Domingo, 01 Agosto 2021 09:15

Primeros esbozos de rumbo económico para 2022 - Por Néstor O. Scibona

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A medida en que se acercan las elecciones legislativas del 14 de noviembre, se está produciendo –por fuera de la ruidosa campaña– una incipiente transmutación de roles frente a la urgente necesidad de que la Argentina encuentre un rumbo previsible cuando en 2022 aún le queden dos años de mandato al Gobierno.

No pocos economistas, consultores y hasta entidades empresarias se animan a incursionar en cuestiones institucionales y de política exterior, mientras un puñado de políticos pasó a hablar públicamente de temas tabú como reformas estructurales para la etapa poselectoral. Quienes participan de este debate abierto no están unidos por el amor sino por el espanto, como decía Borges.

Sin ir más lejos, el economista Miguel Ángel Broda alertó que si el oficialismo alcanza la mayoría en la Cámara de Diputados “el camino hacia Venezuela estará pavimentado”, porque el actual modelo económico “es anticapitalista, aislado del mundo, con amigos como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Rusia y China”. Su colega Martín Redrado, en cambio, descree que la Argentina vaya a seguir ese rumbo. “Si se dispara la brecha cambiaria y caen las reservas, el instinto del peronismo como maquinaria de poder lo llevará a evitar un default con el FMI, a corregir precios relativos y desequilibrios macroeconómicos”, suele decir con un enfoque pragmático. Tampoco supone que China sea una alternativa viable de financiamiento externo, ya que es miembro del Fondo e impone en sus créditos duras condiciones de default cruzado.

Más sugestivo es que el inefable Guillermo Moreno, como flamante precandidato a las PASO con lista propia, reclame ahora ordenar la macro y bajar el déficit fiscal. Su propuesta es pedir un “esfuerzo” (ahorro forzoso) a propietarios de tierras rurales – excluye a productores arrendatarios–, a cambio de un bono en dólares o euros con fideicomisos en el exterior administrados por el sector privado. Además, admite que un gran error de Cristina Kirchner fue no haber incentivado la producción sino el consumo en el período 2011-2015.

En medio de este debate público a través de los medios, hay cada vez más consenso en que la actual política electoralista del Gobierno (de “anclar” el dólar y las tarifas, y emitir más pesos para aumentar el gasto en subsidios, obras públicas “visibles” y poner plata en los bolsillos de los votantes) se tornará insostenible después de las elecciones, con cualquier resultado. Y, por lo tanto, que para 2022 será necesario un plan económico que no sea más de lo mismo y sirva de base para refinanciar a diez años la deuda con el FMI.

Como los mercados suelen anticiparse, el arranque del segundo semestre mostró las primeras luces amarillas con la suba de las cotizaciones libres del dólar y la brecha cambiaria, mayores restricciones e intervenciones del Banco Central para contenerlas, y una incipiente pérdida de reservas.

De ahí que esta semana, tras la controvertida presentación de las listas de candidatos que incluyó cambios en el gabinete, la Casa Rosada dejó trascender que Cristina Kirchner había aceptado el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI asignará a la Argentina en agosto (US$ 4450 millones) para pagar los vencimientos de este año con el organismo. Curiosamente los medios oficialistas lo calificaron como una “señal a los mercados”, sin destacar que a fin de abril el propio bloque de senadores del Frente de Todos comandado por CFK había generado una enorme desconfianza al reclamar por escrito que esos fondos no fueran utilizados para tal fin sino para gastos de la pandemia. Luego Alberto Fernández, en un reportaje con C5N, matizó con que “tal vez tengamos que usarlos para pagar la deuda” contraída por el gobierno de Mauricio Macri. Aun así, el Gobierno acaba de realizar un pago parcial de US$226 millones al Club de París para evitar el default de la deuda refinanciada en 2014 por Axel Kicillof (sin quitas y con tasa de interés de 9%), a cuenta de una futura negociación condicionada al acuerdo con el Fondo antes del 31 de marzo de 2022.

Con más diplomacia, el ministro Martín Guzmán había promovido meses antes la sanción de la ley para que el nuevo acuerdo con el FMI sea discutido y votado por el Congreso. El motivo es que el staff del organismo lo supedita a un programa económico consensuado entre oficialismo y oposición, ya que su vigencia excederá dos períodos de gobierno.

Pero ahora surge un problema más inmediato. Una de las bases de ese programa será seguramente el presupuesto nacional para 2022, que será presentado a más tardar el 15 de septiembre; o sea, tres días después de las PASO. Difícilmente sea aprobado por los diputados y senadores que finalizan su mandato y quienes surjan de las elecciones para reemplazarlos asumirán el 10 de diciembre. De ahí que el acuerdo con el Fondo pasará, con suerte, para comienzos del año próximo y con varias incógnitas. Una es el déficit primario, que cerraría en 2021 alrededor de 4% del PBI y debería ser recortado entre uno y dos puntos. Otra, el extravagante régimen de múltiples tipos de cambio con una brecha de 65% inducida por el propio Gobierno a través de impuestos, cepo y restricciones. Y la tercera es si el plan será acordado o surgirá de los manuales clásicos del Fondo (flexibilizados por la pandemia). Mientras tanto, la inflación de 45/50% y el riesgo país en torno de los 1600 puntos básicos pese a haberse despejado el riesgo de default hasta 2024, cierran las fuentes de financiamiento externo para las inversiones y el crecimiento de la economía.

Tanto el Gobierno como la oposición no desconocen lo que hicieron muchos países en las últimas tres décadas para reordenar su macroeconomía, bajar consistentemente la inflación e impulsar el crecimiento del PBI, sin ciclos de stop-go ni de emisión-endeudamiento externo. Básicamente, promovieron acuerdos políticos para que el Congreso sancionara un conjunto de pocas leyes clave como políticas de Estado y que sólo puedan ser modificadas con mayorías legislativas especiales (o sea 66% de los votos) para otorgarles estabilidad en el tiempo.

Trasladadas al caso argentino, esas leyes de ordenamiento macroeconómico podrían ser: 1) Un sendero de reducción del déficit fiscal y emisión monetaria de cuatro a cinco años; 2) Congelamiento total de vacantes en todos los niveles del sector público (con reasignaciones de personal y funcionarios); puesta en marcha de una carrera administrativa y designaciones por mérito a través de concursos obligatorios y transparentes; 3) Independencia del BCRA para preservar el valor de la moneda y converger hacia un régimen cambiario único y previsible, probablemente con controles de ingreso y egreso de capitales en los primeros años.

El economista Carlos Leyba plantea además el dilema sobre si primero hay que ordenar la macro para volver a crecer o viceversa. En este sentido, Redrado propone un régimen de incentivos impositivos para la inversión de parte de los dólares declarados pero atesorados fuera del circuito económico que, según el Indec, suman US$250.000 millones,

Con estas bases se podría comenzar a regenerar confianza y promover inversiones –locales y externas- que permitan crear empleos y reducir la pobreza. Sin embargo, todas ellas llevan tiempo y, en el actual contexto político, son más fáciles de enunciar que de llevar a cabo. El gran interrogante es hasta qué punto podrían surgir nuevos liderazgos para impulsarlas. De ahí la importancia de las próximas elecciones legislativas y la demanda por propuestas que eviten el circulo vicioso de las políticas pendulares que condujeron a la actual decadencia argentina.

Néstor O. Scibona

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