El caso de los supuestos mil millones de dólares perdidos por el Banco Central en operaciones vinculadas con el oro es un buen ejemplo de esta discusión. Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación, planteó que durante 2025 se registró una pérdida de 1.023 millones de dólares asociada con operaciones financieras sobre el precio internacional del oro. Sin embargo, esa cifra, por sí sola, no alcanza para concluir que hubo un perjuicio provocado por una mala administración de las reservas ni que el oro haya desaparecido. 

Para entender qué ocurrió, primero tenemos que comprender cómo funciona la cobertura financiera. Cuando una persona tiene un patrimonio importante, busca protegerlo frente a determinados riesgos. Asegurar una casa o un automóvil tiene un costo, pero ese costo puede justificarse si permite reducir las consecuencias de un eventual daño. Los bancos centrales también administran sus activos mediante instrumentos que buscan limitar la exposición a movimientos desfavorables del mercado.

En el mundo financiero, esas operaciones se conocen como coberturas o hedges. Si un inversor tiene activos en pesos y teme una devaluación, puede recurrir a instrumentos que reduzcan ese riesgo. Esa protección tiene un precio y puede generar resultados contables que, analizados de manera aislada, no reflejan necesariamente el desempeño integral de la estrategia. Por eso, antes de hablar de una pérdida, hay que examinar qué operación se hizo, qué riesgo se buscaba cubrir y cuál fue el resultado total.

Según la explicación que venimos analizando, el Banco Central realizó operaciones financieras vinculadas con la evolución del precio internacional del oro. La estrategia partía de una determinada expectativa sobre ese precio, pero la evolución del mercado no acompañó el cálculo previsto. De allí surge el resultado negativo que se menciona en las registraciones contables. Ahora bien, para evaluar correctamente esa decisión es necesario conocer el conjunto de las operaciones y no quedarse solamente con una cifra impactante.

Estas prácticas de cobertura no son exclusivas de la administración de Javier Milei. También se utilizaron durante gobiernos anteriores, incluido el kirchnerismo. El economista e historiador Emilio Ocampo ha explicado en distintas oportunidades cómo funcionan estos instrumentos y ha presentado antecedentes de su utilización. La discusión, por lo tanto, no debería ser si un banco central puede recurrir a una cobertura, sino si la operación estuvo bien diseñada, qué riesgos implicaba y cómo debe evaluarse su resultado.

A partir de ahí, me surgen dos preguntas. ¿Estamos frente a una utilización política de la información para instalar un cuestionamiento al Gobierno? ¿O estamos ante una interpretación técnica insuficiente de las operaciones financieras por parte de un organismo de control? No tengo elementos para atribuir intenciones personales, pero sí creo que la segunda posibilidad sería especialmente preocupante. La Auditoría General de la Nación tiene que contar con la capacidad técnica necesaria para comprender las operaciones que analiza.

Si se trata de una disputa partidaria, el problema es la utilización de una institución pública para intervenir en la pelea política. Si, en cambio, existe una dificultad para interpretar herramientas habituales de la administración financiera, estamos frente a una cuestión todavía más delicada: la calidad de los controles sobre organismos tan sensibles como el Banco Central. La auditoría es indispensable, pero para cumplir su función necesita rigor, conocimiento y una presentación de los resultados que no confunda a la sociedad.

Este debate, además, vuelve a poner sobre la mesa una controversia que ya vimos con las reservas de oro. Durante meses circularon versiones sobre el supuesto robo del metal, su traslado a Londres o su ubicación en Suiza. Pero una cosa es preguntar legítimamente dónde están las reservas y cómo se administran, y otra muy distinta es transformar las dudas en afirmaciones concluyentes sin contar con la información necesaria. En materia financiera, las precisiones importan porque las cifras pueden generar alarma y afectar la confianza.

También hay que poner esta discusión en una perspectiva más amplia. El Banco Central arrastró durante años problemas vinculados con el financiamiento del Tesoro, la administración de las reservas y la pérdida de autonomía frente a las necesidades fiscales del Gobierno. Durante el kirchnerismo, el conflicto por las reservas tuvo un episodio emblemático con la salida de Martín Redrado de la presidencia del organismo. La Argentina atravesó después una prolongada etapa de inflación elevada, aunque ese proceso tuvo múltiples causas y no puede explicarse por un solo acontecimiento.

El Banco Central necesita una gestión profesional, reglas claras y controles sólidos, independientemente de quién gobierne. Eso implica evaluar con seriedad las decisiones de la administración actual y señalar sus deficiencias cuando corresponda. No se trata de defender cada operación del Gobierno ni de dar por válido todo lo que haga el equipo económico. Se trata de distinguir entre una crítica fundada, que contribuye a mejorar la política pública, y una interpretación que utiliza datos parciales para construir un argumento partidario.

Termino con una advertencia: cuando se mezclan operaciones financieras complejas, cifras expresadas en miles de millones de dólares y acusaciones políticas, el resultado puede ser una confusión que termine perjudicando a las propias instituciones. La sociedad tiene derecho a saber qué se hace con sus reservas y qué resultados producen las decisiones del Banco Central. Pero también tiene derecho a recibir información rigurosa, explicada en su contexto y respaldada por análisis técnicos. Utilizar los organismos de control para hacer política puede convertirse en un boomerang: tarde o temprano, la falta de rigor termina debilitando la credibilidad de quien la promueve.

Sergio Berensztein  
Fuente: https://www.cadena3.com/noticia/cuadro-de-situacion/la-hiper-politizacion-del-debate-economico_601962