Las primeras medidas tendieron a frenar las distintas inercias que traía la economía y que eran complejas. Más allá de la idoneidad o no de las decisiones para frenar el problema, la batería de decretos y resoluciones, que surgieron después de la Ley de Emergencia, no dejan de sembrar dudas entre empresarios y financistas.

Tampoco están muy convencidos los jubilados, ya que, incluso el segmento beneficiado, tiene muchas dudas sobre el futuro ya que no hay normas claras que permitan saber con precisión el método que se utilizará para la actualización de los haberes del sector pasivo. Y los que ganan más de $ 20.000 no entienden por qué no reciben un bono extra, si la mayoría está por debajo de la línea de la pobreza.

Congelamientos

La primera decisión macro fue la de congelar las variables. Si bien aún no se ha constituido el Consejo que analizará un acuerdo de políticas para el desarrollo, se congelaron las paritarias y posiblemente se anuncie un aumento de entre $ 5.000 y $ 8.000 para trabajadores privados a cuenta de futuros aumentos y algo similar se hará para los estatales nacionales.

La segunda decisión fue la de congelar los cuadros tarifarios. En realidad, el gobierno anterior había dispuesto este congelamiento y se han acumulado atrasos en función de la fórmula de ajuste, que toma al valor del dólar como variable. Incluso, el lunes, Fernández pidió a las autoridades de YPF suspender los aumentos previstos y también suspendió la aplicación de un impuesto ajustado por inflación.

La tercera decisión, conocida el mismo 31 de diciembre, fue la de casi suspender los efectos de la aplicación del IVA a productos de la canasta básica, que habían sido suspendidos por decisión del gobierno anterior. Ese día vencía y el gobierno no quería renovarla pero tampoco quería una traslación directa del 21% a los precios finales. Finalmente se autorizó a aumentar sólo el 7%, mientras la diferencia la absorberán productores y supermercadistas.

El congelamiento más evidente y menos anunciado fue el del precio del dólar. Si bien nada se ha dicho oficialmente, la decisión de mantener el cepo, con el agregado de un impuesto del 30% a las compras de billetes o compras con tarjetas en el exterior, es una señal que no podrá mantener mucho tiempo porque comenzarán a generarse miles de distorsiones por el avance de la inflación.

El gobernador de Mendoza anunció un congelamiento de las tarifas de electricidad y transporte y los sueldos de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Con esta medida simpática el gobernador se compra un problema, porque el presupuesto, con un aumento del 40% en el transporte, estaba previsto gastar $ 20.000 millones en subsidios. Además, a los sueldos del Ejecutivo deberían seguirles los del Legislativo y los del Judicial. ¿Habrá solidaridad?

El gobierno quiere sacar de la escena las “cláusulas gatillo”, que no son más que fórmulas indexatorias que atentan contra cualquier esfuerzo que se pueda hacer para bajar la inflación. No se puede hacer un programa de estabilización sin eliminar estas fórmulas porque, de esta manera, se tiende a repetir el ciclo.

Prohibiciones

Con el objeto de impedir que el curso de los acontecimientos avanzara, la primera prohibición que impuso el Gobierno fue la de no generar nuevos despidos en el sector privado. Para eso se volvió a imponer la doble indemnización, algo que en su momento impuso Eduardo Duhalde. Esta decisión, de hecho, bloquea nuevos despidos, pero también impide nuevas contrataciones.

Otra prohibición que se impone es la de importar. Si bien algo se podrá traer del exterior, se ha reimplantado el sistema de las licencias no automáticas que genera una demora significativa en la autorización de las compras y complica al sistema productivo.

Esta decisión estaría escondiendo algo que algunos especialistas vienen advirtiendo: el colchón del tipo de cambio está consumido y con la inflación de los próximos meses el tipo de cambio estará atrasado nuevamente si se mantiene congelado. Estos congelamientos y prohibiciones sólo pueden usarse con mucho cuidado por un tiempo corto porque, de lo contrario, generan una presión de costos que paraliza la economía y termina estallando, como ocurrió en el “rodrigazo”.

Mientras tanto, muchos gobernadores se han entusiasmado subiendo las tasas del impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos, los que son muy regresivos y se propagan con efecto cascada, lo que atenta contra la competitividad y pone en riesgo la intención del Gobierno de reactivar la economía.

Hasta ahora, Alberto Fernández ha gozado de buenas expectativas y se le han aceptado decisiones a las que nunca hubiera podido llegar Mauricio Macri. Pero el problema del Presidente es que necesita mostrar resultados positivos, que son muy relativos con el esquema que han diseñado.

Es verdad que es un esquema de emergencia, pero si falla le pueden pasar facturas sobre sus propias palabras. Hace días un dirigente político decía que Fernández había prometido pagar a los jubilados con la plata de las Leliq, y ahora les paga a los bancos las Leliq con la plata de los jubilados. Es que el Tesoro tomó un préstamo con la Anses por $ 200.000 millones para pagar deudas.

La situación es muy compleja, pero podría resolverse bien si se sale de este esquema restrictivo con políticas creíbles, pero el plazo no es muy largo. Los congelamientos, prohibiciones y otras heterodoxias son un parche pequeño en una herida muy grande.

Rodolfo Cavagnaro