Primero hay que señalar que los paquetes de estímulo que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos han generado un debate académico importante en ese país. En primer lugar, debe notarse la magnitud del déficit fiscal americano que según las proyecciones del WEO del FMI sería 15% del PBI este año, luego de haberse observado un déficit similar en 2020. La deuda pública alcanza a los niveles más altos de la historia, similar a la observada al finalizar la Segunda Guerra Mundial y las proyecciones de la Congressional Budget Office para 2050 dicen que puede llegar a 200% del PBI si no se adoptan medidas, aún luego de que las variables se normalicen luego de la pandemia.
En segundo lugar, ese alto desequilibrio fiscal ha sido acompañado por una expansión monetaria enorme. La preocupación de algunos analistas es que este combo de super impulsos fiscal y monetario pueda dar lugar a un aumento en la tasa de inflación o a una crisis de deuda. Los optimistas argumentan que la tasa de inflación es muy baja, que la recesión generó tendencias deflacionarias que había que revertir y que la tasa de interés real de los bonos del Tesoro americano es inusualmente baja lo cual justifica correr el riesgo de déficits elevados financiados con deuda. Debate difícil de saldar hoy, pero que seguramente resultará en algunos aumentos de impuestos.
Lo curioso es que alguien crea que se pueden aplicar las mismas recetas acá que allá. En la Argentina, la inflación de un mes duplica a la inflación de un año de Estados Unidos, el riesgo país está por las nubes y la represión financiera sólo permite financiar localmente una parte ínfima del desequilibrio fiscal. En resumen, la Argentina no tiene la posibilidad de financiar con endeudamiento siquiera un déficit fiscal que se proyecta para este año en menos de la mitad del americano. Y usar la maquinita tampoco es viable cuando el problema no es eludir una posible deflación sino evitar que espiralice la inflación.
Además, la carga tributaria argentina es superior a la americana medida como porcentaje del PBI (mucho mayor para las actividades formales dada el mayor peso de la economía informal en nuestro país). Por otra parte, la propuesta del presidente Joe Biden de reducir exenciones o acotar oportunidades de elusión es bienvenida, pero se contrapone a varias decisiones del gobierno argentino que han aumentado los privilegios impositivos de algunas regiones y personas.
Finalmente, aumentar la inversión pública que incluye uno de los paquetes del gobierno americano es muy diferente al enorme aumento del gasto corriente estatal permanente que se dio entre 2003 y 2015.
Es difícil prever cuántas veces la coalición gobernante necesitará tropezarse con la misma piedra para evitar dañar todavía más a la economía. Por impericia estamos por desperdiciar la oportunidad de hacer un ajuste indoloro gracias a los excepcionales precios de exportación. Quizás se pueda explicar por una lectura ideologizada de las decisiones que adoptan los países desarrollados, o quizás se explique por una lectura equivocada de los sucesos pasados.
La historia oficial es que los problemas argentinos de larga data empezaron en 1975. En verdad empezaron antes, cuando se diseñó un programa en 1973 que en lugar de corregir los desequilibrios fiscal y monetario heredados los potenció, y desaprovechó así un boom transitorio en los precios de exportación.
En resumen, sería conveniente que el Gobierno evite acelerar, si enfrente hay un camino de cornisa.
Daniel Artana