Dado que es una carrera corta es posible que la inflación ceda respecto del 4% mensual que promedió en el semestre diciembre 2020-mayo 2021 y que haya una mejora transitoria en el salario real. Pero lo curioso de este caso, y a diferencia de los observado en 2014 y 2015, es que el Gobierno heredará los costos de las inconsistencias de su pseudo programa económico ya que debe gobernar hasta finales del 2023.

El primer desafío post elecciones será llegar a un rápido acuerdo con el FMI ya que las decisiones de política económica han impedido que el gobierno nacional acceda a financiamiento en dólares a tasas de interés razonables como de hecho hace la gran mayoría de los países emergentes. Claramente no es una restricción para acceder a financiamiento que las economías sean bimonetarias (por ejemplo, Bolivia, Perú o Uruguay) o incluso no tengan moneda propia (por ejemplo, El Salvador o Panamá). La limitante pasa más por la visión particular de la economía que tienen varios miembros de la coalición gobernante que influye en las decisiones macro y microeconómicas que se adoptan y que espanta a los inversores privados.

¿Estará dispuesta el ala política del Gobierno a ceder ante el FMI? La decisión de hacer un pago parcial al Club de París sugiere que ese es el escenario más probable. Pero no es seguro. El acuerdo con el FMI reducirá un poco el altísimo nivel de riesgo, pero no parece que sea suficiente para lograr financiamiento adicional para el sector público o los privados ¿Si no hay una zanahoria de corto plazo, para qué arreglar? Los más moderados del Gobierno tendrán que explicar convincentemente que un default con el FMI puede desalentar aún más las inversiones privadas y, sobre todo, intranquilizar a los depositantes lo que pondría una presión adicional a la ya exorbitante brecha cambiaria.

¿Y cederá el FMI? Con un déficit primario alto y la necesidad de acumular reservas la Argentina deberá depender del impuesto inflacionario por bastante tiempo. A eso se suma la inflación diferida de este año al siguiente en el contexto del plan electoral de acá a noviembre y la acumulación de una demanda reprimida de divisas (dividendos, turismo, deuda privada) que ni siquiera se pudo regularizar en un contexto de precios altos de la soja. Inflación alta y controles de cambios no parecen ser fáciles de digerir para el organismo multilateral.

Luego del acuerdo con el FMI el Gobierno tendrá el desafío de cumplirlo. Ya se han subido impuestos a destajo (bienes personales, retenciones, impuesto País, aporte solidario extraordinario e ingresos brutos) y se han pisado jubilaciones a los que aportaron y sueldos públicos, para gastar más en subsidios a la energía y el transporte, algo de inversión pública y atención de la pandemia. ¿Podrá el oficialismo diseñar una política fiscal sostenible?

Finalmente, el resultado electoral de noviembre puede afectar la economía en los años siguientes. Si el Gobierno gana la mayoría en la Cámara de Diputados algunos de sus referentes ya insinúan que podrían ir por reformas que seguramente serán percibidas como un deterioro terminal en la calidad de las instituciones; si en cambio gana la oposición: ¿Se mantendrá unida la coalición oficial con visiones tan diferentes si perciben que perderán el poder en 2023? ¿Cuál será el apoyo político a la necesaria mejora en la política fiscal y monetaria?

En conclusión, hay un largo camino que recorrer hasta las elecciones de 2023. Hagamos votos para que se mantenga alto el precio de la soja y que siga actuando como un bálsamo para las heridas que genera una política económica subordinada a las necesidades de corto plazo de la política.

Daniel Artana