Domingo, 12 Septiembre 2021 08:26

El test que puede balizar el rumbo hasta fin de 2023 - Por Néstor O. Scibona

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Las PASO podrían equipararse al chequeo periódico del humor social de los argentinos, cuyo resultado puede ser determinante para la composición del Congreso a partir del 10 de diciembre y, por ende, balizar el rumbo político, institucional y económico del país hasta fin de 2023.

Aun así, habrá que esperar al 14 de noviembre para saber si el Gobierno tendrá vía libre para “ir por todo” o mayores límites para sus políticas, que hasta ahora sólo generaron más desconfianza.

A diferencia del test electoral que en agosto de 2019 anticipó el triunfo de la fórmula presidencial Alberto Fernández–Cristina Kirchner, esta vez el pronóstico se perfila más incierto. Al cabo de una campaña abundante en lugares comunes y escasa de valores, dirigida en cada coalición al electorado propio, la polarización política–ideológica sigue dominando el escenario.

Una gran incógnita está en el comportamiento de los votantes independientes, que hace dos años inclinaron la balanza hacia el Frente de Todos atraídos por el discurso inicialmente moderado de AF y luego comprobaron que el poder está en manos de CFK, La Cámpora y el Instituto Patria. En este segmento, la intención de voto negativo (en contra de) prevalece ahora sobre el positivo (a favor de), lo cual supone ponerle límites al oficialismo a través del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre.

Otra, cuánto influirá la estrategia oficial de poner plata en el bolsillo de los votantes indecisos para empujar artificialmente el consumo a través de la “maquinita” de emitir pesos y a costa de más inflación poselectoral; o la consigna genérica de alcanzar “la vida que queremos”, sin explicar cómo ni trazar proyecciones económicas para 2022 y 2023.

Por lo pronto, los índices de optimismo que elabora la consultora Management & Fit revelan que en la primera semana de septiembre el político cayó 1,7% y el económico 2,9% para ubicarse en los niveles más bajos de los últimos cinco años, excepto en plena cuarentena.

A su vez, un informe del Ieral considera que la economía difícilmente le aporte electoralmente al oficialismo, más allá de la percepción sobre otros aspectos como el manejo de la pandemia y las políticas para atenuar su impacto. En este sentido, detalla que el monto de ingresos fijos de las familias (salarios, jubilaciones y planes sociales) se ubicó en el primer semestre de este año 7% por debajo de igual período de 2009 y -18% con respecto al de 2013. O sea, los dos años en que el kirchnerismo perdió las elecciones legislativas. Y que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de agosto último, fue 7,6% inferior al máximo registrado por el gobierno de Alberto Fernández en enero de 2020, está once puntos por debajo de 2013 y uno debajo de 2009.

El Ieral advierte además que, si el resultado electoral de 2021 fuera poco satisfactorio y llevara al Gobierno a impulsar una política fiscal aún más expansiva, “claramente las consecuencias serán una inflación más alta [mayor emisión] o una deuda remunerada creciente del Banco Central, que a mediano o largo plazo también terminaría en mayor inflación”. En cambio, conjetura que si arrojara una probabilidad alta o media de permanencia en el poder en 2023, el oficialismo podría reaccionar hacia la moderación en la política económica, buscar un acuerdo rápido con el FMI que implicaría una política fiscal y monetaria más parecida a la del primer semestre de 2021 que al segundo y corregir algunas variables desalineadas (tipo de cambio, tarifas), aunque sea parcialmente, a fin de tomar aire y ganar tiempo para una nueva política expansiva apuntada a los comicios presidenciales de 2023.

Precisamente, esa perspectiva binaria desató en las últimas tres semanas la ola especulativa en los mercados con fuertes subas (y luego retrocesos) en acciones y mayor demanda de dólares, que obligaron al BCRA a vender más de US$800 millones (10% de las reservas netas acumuladas en lo que va del año) para moderar las cotizaciones antes de las PASO.

Aunque evitó que el dólar blue escalara hasta el récord de $190 alcanzado en octubre de 2020, en los mercados se descuenta que, tras el fin de la temporada alta de liquidación de la cosecha, el BCRA seguirá sacrificando reservas hasta las elecciones de noviembre.

Y que, como viene ajustando el tipo de cambio oficial a razón de 1% por mes frente a una inflación mensual tres veces más alta, deberá acelerar el ritmo de devaluación del peso o resignarse a un salto cambiario, similar al de enero de 2014.

Una probable devaluación sólo tendría sentido en el marco de un plan macroeconómico que no está a la vista y deberá armarse para cerrar el acuerdo con el FMI que permita refinanciar la deuda de US$45.000 millones del crédito stand by contraído por el gobierno de Mauricio Macri. Aquí también será clave el rol del Congreso, ya que el organismo exige un programa fiscal, monetario y con metas de reservas netas a cuatro años votado por el oficialismo y la oposición, al abarcar más de un período de gobierno. En este marco, sólo tendrá carácter indicativo el proyecto de presupuesto nacional para 2022 que será presentado por el Ministerio de Economía en la próxima semana, ya que difícilmente sea aprobado antes de que asuman los legisladores que surjan de las elecciones de noviembre.

Aun así, casi nadie cree que no haya acuerdo con el Fondo, ya que implicaría dejar a la Argentina fuera del financiamiento de los organismos internacionales y el Club de París, después de haber descendido a la categoría “standalone” para el crédito externo privado. De ahí que el riesgo país no baje de los 1500 puntos básicos desde hace un año, pese a la reestructuración de la deuda con los acreedores privados.

Sin embargo, el acuerdo con el FMI es una condición necesaria pero no suficiente para generar confianza, a fin de que la economía vuelva a crecer después de tres años de estanflación y una década de estancamiento del PBI. Para eso se requieren mayores inversiones privadas, empleo y exportaciones. Como lo sintetizó semanas atrás el economista Juan Carlos Hallak en un reportaje con LA NACION: “Sin exportar no se puede importar y así no se puede crecer”.

Aquí el problema pasa por la ideología populista e intervencionista del kirchnerismo, plasmada por el Gobierno en políticas con un inocultable un deja vu de las aplicadas por Cristina Kirchner y Axel Kicillof en el período 2011/2015. El cepo a las exportaciones de carnes y el congelamiento de tarifas a costa de subsidios estatales insostenibles son las más notorias, porque la vicepresidenta las plantea arbitrariamente como blanco o negro, sin grises. Exportación versus veda total al consumo de carnes. Tarifazo versus calefacción.

Pero también hay que sumar las restricciones a la importación para preservar las declinantes reservas del BCRA, los sucesivos endurecimientos del cepo cambiario, la confrontación con el campo y con la UIA y el aumento incesante de la presión tributaria sin la contrapartida de una racionalización del gasto político.

No solo eso. El “capitalismo de amigos” de la era K, evolucionó ahora hacia el no menos indignante “fiscalismo de amigos”, tras la decisión de la AFIP de desistir de ser querellante ante la justicia federal en las causas contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por fraude contra el Estado por la retención indebida de $8000 millones del impuesto a los Combustibles y contra Lázaro Báez por el uso de facturas truchas.

En el primer caso, ya en 2020 López había sido beneficiado con cláusulas a medida para ingresar en la moratoria impositiva. Un recuerdo que seguramente tendrán presente mañana ante las urnas aquellos contribuyentes que deben abonar intereses punitorios si se atrasan sólo un día en el pago de un VEP.

Néstor O. Scibona

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