El bochorno del Vacunagate nos permite reflexionar sobre otros casos donde el accionar del Estado pueda llevar a favores y asignaciones ineficientes de los recursos que son escasos.Pero dada una cantidad de vacunas en un momento del tiempo, el problema siguiente es cómo asignarlas entre la población. En economía se puede racionar por precio (asignando el bien escaso a quienes están dispuestos a pagar más por él) o por cola. En general la primera opción es la preferida por los economistas, excepto en casos como éste donde ello no es posible por restricciones políticas y sociales.
El orden establecido por las autoridades de Salud de los distintos niveles de gobierno era razonable: poner delante de la cola al personal esencial y luego a quienes tienen más riesgo de mortalidad utilizando a la edad como indicador difícil de manipular por parte de los habitantes.
Cualquier mecanismo de racionamiento genera problemas potenciales: mercados negros (hay evidencia anecdótica de que existen en la Argentina para las vacunas) y tentaciones para que algunos se adelanten en la cola. Esto no es fácil de evitar, pero obviamente el problema no tiene solución cuando los primeros violadores del orden establecido son los funcionarios que deben velar por su estricto cumplimiento y, en lugar de eso, deciden asignar una parte de las vacunas a la militancia o a los amigos.
Salvando las distancias, un riesgo similar aparece cuando hay múltiples precios por el mismo producto (las divisas) o se introducen restricciones a las importaciones. Al igual que ocurrió con el Vacunagate, se puede favorecer a "amigos" que acceden al dólar oficial o a las escasas importaciones autorizadas.
En general, en los cursos de Economía se enseña que es mejor un mercado único de cambios sin restricciones cuantitativas a las compras al exterior para evitar este tipo de problemas (además de otros como sobre y subfacturación de importaciones y exportaciones). Paradojalmente los defensores del Estado "presente" y algunos empresarios proteccionistas son defensores acérrimos de las restricciones cuantitativas, o más general, de evitar la competencia, por ejemplo, en las licitaciones para compras públicas.
¿Será por un interés genuino o porque saben cómo moverse más rápido al principio de la cola? El contubernio entre empresarios y funcionarios es menos probable cuantas menos rentas artificiales existan generadas por procesos poco transparentes.
En las últimas semanas, el Gobierno ha dado más señales de privilegiar lo político por encima de lo técnico. Un ejemplo elocuente es la propuesta de reforma del impuesto a las Ganancias de los asalariados. Al mismo tiempo que se declama la necesidad de que el sistema tributario se vuelva más progresivo, se impulsa una rebaja del impuesto más progresivo del sistema tributario argentino.
Y compensar la pérdida de recaudación aumentando el impuesto que recae sobre las sociedades tampoco es una buena idea. A pesar de las restricciones políticas que seguramente tienen, en las últimas dos décadas los países desarrollados han reducido fuertemente las tasas del impuesto que grava las utilidades de las empresas dejado el peso de la tributación sobre los ingresos de los asalariados, claramente lo opuesto del proyecto oficial en la Argentina. Esto se explica por la mayor movilidad internacional del capital con relación a la del trabajo. Se busca así lograr algo de recaudación sin desalentar inversiones que pueden radicarse en otros países.
Contradicciones como esta sobran en la política pública argentina. Por ejemplo, los funcionarios hablan de la necesidad de exportar más y al mismo tiempo les permiten a las provincias dar marcha atrás con la rebaja del impuesto a los Ingresos Brutos acordada en 2017 entre la mayoría de las provincias y el gobierno nacional que, después de las retenciones, es el tributo con mayor sesgo antiexportador, además de otros problemas que lo convierten en uno de los peores impuestos que existen.
El relato del Gobierno se separa cada vez más de los hechos. Se financia con inflación el déficit fiscal castigando más a los pobres, se propone bajar impuestos a la clase media alta y subirlos a la inversión o a la producción porque es menos visible, se politizan organismos de control como los entes reguladores o el que debe velar por la competencia, se introducen restricciones cuantitativas que permiten distribuir favores a los amigos. En fin, todos instrumentos que fracasaron en otros países o aquí.
En resumen, el desprecio por las decisiones profesionales o subordinarlas a las necesidades políticas de algunos miembros de la coalición gobernante es cada vez más costoso para el bienestar del ciudadano común.
Daniel Artana
