Domingo, 04 Septiembre 2022 10:28

Las vallas económicas que Massa no logra remover - Por Néstor Scibona

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El ministro de Economía debe lograr que el oficialismo llegue a la campaña de 2023 sin un estallido económico, pero su tarea no es fácil, porque los límites políticos fijados por Cristina Kirchner estrechan su margen de maniobra 

Al cabo de su primer mes al frente del Ministerio de Economía, Sergio Massa consiguió el objetivo inmediato de frenar la corrida cambiaria de julio y, con el canje de deuda en pesos por el bono de indexación dual (dólar oficial o inflación), patear para dentro de un año los vencimientos más apremiantes que jaqueaban al Gobierno. Pero los obstáculos que tiene por delante, comenzando por las reservas del Banco Central en un punto límite y la dinámica inflacionaria cercana a tres dígitos anuales, lo enfrentan a un vallado muy difícil de remover por sus múltiples efectos colaterales que impiden bajar la incertidumbre económica siquiera en los próximos meses. 

La gestión de Massa está condenada de antemano a buscar resultados cortoplacistas que, acumulados, deberían permitirle al oficialismo llegar a la campaña electoral de 2023 sin un estallido económico. Tampoco es una tarea fácil, porque los límites políticos fijados por Cristina Kirchner antes de aceptar su designación estrechan su margen de maniobra.

No puede devaluar para reducir el atraso cambiario por su efecto sobre la inflación y debe camuflar las medidas ortodoxas para adaptarlas al discurso populista K. De ahí que el aumento de tarifas energéticas (con facturas de electricidad aún imposibles de calcular y 6 millones de usuarios sin categorizar) sea presentado como reasignación de subsidios; la suba de tasas de interés como incentivo al ahorro en pesos y la poda del gasto público sin ejecutar como ordenamiento fiscal, aunque no alcance a empresas públicas ni a fondos fiduciarios estatales. La necesidad tiene cara de hereje.

Del mismo modo, la próxima renegociación de las metas del tercer trimestre para mantener vigente el acuerdo con el FMI, que el kirchnerismo rechazó hace cinco meses en las dos cámaras del Congreso, pasó a ser ahora el mal menor ante un eventual incumplimiento que dejaría a la Argentina sin desembolsos de créditos de organismos multilaterales. Entre ellos, por ejemplo, los aprobados este año para modernizar el ferrocarril Belgrano Sur y crear empresas productivas de base tecnológica (Banco Mundial) y financiar sistemas de transporte eléctrico (BID).

Pese a que Massa logró frenar la corrida cambiaria –las cotizaciones libres del dólar bajaron esta semana a menos de $300–, no ocurrió lo mismo con las expectativas de un salto devaluatorio, que mantienen la brecha con el oficial por encima de 100% y reducen las raquíticas reservas líquidas del BCRA. En los últimos doce meses, a través de las minidevaluaciones diarias, el tipo de cambio oficial fue ajustado en 41,7%, poco más de la mitad de la inflación acumulada en el mismo período.

Como consecuencia, la mayor demanda de “dólares baratos” para importaciones –incluyendo las costosas compras estatales de gas natural licuado y combustibles para cubrir la escasez invernal–, pagos con tarjeta de consumos en el exterior y atesoramiento, superó este año la oferta de los exportadores, deterioró el balance cambiario del BCRA y obligó al Gobierno a endurecer cada vez más las restricciones que afectan la actividad de numerosos sectores industriales.

La economista Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, amplió el foco al exponer en el Latam Economic Forum, como informó el jueves LN Digital. “La economía no funciona con esta brecha cambiaria. El Banco Central no acumula dólares y es terriblemente distorsiva y regresiva en términos distributivos. Un importador paga la mitad de lo que vale el dólar y el exportador recibe la mitad del precio. Son US$40.000 millones en transferencias de un sector al otro, casi 8 puntos del PBI. Más del doble de lo que se gasta en subsidios en la Argentina”, afirmó.

Para atenuar mínimamente estos efectos y ante la necesidad y urgencia de aumentar la liquidación de divisas, Massa optó por la modalidad “artesanal” de establecer caso por caso tipos de cambio diferenciales sólo para los sectores que aumenten sus exportaciones, aunque con distintos incentivos y plazos.

Ya puso en marcha el régimen cambiario especial para inversiones en petróleo y gas, con cupos de libre disponibilidad de dólares que tendrán efecto a comienzos de 2023. Y acaba de reglamentar la quita de retenciones (de 3 a 4,5%) dispuesta en 2021 para las exportaciones de automotores que superen los bajos niveles de 2020 (pandemia), pero inicialmente hasta fin de este año. Aun así, pronosticó ingresos de divisas por US$400 millones en los próximos tres o cuatro meses, porque acordó cupos para la importación de unidades terminadas y de insumos para la fabricación local con la promesa de analizarlos semana por semana.

En cambio, se mantiene en suspenso la nueva versión del “dólar soja” tras el fracaso del régimen que venció el 31 de agosto, pese a los trascendidos oficiales sobre un tipo de cambio especial de $200 sólo para septiembre, sujeto al resultado de una negociación secuencial con los productores representados por la Mesa de Enlace y luego con los exportadores de granos sobre la forma de pago de las retenciones.

La sequía de reservas también llevó al Gobierno a estimar entre US$4000 y 5000 millones el ingreso de divisas que produciría la reedición de la ley de blanqueo de dólares y pesos para la construcción de viviendas con plazo hasta 2024. Una proyección que luce fantasiosa si se considera que la alícuota más atractiva de 5% para adherir vence el 19 de noviembre, que la versión anterior de 2021 permitió captar apenas US$200 millones y que el clima de negocios no es mejor que el de entonces con la actual confrontación política entre el oficialismo y la oposición. Una prueba es que el apuro para la sanción y reglamentación de esta nueva ley, contrastó con la increíble demora en la aprobación de un instrumento clave como sería una nueva ley de alquileres más flexible que la vigente, debido a la falta de acuerdos y virtual parálisis del Congreso mientras los inquilinos que renuevan contratos deben afrontar subas de 80% anual.

Paralelamente, la alta inflación –que habría cerrado agosto con un aumento mensual más cercano al 7 que al 6%–, realimenta su inercia con la distorsión de precios relativos, que cada mes agrega nuevos rubros a los índices y deteriora el poder adquisitivo de trabajadores formales e informales. En septiembre sumará el impreciso impacto de la quita de subsidios a la electricidad en los comercios y los consumos residenciales por encima del tope subsidiado –con tarifas que no se modificaron para las distribuidoras de gas y luz pese al alza de costos–; expensas de edificios; colegios privados bonaerenses y subtes y taxis en la CABA.

La necesidad de reducirla pasó a ser una expresión de deseos ante la ausencia de un diagnóstico compartido y la cada vez más lejana posibilidad de acuerdos políticos para atacar sus causas estructurales, con una grieta ensanchada incluso ante la repudiable agresión armada a la vicepresidenta y discursos “del odio” que no son unilaterales.

Néstor O. Scibona

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