Martes, 25 Mayo 2021 13:29

Ciclos tarifarios con reincidencia en políticas fracasadas - Por Daniel Montamat

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Algunas enseñanzas del pasado, para cuando la gestión política deba afrontar los costos inevitables de los errores de hoy

 

Los precios y las tarifas de los servicios públicos anteriores a 1945 tuvieron valores reales que nunca más volvieron a recuperarse. Puede especularse que eso se debe a que anteriormente la prestación estaba asociada a mercados monopólicos u oligopólicos con baja regulación y control de competencia. Pero también es posible asumir que a partir de 1945 la gestión política comenzó a institucionalizar la inflación como un fenómeno crónico (nuevo impuesto sobre pasivos monetarios que no legisla el Congreso y que no es coparticipable). Con la inflación institucionalizada y crónica, la mayor parte de los bienes y servicios públicos empieza a divorciar sus precios de sus costos económicos. Desde aquella fecha hasta la actualidad, la serie de precios y tarifas de los servicios públicos (gas, luz, agua, correo, transporte, telecomunicaciones, otros) exhibe un deterioro constante en valores reales, a pesar de que todavía no hay análisis de costos relativos que puedan atribuir la baja a ganancias de productividad.

 

Entre 1945 y 2019 los precios y las tarifas de los servicios públicos en la Argentina atravesaron dos períodos de gran depresión o “gran deterioro”: 1945-1952 y 2002-2015. La primera gran depresión duró 8 años. La segunda, 14. Pero en el primer período se partió, como dijimos, de tarifas reales altas que nunca más se recuperaron. No así en el segundo, donde los precios y tarifas ya arrastraban la saga del proceso inflacionario crónico con el acotado interregno del plan de Convertibilidad. En el primer gran deterioro las tarifas caen un 49% en valores constantes; en el segundo, un 61%. Sin combustibles el deterioro fue del 52% y del 75%. Los dos grandes períodos de deterioro presentan características comunes: caída de las inversiones con degradación de la calidad de los servicios, reducción de oferta y multiplicación de subsidios. El festival de subsidios incluye subsidios económicos que deterioran las cuentas de las empresas públicas y/o privadas productoras o prestadoras de los bienes y servicios involucrados, subsidios cruzados entre categorías de consumidores del mismo bien o servicio, rebalanceos tarifarios para beneficiar algunos consumos y subsidios presupuestarios, ya sea enjugando déficit de las empresas estatales comprometidas en el sector, o solventando el costo de la prestación cuando intervienen concesionarias o licenciatarias privadas. La magnitud del impacto en las cuentas públicas de estos subsidios fiscales ha variado en 3 y 5 puntos del producto. Toda esta información fundada en datos empíricos proviene de la investigación realizada por los economistas Cont, Navajas, Pizzi y Porto (Facultad de Economía de la UNLP) publicada bajo el título “Precios y tarifas y política económica, Argentina 1945-2019”.

Como vamos camino a repetir errores pasados e inaugurar un nuevo ciclo de “gran deterioro tarifario”, que, como los anteriores, tendrá impacto en las cuentas públicas y externas, conviene reparar en algunas enseñanzas del pasado para cuando la gestión política en un futuro próximo deba afrontar los costos inevitables de esta nueva reincidencia.

La prueba y error del pasado enseña que el uso político de los precios y las tarifas públicas persigue objetivos antiinflacionarios, redistributivos de ingresos y reactivadores del consumo. En contextos macroeconómicos estables, el atraso tarifario puede exhibir algunos logros de corto plazo. En contextos de inflación crónica y creciente esos logros se vuelven efímeros y retroalimentan la discrecionalidad. En el largo plazo las consecuencias del uso político de los precios y tarifas públicos son nefastas. Primero, porque su utilización como ancla de la suba de precios camufla la discusión de fondo sobre las causas macroeconómicas de la inflación. Se reprime la suba de algunos precios mientras el índice general se sigue disparando. Segundo, porque la represión de precios intervenidos y/o regulados termina generando subsidios generalizados (con errores de inclusión y de exclusión) que benefician más a los ricos que a los pobres y que, por su magnitud, desequilibran las cuentas públicas, siendo financiados por los contribuyentes con más impuestos, más endeudamiento o emisión inflacionaria. Tercero, porque sus discutibles efectos reactivadores de corto plazo en el agregado se esterilizan por caída de inversión, cuellos de oferta y aumento de la inflación.

Pero la prueba y el error del pasado también enseñan que el uso político de los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos consolida una cultura de “gratuidad” por asimilación a otros bienes también estereotipados erróneamente como “gratuitos” (educación pública, salud pública). La denominación que engloba al conjunto y la caracterización jurídica de servicio público que rige algunos segmentos de su prestación, distorsionan la realidad de su naturaleza económica. Se trata de bienes y servicios privados porque sus consumos excluyen otros consumos y su intercambio (oferta y demanda) se refleja en precios que expresan costos económicos según la estructura del mercado donde se transan. El populismo de la “gratuidad” primero identifica estos bienes y servicios como “públicos”, y, a reglón seguido, asume su financiamiento presupuestario o “gratuito” como la educación o la salud. A no sorprenderse entonces con los resultados que reveló una encuesta de Poliarquía Consultores (LA NACION 16-01-21) donde la luz, el gas y el agua, para uno de cada tres argentinos es el “impuesto” que más lo afecta. La esquizofrenia usuario-contribuyente para pagar el costo de estos bienes y servicios es un tema clave de comunicación a tener presente cuando la realidad imponga el descongelamiento y la recomposición.

Por último, pero no menos importante, la prueba y el error también enseñan que un gobierno no puede hacerse responsable de la descapitalización y de los grandes deterioros tarifarios heredados, con una oposición que promueve la “gratuidad” y denuncia “tarifazos” cualquiera sea la gradualidad del proceso de ajuste. La mayoría de estos bienes y servicios públicos pertenecen a industrias capital-intensivas que requieren hundir inversiones y contar con señales de precio y reglas de juego de largo plazo. El Estado, que con sus déficits arrastra desahorros crónicos, no está en condiciones de afrontar la inversión para mantener y ampliar su oferta. Necesitamos el concurso de inversores privados, nacionales e internacionales. Hay acuerdos básicos que la política debe alcanzar en estos temas para sacarlos de la bolsa de la discusión cortoplacista. No hay nada que inventar.

Un documento del grupo de Ex Secretarios de Energía explicita una fórmula de consenso para los bienes y servicios energéticos: “Los precios y las tarifas energéticas deberán retribuir los costos totales de los bienes y servicios producidos, asociados a estándares de calidad y confiabilidad preestablecidos. Se eliminarán los subsidios presupuestarios a la energía, no justificados socialmente, con la meta de tener precios mayoristas competitivos únicos en los mercados de gas y de electricidad y con el objetivo de finalizar el período de transición que se defina con un set de precios y tarifas que reflejen costos económicos. Para aquellos usuarios vulnerables según indicadores socioeconómicos se establecerá una política de subsidios focalizados en la demanda (tarifa social), que incluirá a los consumidores de gas licuado de petróleo (gas en garrafas)”.

Daniel Gustavo Montamat  
Exsecretario de Energía y expresidente de YPF 
Ilustración: Alfredo Sábat

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