Años después, exiliado en Madrid, el propio fundador del peronismo afirmaría contradictoriamente que le tocó hacerse cargo de un país endeudado y descapitalizado.

Cuando Perón regresó al país, en 1973, el mundo transitaba por el boom de los precios de los commodities agropecuarios, lo cual le permitió lanzar un pacto social. Carlos Menem descubrió al llegar al poder, en 1989, que contaba con las llamadas joyas de la abuela, representadas por las empresas de servicios públicos que se animó a privatizar después de muchos años en manos del Estado. Y, entre 2003 y 2007, Néstor Kirchner contó con otro boom, dado por el aumento del precio de la soja, mayor incluso al registrado treinta años antes. Con nada de eso se encuentra hoy Alberto Fernández.

Y mientras el Gobierno intenta rascar el fondo de la olla sin recurrir a un profundo ajuste en la administración central, los efectos del coronavirus comienzan a impactar en la economía nacional.

De allí que el problema de la deuda pública se convierta, en la concepción del actual gobierno, en el principal desafío que debe afrontar la Argentina. Diferir todo lo que se pueda los vencimientos y, de ser posible, con quitas de capital e intereses, es el objetivo capital de Martín Guzmán. ¿Encontrarán las autoridades argentinas un nuevo argumento para renegociar la deuda en el virus proveniente de China?

La situación es complicada. Por un lado, hacen falta recursos. Por otro, es imprescindible ganarse la confianza del FMI y para eso hay que exhibir ajustes tendientes a que se perciba vocación por el equilibrio fiscal.

Los números de las cuentas fiscales de enero, sin embargo, han distado de ser los mejores: el sector público nacional registró en el primer mes del año un déficit primario de 3766 millones de pesos, cuando en igual período del año anterior había tenido un superávit primario de 16.658 millones.

La explicación del Ministerio de Economía de ese desequilibrio se relaciona con un "mayor impulso de la inversión social" durante el inicio del año. Como ejemplo, se cita el bono de $5000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos y la puesta en práctica del programa de tarjetas alimentarias, que le implicaron al Estado nacional desembolsos por unos 23.350 millones de pesos.

Para colmo, la crisis internacional derivada de los efectos del coronavirus llegó en el peor momento para la Argentina. Y ya se siente sobre la cotización y la exportación de materias primas agropecuarias, como la soja y las carnes.

El hecho de que hasta el año último China representará el 14,3% del intercambio comercial argentino, de acuerdo con un informe de la consultora Abeceb, afectará negativamente al sector exportador. China constituye el segundo mercado para el país, luego de Brasil, y se ubica por encima de los Estados Unidos y la Unión Europea.

"Con los puertos cerrados por el coronavirus, los envíos a China terminaron por paralizarse a nivel mundial. Este escenario ha dejado a los frigoríficos con un elevado stock de mercadería y se analiza la posibilidad de que deban realizar suspensiones en el corto plazo o eliminar las horas extras que venían realizando", señala el mencionado informe. Las exportaciones argentinas de carnes y sus preparados cayeron en enero un 33,4% en dólares respecto de diciembre pasado, lo cual se explica por las menores ventas a China, que representan el 75% de las exportaciones, según Abeceb.

La crisis también viene provocando una caída en los precios de los granos. Pese a eso, una vez más, el campo ha sido elegido por el Gobierno como el sector que deberá pagar los platos rotos. Alberto Fernández se apresta a subir las retenciones a las exportaciones. En el fondo de la olla solo encontró algunos restos de soja.

Fernando Laborda