En el frente fiscal, se reforzaron los anuncios de ajuste de caja y se profundizó la suba de tarifas a la energía, el transporte y el agua, se aumentaron anticipos del impuesto a las ganancias de algunas empresas y se anunciaron paliativos para jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares. 

Además, se refinanció una parte importante de la deuda local y se abrió el mercado que se había cerrado en junio, aunque a un costo potencial elevado medido por la garantía de inflación o devaluación, el que sea mayor que ofrecen los bonos duales.

Sin embargo, surgen varios interrogantes. En el corto plazo, sobre la magnitud efectiva del recorte. Por ejemplo, el menor ritmo de crecimiento del gasto primario en gran medida se explica por el bajo crecimiento en los subsidios pagados, cuando sabemos que los devengados han aumentado. Ese diferimiento es una mejora transitoria que en el mediano plazo pasa la factura.

Un segundo interrogante se plantea en el tema tarifario. Los primeros aumentos se darán en meses de bajo consumo. Cuando se acumulen incrementos y además suba el consumo de electricidad en el verano la irritación de los consumidores irá in crescendo.

Esto es particularmente relevante porque se suma al tercer interrogante. Los subsidios a cargo del Tesoro son la diferencia entre la tarifa que pagan los usuarios y el costo. Pero éste no está fijo. Se mueve al ritmo del tipo de cambio y del precio de la energía.

Para evitar un deterioro fiscal respecto de lo anunciado se requiere que las tarifas aumenten todos los meses si es que no se frena el ritmo del crawling peg.

Además, los vencimientos de deuda local se pasaron para el año próximo. Pero a medida que se acerque el fin de 2023, si se espera que el próximo gobierno unifique el mercado cambiario eso afectará la posibilidad de renovar.

Podrían emitirse bonos dollar-link o más duales, pero en ese caso el monto de la deuda se disparará ante una unificación lo que puede afectar la percepción sobre la capacidad de pago del gobierno.

En el frente cambiario hubo anuncios respecto de lograr unos u$s 5.000 millones en el corto plazo por la vía de Repos, incentivos al campo a liquidar más soja y préstamos de multilaterales. De esto se habría concretado alrededor del 20%.

Los Repos serían costosos dado el colateral que Argentina puede ofrecer, y los incentivos al campo no han funcionado. Si bien el BCRA ha logrado comprar algunas divisas en los últimos días la escasez de reservas netas es preocupante.

Respecto del tipo de cambio especial para la soja hay varios interrogantes. Si sólo se anticipan ventas que se habrían hecho de todas formas en los meses inmediatos siguientes el alivio es temporario. Si hay algún incremento hay que restar de la mejora de reservas el 30% (o el porcentaje que sea) que se permite dolarizar al productor.

Si el tipo de cambio especial es sólo para la soja y se prolonga en el tiempo afectará las decisiones de los productores que reducirían la siembra de otros productos que no reciben el tratamiento especial.

Los problemas de incentivos se potencian el año próximo. Si la brecha cambiaria es alta los productores tendrán incentivos a retener grano porque la opción de quedarse en pesos está expuesta a una eventual unificación cambiaria.

Además, siempre están los interrogantes del clima y de precios internacionales. Pero más importante es la duda acerca de cuánto apoyo político tendrá el programa a medida que se acerquen las primarias.

En 2015 el gobierno pudo amortiguar los efectos de las inconsistencias macroeconómicas sacrificando reservas del BCRA y dejando una pesada herencia para el que lo sucedió. No parece que este gobierno vaya a tener la misma libertad de acción que en 2023.

Daniel Artana