Por una parte, los primeros cien días de gobierno son críticos, pero la expectativa que genera cualquier gobierno nuevo sugiere instrumentar todos los cambios que considere necesarios para desarrollar con éxito su gestión.

En esa primera etapa, el Presidente tiene poder político y legitimidad; quizá más adelante sea tarde.

Pero también es real el estado de crisis por la que atraviesa nuestro país y que requiere medidas urgentes.

Un paso decisivo

Esta primera ley que define la futura gestión podemos dividirla entre los artículos que ya son de aplicación inmediata y los que le conceden facultades al presidente para tomar medidas que considere necesarias en el momento que entienda serán oportunas, cuando muchas de ellas se deberían haber consultado con el Poder Legislativo.

El objetivo más importante de esta ley es crear las condiciones para asegurar la sustentabilidad a través del reperfilamiento (renegociación) de nuestra deuda pública, es decir garantizarles a los tenedores que las mismas serán pagadas evitando el default.

Es una muestra -que se pretende contundente- de que la Argentina tiene la voluntad de pagar sus compromisos, pero cuando pueda. Para eso será necesario anunciar medidas que generen confianza y reglas de juego claras para tentar a los inversores, interpretando que se debe cambiar el paradigma que beneficia a la especulación financiera por el que incentiva las inversiones productivas.

Las propuestas que se harán a los tenedores de deuda soberana deben ser atractivas y convincentes, una propuesta que podamos cumplir, según las palabras del ministro, si ese objetivo no se logra corremos el riesgo que el "plan Guzmán" se caiga y las consecuencias hoy serian imprevisibles

Solidaridad sectorial

Martín Guzmán expresó que los ajustes que esta norma prevé deben tener "consistencia macroeconómica", y también acompañamiento social. Esta ley no tuvo mayores impedimentos sociales e institucionales y lo que el ministro busca es poner la deuda en un terreno sustentable y compatible con el crecimiento.

Respecto al resultado técnico, lo veremos más adelante para poder decir si las decisiones fueron beneficiosas para la sociedad en general y la economía en particular.

Con este nuevo impuestazo que acaba de aprobar el Congreso, se congelan las jubilaciones por 180 días, aumentan las retenciones a nuestras exportaciones, implementan un nuevo impuesto llamado "Para una Argentina inclusiva y solidaria" (PAIS) restringiendo el acceso a las divisas en moneda extranjera por cantidad y precio, aumentan varios gravámenes, incremento de las contribuciones a la seguridad social, se instrumentan reintegros y estímulos a sectores vulnerables, le otorgan al Gobierno autorización para emitir reservas de libre disponibilidad, implementan un congelamiento de tarifas energéticas y sueldos por 6 meses entre las más importantes.

Analizando estas medidas desde la justicia y ética social observamos que benefician a sectores de bajos ingresos, cuyos votantes fueron la base del triunfo de Alberto Fernández y afecta a sectores de ingresos medios y altos cuyo malestar se está haciendo sentir. Quizá al nuevo gobierno no le importen tanto los ajustes que realizó con PAIS, digamos que está más preocupado por la renegociación de la deuda, rescatando que el presidente se cuidó mucho en no traicionar a los amplios sectores bajos, principal base electoral de su triunfo, dando señales a los gremios con la "doble indemnización" por 180 días, priorizando la lucha contra el hambre en un esquema ya anunciado con un nuevo término de "economía popular"

También prevé una moratoria impositiva para deudas de pequeñas y medianas empresas (pymes) con amplias facilidades para cancelarlas ya que fueron las mayores perjudicadas por la inflación y la disminución de las ventas (estanflación).

Requisito inexcusable

Ante tanta cantidad de disposiciones y poderes otorgados, es necesario que este ajuste tenga primero consistencia técnica, capacidad de instrumentarse, apoyo social y ser políticamente sostenible en el tiempo, faltando aun un plan económico para iniciar la tan mentada reactivación y posterior crecimiento con desarrollo de nuestra economía, es decir, un perfil netamente productivista. Lo único que podemos observar con esta disposición es la gran cantidad de impuestos que aumentaron y otros nuevos, esperando que se concreten medidas como beneficios para producciones que están ubicadas en zonas alejadas del puerto cuya productividad y consumo no son comparables con los de los grandes centros urbanos o los de la Pampa Húmeda, por ejemplo.

Pacto fiscal

Recientemente, los gobernadores y el Presidente suspendieron por un año (2020) el pacto fiscal firmado en 2017 que consistía en ir bajando año a año hasta el quinto y dejarlo en cero impuestos, como de sellos, a la producción agrícola e industrial, entre otros, no así al comercio que aumentó un 40% en Salta; la idea era unificar las tarifas de gravámenes provinciales en todo el país. Surgen muchas dudas y preocupaciones ya que ahora los gobernadores tienen la facultad de aumentar nuevamente los impuestos provinciales para evitar el déficit fiscal en sus territorios.

Ante este gran aumento de impuestos, nos preguntamos desde nuestra provincia y región qué beneficios habrá para nuestra producción, tendremos disminución de las retenciones, o reintegros por zonas alejada del centro, préstamos a tasas razonables, corriendo el riesgo de un mayor crecimiento de la economía informal.

Este ajuste está hecho de arriba hacia abajo, con el propósito de incentivar el consumo ante la tremenda recesión que sufrimos. Falta instrumentar medidas para el crecimiento de las empresas productoras de bienes y servicios especialmente pymes para que también generen producciones exportables y trabajo genuino, esperando que el tan mentado plan económico para el crecimiento sea el próximo anuncio.

Julio Moreno