesores, completando la informatización de las compras públicas, evaluando de manera rigurosa los proyectos de inversión pública con criterios de beneficio-costo social, reduciendo privilegios en las condiciones laborales de algunos empleados estatales y en los sistemas previsionales, acotando subsidios universales (energía, transporte y otros), evitando superposición de programas sociales, y auditando el cumplimiento estricto de las normas de administración financiera por parte de organismos descentralizados y universidades. Y también es posible reducir gastos tributarios que reducen los ingresos fiscales.

Otra debilidad de la Argentina pre pandemia era el elevado porcentaje de empleo informal y cuentapropismo que alcanzaba alrededor del 50% del empleo. La crisis económica seguramente ha impactado en estos sectores más que en el resto del empleo. El Gobierno parece encaminado a reinstalar las desgravaciones en las contribuciones patronales regionales que regían previo a la reforma de 2017. Sin embargo, no hay evidencia acerca de su eficacia en promover el empleo formal, sobre todo en el agregado de todo el país.

Si sabemos que la Argentina desalienta el empleo privado formal por dos vías: altas contribuciones a la seguridad social y una regulación laboral muy rígida, incluso comparada con los países desarrollados. Reducir impuestos sin flexibilizar acota el impacto sobre el empleo, y redistribuir impuestos entre regiones o actividades económicas sin flexibilizar difícilmente logre alguna mejora.

En una crisis de empleo como la que estamos viviendo ayudaría reducir costos de intermediación (como los que encarecen las indemnizaciones por despido en tiempos normales que fomentan la litigiosidad) y facilitar contratos a tiempo parcial. Sin embargo, el Gobierno decidió "proteger" a los insiders por medio de la doble indemnización por despido y la prohibición de despedir y luego extender la rigidez al teletrabajo, al menos en el proyecto que tuvo media sanción en Diputados. El efecto negativo de estas decisiones sobre el empleo privado formal se suma a los mayores costos que genera la pandemia sobre las tareas que se realizan en el lugar de trabajo. Más incentivos a reemplazar trabajadores con máquinas en los sectores que todavía pueden mantener alguna actividad.

En suma, aumentar las regulaciones innecesarias, el gasto primario, la emisión y los impuestos parecen el camino más rápido a convertir la oportunidad en otra nueva crisis.

Daniel Artana
Economista Jefe de FIEL