Parafraseando a Churchill después del desembarco en Normandía, y salvando todas las distancias, el Gobierno podría decir, respecto de la “redistribución de subsidios” anunciados durante la semana que pasó, que “no es el fin, ni siquiera es el principio del fin, pero es el fin del principio”. 

Obviamente, no es el fin, porque la reducción de los subsidios a la energía y a la provisión del servicio de agua potable y cloacas será total sólo para algunos, y sólo si a partir de ahora se actualizan los precios de estos servicios, en función del aumento de los costos que habrá de aquí en más. Para el resto de los consumidores, la quita de subsidios es sólo parcial, de manera que, para el fin de los subsidios, todavía falta mucho.

Tampoco es el principio del fin. Porque no se ha encarado como corresponde la reducción de los subsidios al precio del viaje de trenes urbanos y colectivos.

Pero sí puede ser el fin del principio, porque, después de 20 años -dejando de lado la excepción parcial del 2016-2019- en su cuarto período de gobierno, el kirchnerismo tuvo que reconocer, finalmente, que se ha vuelto insostenible seguir financiando los costos de los servicios públicos con impuestos generales, deuda, e inflación, por razones fiscales, por la demanda de dólares de importación, por las malas señales de precios para la inversión y el consumo, y por cuestiones ambientales.

En este sentido, es todo un avance para la batalla cultural abandonar un sistema de pago de los servicios públicos a través de la inflación y de los impuestos, para reemplazarlo por el pago del servicio que cada uno consume, dejando sólo la tarifa social para los que realmente lo necesitan.

La Argentina había llegado a una relación tan baja entre el verdadero costo del servicio y lo que pagaban los consumidores, que la tarifa social regía para todos y todas, en mayor o menor medida. Todavía falta mucho, pero, insisto, al menos conceptualmente es un gran cambio.

Pero el desastre en el área energética en particular no ha sido sólo la irracionalidad que surgen de estos mecanismos de subsidio a los precios.

El sector demanda un replanteo integral, que abarca la reconstrucción del mercado de gas y petróleo, los incentivos a la inversión en generación, y a la eficiencia del parque instalado. A los proveedores de transporte y distribución, también con búsqueda de eficiencia y nuevas inversiones y, finalmente, dados los tiempos que corren, habrá que tomar en cuenta los compromisos ambientales y los mecanismos para rearmar una matriz de provisión de energía que considere la mejor combinación de las distintas fuentes, dada la potencial superoferta de gas que podría predominar en la Argentina de las próximas décadas.

Hace falta completar, además, la revisión integral de los contratos de concesión, retomar la profesionalización de los entes reguladores, la normalización de las deudas de distribuidoras con generadoras. Considerar la situación de las empresas mixtas o directamente estatales que están intermediando en el sector. Las obras públicas que están en marcha, la prioridad de las que faltan, y los temas vinculados con el “federalismo” derivado de empresas distribuidoras de capital o jurisdicción provincial, y algo más que me estaré olvidando en la lista.

Como puede apreciarse, si bien el tema de los subsidios es el que tiene más difusión por su cercanía al bolsillo de los votantes, esta cuestión es la punta del iceberg de un complejo sistema que ha sido, literalmente, destruido a lo largo de estas décadas.

“Veinte años no es nada”, dice el tango. Pero en este caso, han sido demasiado.

Pasando de los subsidios a la macro, o el ahorro con la rebaja de subsidios es mucho mayor para lo que resta del año (46.000 millones de pesos anunciados por el gobierno), o este ahorro resulta menos del 10% del ajuste fiscal necesario para discutir con cierta chance de éxito la meta fiscal del 2022 establecida en el acuerdo con el FMI.

Dicho sea de paso, no resulta consistente anunciar este cambio en los subsidios como una redistribución y, simultáneamente, como una reducción del gasto público.

Por definición una redistribución es un juego de suma cero, unos ponen lo que otros reciben. Resulta una perogrullada, si hay menor gasto, no hay redistribución, hay rebaja de subsidios.

Y esa rebaja, aunque vaya, como mencionara más arriba, en el camino correcto, no deja de ser equivalente al aumento de un impuesto que reduce el ingreso disponible de las familias para otros consumos.

En otras palabras, o las familias “desahorran” para mantener constante su gasto de consumo total, o habrá alguna mínima sustitución del gasto en otros bienes y servicios para pagar las nuevas facturas de energía y agua. Algún sector se verá afectado (¿los más fáciles de reducir?).

Retomando. Si el Gobierno tiene todavía el objetivo de ajustar el próximo semestre, para “soltar” a lo largo del año electoral, una parte del desequilibrio fiscal cerrará con más impuestos genuinos, o recorte de la obra pública y de las transferencias a provincias, y otra con el impuesto inflacionario, por el lado de los ingresos -la parte de la suba de precios captada por impuestos al consumo- y por el lado de la licuación del resto del gasto.

Pero esto es solo el costado fiscal. Faltan medidas que alivien el costado monetario y cambiario y ayuden a recomponer, aunque sea mínimamente las reservas del Banco Central.

Ese capítulo está pendiente y es, claramente, el más difícil. Allí, todavía falta encontrar el fin del principio.

Enrique Szewach