Jueves, 16 Septiembre 2021 09:54

Ortodoxia socialdemócrata vs radicalización K: la batalla comenzó - Por Carlos Burgueño

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Finalmente se dio lo que se prometió en campaña: la batalla por dos modelos. Pero en lugar del combate Gobierno contra oposición, la disputa estalló entre el albertismo y el kirchnerismo. Acuerdo con el FMI: el capítulo central. Final incierto.

Ortodoxia socialdemócrata con responsabilidad fiscal o radicalización kirchnerista. O, puesto en números contantes y sonantes: un aumento del gasto público hasta el 14 de noviembre expansivo pero contenido en no mucho más de 1% del PBI, lo que representaría un límite de $500.000 millones; o abrir un grifo que derrumbe la meta anual de desequilibrio entre ingresos y gastos, llevando el déficit fiscal más allá de los 600.000 millones de pesos. Hasta quién sabe qué cifra. "Lo que se necesite", en términos de un alto vocero cercano a la vicepresidenta, sobre cuál es el límite de expansión de gasto público que el kirchnerismo tiene en mente para revertir lo que se pueda la derrota del domingo pasado. Y aventurar un 2022- 2023 políticamente venturoso.

En definitiva, se da en estos tiempos la batalla que tanto se pregonó en la campaña que cerró el jueves pasado: están en juego dos modelos. Sin embargo, ese combate no se vive entre la coalición gobernante y la oposición. Sino entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Cara a cara. Y en vivo y en directo ante la ciudadanía.

La disputa de fondo que vive hoy tiene de un lado al albertismo representado por Martín Guzmán, acompañado en esta oportunidad por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; que aceptan una expansión de la atención del estado sobre la sociedad, pero con el límite de la prudencia fiscal. Esto implica medidas concretas de atención a sectores vulnerables y que garanticen un nivel de reactivación del mercado interno; con medidas como el bono a jubilados, créditos a monotributistas expansivo a trabajadores en relación de dependencia, incremento del mínimo no imponible de Ganancias para la cuarta categoría hasta los 180.000 pesos, más planes de cuotas y controles horizontales de precios.

Del otro lado el kirchnerismo, y su impronta épica. Este sector abreva por medidas radicalizadas y que incluyan una intervención directa sobre los formadores de precios especialmente las grandes empresas productoras de bienes de consumo masivo, la imposición por decreto y de manera urgente de un salario real para los sectores público y privado que superen la inflación, avance sobre los tenedores de los dólares estén donde estén y una impronta más dura contra el campo y en su industria derivada. Esto para empezar.

El capítulo más importante es la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde la concesión más importante que hizo la vicepresidenta, es aceptar los 10 años de plazo para un Facilidades Extendidas. Pero no está dispuesta a avalar un ajuste que considera "desmesurado" y que le impondría al país restricciones fiscales, financieras, monetarias y cambiarias que, según su interpretación, le impongan restricciones al accionar político del gobierno en los próximos dos años de gestión que le quedan al actual Gobierno. Del que se considera principal accionista. 

Es verdad que Cristina Fernández de Kirchner no pidió en ningún momento la renuncia de Martín Guzmán de manera directa con nombre y apellido. Tampoco del resto del Gabinete económico de Alberto Fernández. No actúa así la vicepresidenta. Lo que le exigió de manera indeclinable la vicepresidenta al jefe de Estado el martes en la reunión que mantuvieron en la Quinta de Olivos, es un cambio radical de modelo; y dejar de lado la política "demasiado fiscalista, ortodoxa, débil contra el Fondo y poco peronista" que el ministro de Economía lleva adelante y que el resto del Ejecutivo avala. La frase es la réplica que un funcionario muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner replica sobre lo que se dijo en esa reunión de Olivos.

Se cuenta que, en ese encuentro, los dos máximos responsables de la coalición gobernante habían llegado a un acuerdo. Que los cambios, incluso económicos y de modelo, se den luego de las elecciones de noviembre. Así fue al menos la conclusión que sacó Alberto Fernández de ese encuentro, y la orden que derivó después sobre su ministro de Economía. El presidente le dio la orden a Guzmán que avanzara en tres frentes: el fiscal inmediato, la preparación del presupuesto 2022 y que retome y acelere las negociaciones con el FMI.

Sobre el primer punto, Guzmán cerró su propio modelo. El ministro de Economía le garantizó a la coalición gobernante que hay disponible mucho dinero para avanzar en políticas activas en el intento para convencer al electorado esquivo; y que los fondos podrían llegar a un nivel cercano (o levemente superior) a un punto del PBI. En términos contantes y sonantes, se trata de un total de unos 450.000 a 500.000 millones de pesos para acelerar partidas hasta el 14 de noviembre; sin alterar la barrera impuesta (y para el infranqueable) por el Presupuesto Nacional 2021; que indica la frontera de un desequilibrio entre ingresos y gastos de no más del 4,5% del PBI.

La intención original de Guzmán era cerrar el ejercicio con un déficit primario de no más de 4%, como bandera dentro de la negociación que retomó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un acuerdo facilidades extendidas que debería firmarse antes de fin de año. Al menos esto fue lo acordado en su momento con el kirchnerismo, antes de comenzar la campaña electoral. Según el ministro, esa barrera de 4,5% no impide que no pueda haber expansión monetaria en los próximos dos meses clave para que haya esperanza de mejorar la perfomance electoral del domingo pasado. Pero insiste en que superar ese nivel podría empeorar la situación económica difícil, especialmente en cuanto a las presiones inflacionarias y cambiarias. Y, obviamente, también las proyecciones de metas fiscales y monetarias en su negociación con el FMI.

Lo que hoy Guzmán le asegura al resto del Gabinete, es que durante la primera parte del año se hicieron bien las tareas de contención fiscal; como para que en el primer semestre del año el resultado negativo no supere el 0,5%. Y que, para el inicio de la última etapa electoral, este se ubique por debajo del 1,5%. Haciendo números básicos, esto le daría al Gobierno la posibilidad de explorar un aumento de dos puntos porcentuales de desequilibrio para el resto del año. Incluso, aventuran dentro del Gobierno, si los resultados de la recaudación continúan sosteniéndose en un ritmo de al menos 10 puntos porcentuales por encima de la inflación, la variable continuará bajo control.

Guzmán presentó anoche, cerca de las 22 horas, a un grupo de editores de medios económicos los términos generales de su proyecto de presupuesto para 2022. Se incluye una proyección de crecimiento de 4% del salario real, un déficit primario del 3,3% y un déficit financiero del 4,9%. Menciona además como motor central del proyecto a la recuperación económica, una política fiscal expansiva y un énfasis en las exportaciones. Lo importante para la pelea de ayer es el mensaje que se le envía al resto del Gobierno en cuanto al acuerdo con el FMI y que sucedería si no hubiera acuerdo.

Menciona Guzmán en su proyecto, que el año próximo vencen unos U$S19.000 millones, y que sin la posibilidad de prórroga habría que pagar ese dinero sin posibilidades de tomar deuda externa y con la siguiente fórmula: "habría que bajar a 0% la obra pública, a 0 subsidios, bajar gasto en educación y ciencia y tecnología". Obviamente algo insostenible para el kirchnerismo. En otras palabras, Guzmán está poniendo a sector político que acompaña a la vicepresidenta entre la espada y la pared: o se aceptan los términos de la negociación del ministro de Economía con el FMI y se aplican ajustes monetarios, financieros, cambiarios y fiscales para el próximo año y el 2023, o se deberá hacer un ajuste feroz para conseguir los U$S19.000 millones que se le deberán pagar al Fondo; algo políticamente impracticable para el kirchnerismo puro y duro.

Hay una tercera opción. El default con el Fondo. Algo que Guzmán nunca firmará. Y quizá Alberto Fernández tampoco.

Carlos Burgueño

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