No voy a caer en el lugar común de decir que “los controles-acuerdos de precios nunca funcionaron”. Primero, porque, aunque a veces me resulta inevitable, trato de eludir los lugares comunes. Segundo, porque los acuerdos-controles de precios, bajo ciertas circunstancias y por un período limitado, sí funcionan. 

Me explico, antes que el lector crea que me pasé a las filas del Instituto Patria.

Está claro que la inflación argentina es un fenómeno macroeconómico, derivado de un déficit fiscal que, más temprano que tarde, termina siendo financiado directa o indirectamente con emisión monetaria, generando un exceso de pesos que termina en demanda de bienes y de dólares, pegando sobre la evolución de los precios y de la brecha cambiaria.

Presentado alternativamente, cuando se acaba el endeudamiento voluntario, es la recaudación del impuesto inflacionario el que financia el déficit fiscal, inflando ingresos nominales y licuando gastos.

A esta base macroeconómica, se le suma la “multicausalidad” derivada de la necesidad, por ejemplo, de cambios en precios relativos claves, incluyendo el precio del dólar oficial, o el de los servicios público.

Como el resto de los precios no bajan nominalmente, cuando se incrementan estos precios -quita de subsidios en el caso de las tarifas- aumenta la tasa de inflación.

Adicionalmente, pasa lo mismo con los salarios que sólo pueden incrementarse por aumentos en la productividad del trabajo o por reducción de la rentabilidad del capital. Si la productividad no crece y las empresas tratan de mantener su rentabilidad, los mayores salarios vuelven al “equilibrio” cayendo en términos reales con más inflación.

Dicho sea de paso, es por esto por lo que el mercado de trabajo en la Argentina es uno de los más flexibles del mundo, aunque por las malas razones.

Los aumentos salariales por encima de lo que tolera la economía terminan siendo licuados por la inflación u obligan a pasarse a la informalidad para reducir los costos que trabajadores y empleadores le pagan al Estado para ser empleados o empleadores “legales”. Sólo en momentos excepcionales este mercado ajusta por empleo.

Asimismo, en alta inflación como la actual, surge la llamada “inercia” en dónde cada sector, dependiendo de su poder de mercado, ajusta sus precios en períodos cada vez más cortos, en base a sus expectativas de inflación futura que tienen como piso la tasa de inflación del pasado más inmediato.

Finalmente, aunque esta taxonomía de la inflación tiene cierta arbitrariedad porque todas las causas interactúan y se influyen mutuamente, hay que considerar, en los últimos meses, las distorsiones adicionales que surgieron por la falta de dólares disponibles para importar insumos, repuestos, etc. en dónde los precios de muchos bienes empiezan a regirse por el precio del dólar financiero, o al menos por un precio mucho más elevado que el del dólar oficial.

Resumiendo hasta aquí, entonces, la Argentina presenta hoy, fundamentalmente, una inflación macroeconómica derivada del financiamiento monetario del déficit fiscal y de la emisión para comprar parte de la deuda interna que no es renovada por el sector privado, a la que se suman, cambios de precios y salarios relativos, inercia, y la falta de un abastecimiento normal de dólares a precio oficial.

En economías atravesadas por este contexto, la receta estabilizadora, como ya le conté, incluye como ingrediente principal, en ausencia de capacidad de endeudamiento genuino del Estado, la eliminación lo más rápido posible del déficit fiscal, para evitar la emisión monetaria, una previa “normalización” de los precios relativos, para evitar la porción de inflación que se deriva de dicho ajuste, otro régimen cambiario y, finalmente, de ser necesario y como complemento, algún acuerdo temporal de precios y salarios, para combatir la inercia, y evitar que en el “frenazo”, vuele la economía por el parabrisas.

Permítanme resaltar esto último, un acuerdo de precios y salarios, como complemento y nunca como sustituto de un plan antiinflacionario.

Descrito el escenario, podemos analizar el “plan verano” anunciado el viernes pasado, con el congelamiento de los precios por 120 días de un conjunto importante de productos y la autorización para otro conjunto de bienes de incrementos mensuales del 4% de sus respectivos precios.

Lo importante aquí es saber si dicha medida cumple con la condición de complemento del programa o resulta sólo un pobre sustituto.

Repasando.

Primero la situación monetaria. El Banco Central estuvo emitiendo fuerte en septiembre para comprar los dólares de la soja, y si bien en octubre no emitió directamente para financiar al Tesoro, y absorbió pesos vendiendo dólares de las reservas, sí emitió para comprar deuda que los privados no quisieron renovar, y parte de los intereses de las leliqs que no pudo esterilizar colocando más leliqs. Esto por el lado de la oferta.

Pero el problema se amplifica por el lado de la demanda de pesos.

En efecto, la tenencia privada de pesos que no pagan intereses está cayendo en términos reales, y sólo está creciendo el stock de pesos que sí paga intereses, aunque algo por debajo de la inflación.

Puesto de otra manera, la base del impuesto inflacionario se está reduciendo, de manera que para “recaudar” lo mismo, hace falta una tasa más alta. En términos macroeconómicos, la tasa de inflación monetaria se mueve más para un 5-6% mensual que para el 0 o el 4 del acuerdo.

Respecto de los precios relativos, los subsidios tienen que empezar a caer y reflejar aumentos en las tarifas en los próximos meses, a menos que el Gobierno vuelva a demorar los ajustes. Pero esto es frazada corta. Si no aumenta las tarifas, aumenta el déficit, y si aumenta el déficit aumenta la emisión. Y lo peor es que, por ahora, hubo más anuncios de aumento de gasto que de baja de subsidios.

Respecto del mercado cambiario, el Banco Central puede reducir la tasa de devaluación, pero ello implica atrasar más el tipo de cambio, en un contexto de reservas líquidas negativas, y perspectivas de menor ingreso de divisas en el corto plazo por la sequía. Es decir, un escenario dónde se siguen “pisando” importaciones, y alimentando expectativas de devaluación.

Finalmente, el acuerdo incluye precios de una canasta de bienes, pero no incorpora una parte de los servicios y no incluye salarios, por lo tanto, dado que la productividad no está aumentando, en general, la inflación necesaria para ajustar el mercado de trabajo sigue siendo alta.

Con este escenario queda claro que el acuerdo anunciado está diseñado para un contexto macroeconómico incompatible con una evolución de 4 o cero por ciento mensual de los precios, a menos que los precios que se han congelado hayan acumulado suficiente “colchón”.

Esta incompatibilidad no indica, necesariamente, que la tasa de inflación no pueda bajar algo en los próximos meses, sólo advierte que, pasado el verano, si no cambia la macro, el efecto resorte en los precios se hará notar. En particular, en un año electoral, dónde se están acumulando vencimientos de deuda interna que los privados no quieren renovar a plazos superiores al cambio de gobierno, a menos que los obliguen, lo que impacta directamente en las expectativas de emisión monetaria futura.

En síntesis, este es un acuerdo de precios demasiado “exigente” dado que no hay frenazo macro. No combate la inercia, sólo reduce algo la velocidad y no aleja la expectativa de un salto fuerte “el día después”. En ese sentido, suena a too much (demasiado), respecto de lo que se podía hacer en un acuerdo/congelamiento, sin generar presiones hacia delante.

Por otro lado, era el tipo de medida que, confieso, esperaba para más entrado el período preelectoral, de manera de crear sensación de mejora, más cerca de las elecciones. En ese sentido luce too early (demasiado pronto).

Cuando la “ansiedad” de la política trata de ignorar las restricciones de la macro, las cosas terminan mal, aunque por un ratito funcionen. Por un ratito…

Enrique Szewach